El cese

DEL CESE del teniente general Fontenla como director de la Guardia Civil s¨®lo cabe opinar que ha sido una decisi¨®n del Gobierno acorde con la letra y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n, congruente con los principios de nuestro sistema parlamentario y revelador de que el Poder Ejecutivo comienza a perder sus absurdos temores a exigir disciplina precisamente a quienes basan en ese valor su propio c¨®digo de honor y de conducta.Los miembros de las Fuerzas Armadas, a las que el art¨ªculo 8? de la Constituci¨®n encomienda la misi¨®n de defender el ordenamiento constitucional, se hallan sometidos, al igual que el resto de los ciudadanos, a las normas que el Parlamento promulga. El art¨ªculo 62 de la Constituci¨®n atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y el art¨ªculo 97 se?ala que el Gobierno dirige, junto a la pol¨ªtica interior y exterior, la Administraci¨®n civil y militar y la defensa del Estado. Ser¨ªa un verdadero desprop¨®sito que los garantes de la Constituci¨®n, doblemente obligados a respetarla por la honrosa misi¨®n de defensa que les encomienda su articulado, se convirtieran en infractores de nuestra norma fundamental en cuestiones tan b¨¢sicas como el respeto a las instituciones parlamentarias y la disciplina debida al Rey y al Gobierno.

Probablemente el teniente general Fontenla ha sido v¨ªctima indirecta de las anteriores debilidades e inconsecuencias mostradas por el Gobierno frente a manifestaciones p¨²blicas o arengas de altos mandos militares, con mando en plaza e importantes efectivos a sus ¨®rdenes, que pon¨ªan en entredicho la legitimidad del ordenamiento constitucional. Mientras un oficial joven, como el capit¨¢n Pitarch, permanece en un castillo por unas declaraciones a la prensa, una total impunidad ha protegido a otros entrevistados de mayor graduaci¨®n. El antiguo director general de la Guardia Civil no tiene, en su favor, m¨¢s atenuante que esos precedentes, en tanto en cuanto pudieran hacerle pensar que una elevada graduaci¨®n militar constitu¨ªa un salvoconducto contra cualquier medida disciplinaria.

No se trata, ni remotamente, de caer en un trasnochado antimilitarismo o de afirmar que existen insuperables contradicciones estructurales entre un Parlamento y un Gobierno constitucional que velen por sus fueros, de un lado, y unas Fuerzas Armadas a quienes la Constituci¨®n sit¨²a fuera de los conflictos pol¨ªticos cotidianos, de otro. Todos los pa¨ªses de democracia parlamentaria demuestran que es posible una perfecta armon¨ªa entre las diferentes instituciones del Estado y la subordinaci¨®n de la Administraci¨®n militar al Parlamento y al poder civil. Dentro de nuestras Fuerzas Armadas existen todav¨ªa hombres a quienes experiencias del pasado o dificultades de adaptaci¨®n al presente hacen dif¨ªcil el pleno acatamiento al ordenamiento constitucional vigente. Pero, sin duda, son mayor¨ªa los altos mandos y oficiales que creen en las instituciones democr¨¢ticas. Al Gobierno corresponde, en consecuencia, adecuar las responsabilidades del mando militar con la necesidad de que ese ordenamiento constitucional que las Fuerzas Armadas deben defender no sea atacado, ofendido o menospreciado por sus guardianes.