El Ministerio de Agricultura inicia expediente de expropiaci¨®n contra 87 fincas infrautilizadas
El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario ha iniciado expedientes de expropiaci¨®n sobre 87 fincas presuntamente mejorables (casi todas de Andaluc¨ªa y Extremadura), en cumplimiento de lo establecido en la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de 16 de noviembre de 1979. Se trata de un primer informe -al que ha tenido acceso EL PAIS- elaborado con las investigaciones realizadas por el Instituto hasta el pasado 9 dejunio. La superficie total de las fincas sobre las que se ha abierto expediente asciende a 14.619 hect¨¢reas.
El n¨²mero de Fincas visitadas por los t¨¦cnicos del IRYDA hasta la mencionada fecha es de 398, que ocupan una superficie total de 81.726 hect¨¢reas, de las cuales 34.355 son de regad¨ªo y las 47.371 restantes son de secano. Seg¨²n estos estudios, Badajoz -76 expedientes abiertos- se muestra como la provincia de mayor ¨ªndice de infrautilizaci¨®n agr¨ªcola y ganadera.Las especificaciones de este primer informe de la Administraci¨®n detallan que la finca de mayor superficie sobre la que se ha abierto expediente de expropiaci¨®n es la de do?a Mar¨ªa del Carmen Pinillos y Toro, en los t¨¦rminos de Villanueva del R¨ªo, Minas y Cantillana (provincia de Sevilla), con 2.250 hect¨¢reas. Le sigue la finca La Haba, en Tarifa (C¨¢diz), de 1.330 hect¨¢reas, propiedad de los marqueses de Larios. Las 14.619 hect¨¢reas sobre las que se ha iniciado expediente equivalen pr¨¢cticamente a la superficie del t¨¦rmino municipal de Sevilla o son ligeramente superiores a las de Manzanares el Real, en la provincia de Madrid (12.500 hect¨¢reas), o poco menos que el de Aranjuez ( 18.000).
Fuera de zonas regables, el IRYDA ha visitado ya veinticinco fincas mayores de quinientas hect¨¢reas de secano o cincuenta de regad¨ªo; doce de ellas con una superficie total de 23.039 hect¨¢reas, cuentan con informes previos positivos.
En zonas regables se han visitado 238 fincas mayores de cincuenta hect¨¢reas de regad¨ªo y otras 135 menores de esa superficie. De ellas, 108 (2.407 hect¨¢reas) cuentan igualmente con un informe positivo.
Los criterios objetivos que utiliza el IRYDA para determinar si una finca r¨²stica es manifiestamente mejorable aparecieron publicados en el BOE el pasado 11 de abril, y desarrollan la ley de 16 de noviembre.
Consisten estos criterios en que los ¨ªndices de ocupaci¨®n de mano de obra fija de la finca no llegue al 80% del normal aplicable, que el ¨ªndice de utilizaci¨®n de la tierra no alcance el 80% del nivel normal y que el ¨ªndice de producci¨®n no alcance, an¨¢logamente, el 70% de una producci¨®n tipo. Estas condiciones las eval¨²a el IRYDA mediante ¨ªndices reflejados, respectivamente, por el n¨²mero de obreros fijos ocupados por hect¨¢rea, porcentaje de la superficie cultivable que est¨¦ realmente cultivada o, en su caso, n¨²mero de cabezas de ganado mantenidas por hect¨¢rea de pastos, y la cantidad en pesetas de la producci¨®n bruta obtenida por hect¨¢rea cultivada o -tambi¨¦n en su caso- por cabeza de ganado.
La ley es de aplicaci¨®n a todas aquellas fincas de regad¨ªo mayores de cincuenta hect¨¢reas o de secano mayores de quinientas que no cumplan las mencionadas condiciones de explotaci¨®n, y en todas aquellas que de modo manifiesto no se aprovechen los recursos disponibles.
Cuando el IRYDA comprueba que una finca es manifiestamente mejorable en base a estos criterios, requiere a los propietarios para que realicen en el plazo de dos meses un plan de explotaci¨®n y mejora. Si no lo presentan, o la Administraci¨®n lo rechaza por considerarlo insuficiente, ser¨¢ ¨¦sta quien deba realizarlo en plazo similar. Si no hubiera avenencia entre las partes, el Ministerio de Agricultura abrir¨¢ el definitivo expediente de expropiaci¨®n, tras otro per¨ªodo de quince d¨ªas para el estudio de f¨®rmulas de compromiso. As¨ª, pues, los propietarios de las 87 fincas sobre las que se ha iniciado ahora expediente tienen dos meses para presentar sus respectivos planes de viabilidad.
La ley de Fincas Manifiestamente Mejorables fue la primera que cont¨® con la luz verde de las Cortes de todas las que integran el programa legislativo de cambio presentado por el ministro de Agricultura en el Congreso de junio de 1978.
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