El fracaso de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, responsable de la pol¨ªtica laboral del pa¨ªs, ha fracasado en la soluci¨®n de un grave conflicto que le afecta por partida doble: de una parte, por el conflicto en s¨ª mismo, que, como cualquier otra anormalidad laboral, alcanza a los responsables de la pol¨ªtica social del pa¨ªs, y, de otra, por tratarse de un conflicto en el que el departamento aparece involucrado como juez y parte. Se trata de la huelga de puertos que mantiene paralizada la actividad de carga y descarga en los principales puertos espa?oles, con grave riesgo para la hegemon¨ªa que pueden perder las instalaciones portuarias espa?olas, en beneficio de otros pa¨ªses mediterr¨¢neos, principalmente Francia.El origen de la huelga que mantienen los estibadores portuarios arranca de la supervivencia del organismo aut¨®nomo, dependiente del Ministerio de Trabajo, que engloba, con una inercia verticalista a los estibadores de este pa¨ªs. En efecto, la Organizaci¨®n de Trabajadores Portuarios (OTP), constituida en los tiempos en que Gir¨®n ostentaba la titularidad del Ministerio de Trabajo, mantiene una situaci¨®n funcional que colisiona con la legislaci¨®n laboral compendiada en el recientemente aprobado Estatuto de los Trabajadores.

Las relaciones laborales entre los estibadores y las empresas consignatarias para las que trabajan, y en funci¨®n de las cuales existe este colectivo obrero, se ven condicionadas por el papel intermediario que desempe?a la OTP, organismo con el que realmente existe de derecho una relaci¨®n laboral por parte de los trabajadores Portuarios.

La OTP constituye un ente que suministra personal a las empresas estibadoras y consignatarias. Con una concepci¨®n verticalista del colectivismo laboral, la financiaci¨®n de la OTP proviene fundamentalmente de los salarios abonados por las empresas en reciprocidad a la tarea prestada por los estibadores que la OTP pone a su disposici¨®n.

En este contexto, la patronal consignataria pretende forzar al Ministerio de Trabajo para que reestructure la OTP y permita el establecimiento de una normal relaci¨®n laboral -lo que comporta una capacidad de control y exigencia de responsabilidades sobre los trabajadores contratados, en este caso los estibadores, inexistente en la actualidad- acorde con la definici¨®n que el Estatuto de los Trabajadores da a la unidad de contrataci¨®n.

Tal pretensi¨®n de la patronal constituye al mismo tiempo condici¨®n sine quanon para negociar con la representaci¨®n obrera de la OTP -tambi¨¦n en el aspecto representativo imperan los modos verticalistas-, constituida en la pr¨¢ctica por la Coordinadora de Estibadores Portuarios, el conven¨ªo colectivo del sector.

La culminaci¨®n a este c¨ªrculo vicioso lo constituye la actual existencia de dos convenios: uno de ellos, suscrito entre Coordinadora y CC OO -central que sigue estrat¨¦gicamente los planteamientos de la OTP, en la esperanza de que su definitivo desmontaje le permitir¨¢ heredar la movilizaci¨®n surgida en torno a la Coordinadora-, con una m¨ªnima representaci¨®n patronal, y el otro, firmado por UGT y ANESCO, la patronal consignataria, una vez asumido por ambas organizaciones el documento de bases pare la reestructuraci¨®n de Ia OTP.

Tan confuso panorama mantiene una larga huelga de estibadores, que est¨¢ costando al pa¨ªs miles de millones de pesetas ya la que Trabajo se enfrenta con una ambig¨¹edad en l¨ªnea con la medrosidad que caracteriza al actual Gobierno.

De una parte, el decreto de Presidencia del Gobierno, autorizando la contrataci¨®n de personal en paro para sustituir a los huelguistas, con el objetivo de paliar los efectos del conflicto, ha sido arbitrariamente aplicado por los distintos gobiernos civiles, y, en la pr¨¢ctica, su incumplimiento, ayudado por la actuaci¨®n de piquetes, es generalizado en los distintos puertos.

Por otro lado, el subsecretario de Trabajo, se?or Prados Terriente, que es al mismo tiempo el jefe jer¨¢rquico del delegado general de la OTP -la implicaci¨®n del ministerio justifica que los presidentes natos de la OTP en cada puerto sean los respectivos delegados provinciales de Trabajo-, decide entrar en el fondo del problema y busca una mediaci¨®n que se ha revelado imposible.

El ¨²ltimo intento del se?or Prados Terriente lo constituye la oferta de un laudo arbitral, que en vano ha tratado de consensuar entre las partes, lo que le ha hecho desistir de su publicaci¨®n.

De esta manera, resulta manifiesta la incapacidad de Trabajo para resolver sus propios problemas laborales, mientras que el desabastecimiento de determinados productos puede comenzar a notarse en los pr¨®ximos d¨ªas.