Hoy habr¨¢ una decisi¨®n sobre el futuro de Naviera Letasa

El titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero cinco de Madrid dictar¨¢ hoy un auto declarando si ha lugar o no la quiebra de la naviera Letasa, solicitada el viernes pasado por el Banco Arabe-Espa?ol, Bankuni¨®n, Banco de Bilbao y Banco Exterior de Espa?a, en nombre de los acreedores. Con este desenlace culmina, por ahora, el proceso iniciado en septiembre de 1977 con la declaraci¨®n de suspensi¨®n de pagos de la mencionada sociedad, que, con un pasivo de 10.700 millones de pesetas, constituy¨® la suspensi¨®n de mayor volumen registrada en Espa?a. Tanto por este volumen como por la existencia de ciertos aspectos poco claros en la utilizaci¨®n por parte de la empresa de los cr¨¦ditos y est¨ªmulos fiscales a la exportaci¨®n, el asunto ha sido comparado ya en la prensa vasca con el caso Matesa.A su vez, este desenlace es consecuencia de la no aceptaci¨®n por parte de la junta general extraordinaria celebrada el pasado d¨ªa 6 del convenio propuesto por los acreedores, que inclu¨ªa ligeras variaciones respecto al presentado por la propia empresa y que contemplaba el pago de la deuda en un plazo de doce a?os. Tanto los bancos como el comit¨¦ de empresa consideraban que dicho convenio de acreedores era muy favorable para los intereses de la naviera y, desde luego, la ¨²nica v¨ªa capaz de evitar la quiebra y la probable p¨¦rdida de los 450 puestos de trabajo.

Sin embargo, el d¨ªa 6 de marzo prevaleci¨® la opini¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa L¨®pez Tapia, presidente del consejo hasta su reciente delegaci¨®n en la persona de su hermano Gregorio, e indudable hombre fuerte de la empresa. L¨®pez Tapia ven¨ªa defendiendo desde hace meses la posibilidad de vender cuatro de los seis buques de la compa?¨ªa a un armador griego por un importe total de 3.600 millones de pesetas, y fue en funci¨®n de dicha operaci¨®n -que ser¨ªa financiada por el Banco Exterior- que el antiguo presidente del consejo se opuso a la aceptaci¨®n del convenio de acreedores.

Reservas de los acreedores

La f¨®rmula propuesta por L¨®pez Tapia suscit¨® toda clase de reservas: en los acreedores hipotecarios, que consideraban dudoso que la Administraci¨®n -a trav¨¦s del Banco Exterior y de la Compa?¨ªa Espa?ola de Seguros del Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n- estuviera dispuesta a financiar la operaci¨®n, en los acreedores no hipotecarios, que no comprend¨ªan que la venta de los buques se hiciera bastante por debajo de su valor actual en el mercado internacional y cuyo importe no alcanzar¨ªa, por otra parte, para cubrir m¨¢s que las deudas con cobertura hipotecaria, y en los trabajadores, para quienes la venta a un armador extranjero supondr¨ªa, casi seguro, la p¨¦rdida de sus empleos.

La previsible declaraci¨®n judicial de quiebra supondr¨¢ el nombramiento de un comisario y un depositario de la misma y la convocatoria en el plazo de dos meses de una junta de acreedores que proceder¨ªa al nombramiento de los s¨ªndicos encargados de gestionar la liquidaci¨®n de los bienes de la naviera. Caso de no lograrse un convenio entre los acreedores y la empresa -soluci¨®n defendida por el comit¨¦ de empresa- existe el peligro de que dicha liquidaci¨®n se realizase en p¨²blica subasta, lo que supondr¨ªa, a su vez, la posibilidad de que el comprador fuera nuevamente un armador extranjero. Dado que este ¨²ltimo no tendr¨ªa, en principio, obligaci¨®n alguna para con las tripulaciones, la f¨®rmula implicar¨ªa la casi segura p¨¦rdida de los 450 puestos de trabajo que est¨¢n en juego.

Este es justamente el desenlace que diversos sectores -incluso, al parecer, entre los accionistas- quer¨ªan evitar, convencidos de que las condiciones ofrecidas por los bancos acreedores permitir¨ªan la continuidad de la empresa durante, al menos, dos o tres a?os. En dicho espacio de tiempo se podr¨ªa negociar la venta escalonada de los buques -a medida que fueran venciendo los plazos-, en mejores condiciones y a un armador espa?ol, lo que garantizar¨ªa, en principio, la continuidad del 90% de los puestos de trabajo.