Las dos caras de UCD

ANTEAYER SE produjeron en el Congreso, de forma casi simult¨¢nea, dos acontecimientos, contradictorios entre s¨ª, en torno al desbordamiento de las competencias de la jurisdicci¨®n militar fuera del ?¨¢mbito estrictamente castrense?, fijado por el art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n, que ha dado origen al procesamiento de Miguel Angel Aguilar, director de Diario 16; al de Germ¨¢n Alvarez Blanco, director de S¨¢bado Gr¨¢fico; al secuestro de la pel¨ªcula El crimen de Cuenca y al procesamiento de Pilar Mir¨®, directora del filme.De un lado, la Comisi¨®n de Justicia dictamin¨® la reforma del art¨ªculo 317 del C¨®digo de Justicia Militar de forma tal que las injurias a las Fuerzas Armadas de las que sea presunto responsable un civil ser¨¢n competencia en el futuro de lajurisdicci¨®n ordinaria, salvo que ?el hecho se produzca ante un mando en presencia de sus tropas o en acuartelamiento, recinto o lugar militar?. As¨ª pues, una vez que el nuevo texto legal sea aprobado por las Cortes, los autos de procesamiento dictados por la jurisdicci¨®n militar contra Pilar Mir¨® y Miguel Angel Aguilar quedar¨¢n sin efecto y tendr¨¢ que ser el juez natural quien determine los indici¨¢s racionales de culpabilidad en ambos casos. Quedar¨¢ cerrado as¨ª el largo y negativo episodio abierto en 1906 con la ley de Jurisdicciones.

Ese alentador y elogiable paso hacia la adecuaci¨®n de la legislaci¨®n ordinaria y la Constituci¨®n confiere un aire todav¨ªa m¨¢s irreal y fantasmag¨®rico a los planteamientos defendidos en el Pleno por el Gobierno al contestar a una pregunta formulada por los socialistas acerca del secuetro de El crimen de Cuenca. El ministro de Cultura hab¨ªa sentado ya un desconsolador precedente hace unas semanas cuando, ante la pregunta de un periodista a prop¨®sito del mismo tenia, confes¨® que su ¨²nica reacci¨®n imaginable al escuchar la expresi¨®n ?jurisdicci¨®n militar? era adoptar la posici¨®n castrense de saludo. Anteayer se entreg¨® a una confusa disgresi¨®n acerca de la divisi¨®n de poderes y de la imposibilidad de que el Gobierno instruya al ministerio fiscal para que pida la inhibici¨®n de la jurisdicci¨®n militar en favor de la ordinaria. La intervenci¨®n dej¨® en mal lugar tanto al mandante que encomend¨® al se?or De la Cierva defender tan inconsistente alegato como al propio mandatario. Pero su actuaci¨®n fue pura mente anecd¨®tica si se la compara con las palabras pronunciadas por el vicepresidente del Gobierno. Mientras, por un lado, propuso algo tan razonable como tramitar urgent¨ªsimamente la reforma del C¨®digo de Justicia Militar, incurri¨®, por otro, en la incomprensible y velada confesi¨®n de que no est¨¢n los tiempos como para buscar conflictos con las Fuerzas Armadas. No se trata de buscar conflictos con nadie, y esperemos, no obstante, que en el pr¨®ximo debate parlamentario el presidente del Gobier no nos explique qu¨¦ significa eso de que no est¨¢n los tiempos para bollos. Entre las responsabilidades del

Ejecutivo, en cualquier caso, figuran las de defender y aplicar la letra y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n en cualesquiera circunstancias y frente a cualquier instituci¨®n o instancia.

Queda sin despejar la duda acerca de cu¨¢l de las dos caras mostradas anteayer por UCD en el Congreso, una en la Comisi¨®n de Justicia y otra en el Pleno, es la aut¨¦ntica.