Con el Estatuto de los Trabajadores la democracia entra en las relaciones laborales

Ma?ana, tras cuatro meses largos de discusiones parlamentarias y cerca de tres a?os de reivindicaciones permanentes por parte de centrales sindicales y patronales, entra en vigor el Estatuto de los Trabajadores. El proyecto de ley de UCD, base del texto aprobado, junto a los acuerdos sobre negociaci¨®n colectiva suscritos por UGT y CEOE en el verano ¨²ltimo, comenz¨® a debatirse en la Comisi¨®n de Trabajo del Congreso el 29 de octubre y fue definitivamente aprobado -tras su paso por el Senado- el 26 de febrero de 1980 por el Pleno de la, C¨¢mara baja.La discusi¨®n del Estatuto de los Trabajadores en la comisi¨®n correspondiente del Congreso estuvo precedida de grandes tensiones y grandes pronunciamientos. Sobre el proyecto enviado por el Gobierno, la primera central sindical del pa¨ªs, CCOO, hab¨ªa advertido -en palabras de Marcelino Camacho, su secretario general- ?que, si no se modifica sustancialmente, nacer¨¢ muerto?. Las palabras del l¨ªder sindical y las del presidente de la CEOE, Carlos Ferrer, que diez d¨ªas antes del inicio de los debates acusaba al Parlamento de ?absentismo? a la hora de abordar temas legislativos de ¨ªndole laboral, son fiel reflejo de la expectaci¨®n y los intereses contrapuestos que despert¨® la discusi¨®n del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido cabe agregar que s¨®lo un texto legislativo, la Constituci¨®n, hab¨ªa llegado a la comisi¨®n correspondiente del Congreso con m¨¢s enmiendas que el proyecto de ley de Estatuto de los Trabajadores, que tuvo un total de 803 enmiendas.

Cuatro grandes temas (funcionarios, derechos colectivos, huelga y cierre patronal) provocaron a lo largo de los debates las mayores discusiones y enfrentamientos entre los distintos grupos parlamentarios.

El primero de ellos, la inclusi¨®n o no de los funcionarios en el ¨¢mbito de esta ley, se plante¨® -en funci¨®n del articulado- al inicio de los debates. El proyecto, y hoy la ley, excluyen del Estatuto: ?La relaci¨®n de servicio de los funcionarios p¨²blicos, que se regular¨¢ por el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica, as¨ª como la del personal al servicio del Estado, las corporaciones locales y las entidades p¨²blicas aut¨®nomas cuando, al amparo de una ley, dicha relaci¨®n se regule por normas administrativas o estatutarias.? Los socialistas preconizaron infructuosamente que a los funcionarios les fuera aplicado el Estatuto en todo su articulado, excepto en el t¨ªtulo I (?De la relaci¨®n individual de trabajo?). Los comunistas, por su parte, con igual suerte que el PSOE, pretend¨ªan asegurar que ?la ley reguladora del Estatuto de los Funcionarios P¨²blicos no podr¨¢ contener condiciones inferiores a las contempladas por el Estatuto de los Trabajadores?.

Derechos individuales y derechos colectivos

La nueva ley termina con el paternalismo franquista en cuanto a ?a protecci¨®n del trabajador considerado individualmente, que era el contrapeso en aquel sistema a la represi¨®n de los derechos colectivos. Esta reducci¨®n del anterior proteccionismo, cuyo m¨¢ximo exponente se encontraba en la obligatoriedad de readmisi¨®n del trabajador despedido improcedentemente, fue explotada a fondo en los debates por los partidos de izquierda, especialmente por el PCE. Sin embargo, aunque ten¨ªa menor repercusi¨®n de cara a la opini¨®n p¨²blica, la verdadera batalla de los comunistas se plante¨® en torno a los derechos de representaci¨®n y negociaci¨®n colectiva (t¨ªtulos II y III del Estatuto), como se puso de manifiesto en el enfrentamiento estelar, en el primer Pleno del Congreso sobre este proyecto de ley, entre Felipe Gonz¨¢lez y Santiago Carrillo, secretarios generales del PSOE y del PCE, respectivamente.

La vieja pugna comit¨¦s de empresa-secciones sindicales, entablada entre CCOO y UGT, adquiri¨® singular virulencia en las discusiones del Estatuto. La primac¨ªa de uno u otro ¨®rgano de representaci¨®n de los trabajadores configura de forma decisiva el modelo sindical de los pr¨®ximos a?os. CCOO, y con ella el PCE, defienden a ultranza la primac¨ªa de atribuciones para el comit¨¦ de empresa, ¨®rgano de representaci¨®n en que son mayoritarios generalmente y les permite involucrar a otros trabajadores en sus decisiones. UGT, y con ella el PSOE, propiciaron el fortalecimiento de las secciones sindicales, porque con ello se fortalecen a su vez las centrales. Los acuerdos UGT-CEOE previos a la discusi¨®n del Estatuto, que luego pasar¨ªan a sustituir los art¨ªculos de negociaci¨®n colectiva del proyecto, fueron en este sentido.

La regulaci¨®n de la negociaci¨®n colectiva, al margen de esta pugna secciones-comit¨¦s, supone importantes novedades, como son la libertad de las partes para pactar y el fin del intervencionismo de la Administraci¨®n (desaparecen los laudos, por ejemplo). Asimismo permite la negociaci¨®n articulada y los convenios de eficacia general. Por lo que respecta al ¨¢mbito de la negociaci¨®n, hay que rese?ar la oposici¨®n de los vascos -el PNV se retir¨® en dos ocasiones del debate de la ley-, que propugnaban un mayor papel para los sindicatos, de nacionalidad en convenios sectoriales (extremo que se les concedi¨®) y un marco de relaciones laborales aut¨®nomas para Euskadi.

Los temas de la huelga y el cierre empresarial, mediante acuerdos UCD-PSOE, desaparecieron como temas conflictivos mediante una transferencia a tratamientos legislativos diferenciados.