Un nuevo presidente

LA ELECCI?N de Federico Sainz de Robles como presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, como presidente del Tribunal Supremo permite la definitiva puesta en marcha de ese elevado ¨®rgano, aut¨¦ntica clave de arco de la administraci¨®n de la justicia en nuestro pa¨ªs. La designaci¨®n por las dos C¨¢maras de las Cortes Generales de los ocho vocales de designaci¨®n parlamentaria, pese al dudoso acierto que implic¨® incluir en esa lista consensuada a miembros de la carrera judicial, contradiciendo, en cierto modo, el esp¨ªritu de una medida prevista precisamente para moderar las tendencias l¨®gicamente corporativistas de un Consejo formado mayoritariamente por magistrados, hab¨ªa completado ya lo que constitucionalmente se configura en importantes campos casi como un Ministerio de Justicia colectivo.Los tres candidatos presentados a la elecci¨®n eran dignos de ocupar el cargo. Angel Escudero del Corral desempe?¨®, con imparcialidad y buen quehacer jur¨ªdico, el cargo de presidente del Tribunal Supremo en la dif¨ªcil etapa que se abri¨®, en agosto de 1977, con su designaci¨®n para esa funci¨®n. Antonio Hern¨¢ndez Gil sustituy¨® a Torcuato Fern¨¢ndez Miranda como presidente de las Cortes y dio un singular ejemplo de neutralidad, objetividad e independencia al frente de las primeras Cortes democr¨¢ticas Y a lo largo del dif¨ªcil periodo constituyente. Hasta el punto de que esas virtudes posiblemente le costaron la enemistad del Gobierno y de un amplio sector de su partido, que le vetaron de hecho para el Tribunal Constitucional, que tampoco han visto con buenos ojos su candidatura a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, y que, seguramente, seguir¨¢n sin darle la menor oportunidad de utilizar su talento jur¨ªdico y su honestidad pol¨ªtica en otros altos ¨®rganos del Estado. L¨¢stima que, en la vida p¨²blica espa?ola, la dignidad personal y la independencia respecto a los partidos sean valores tan poco cotizados.

En cualquier caso, Federico Sainz de Robles ofrece un admirable historial como jurista, como ciudadano de arraigadas convicciones liberales y como hombre de insobornable imparcialidad frente a las invasiones del poder ejecutivo. Baste como bot¨®n de muestra, su comportamiento en la Audiencia Territorial de Valladolid, en los tiempos de Ruiz Jarabo, a prop¨®sito de las sanciones aplicadas con ocasi¨®n del cierre de la universidad, y recurridas por la v¨ªa contencioso-administrativa. Su vida profesional no se circunscribe, por lo dem¨¢s, a su experiencia comp juez y magistrado, ya que como secretario de juzgado y como letrado ha podido contemplar el poder judicial desde otras perspectivas diferentes. Y su excelente formaci¨®n como jurista ha caminado en paralelo con una preocupaci¨®n humanista, condici¨®n indispensable para poder dominar el mundo del derecho, no s¨®lo desde dentro, sino tambi¨¦n desde fuera. Pues de los hombres de leyes cabe predicar aquella sabia paradoja: ?Quien s¨®lo sabe de su especialidad, ni siquiera de su especialidad sabe?.

El Consejo General es el ¨®rgano de gobierno del poder judicial y tiene a su cargo competencias, atribuciones y responsabilidades de enorme importancia para lograr un buen funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia. Cada vez est¨¢ m¨¢s generalizada la opini¨®n de que la reforma, renovaci¨®n y modernizaci¨®n de la vida judicial es una tarea prioritaria, de cara al futuro, a fin de ensanchar esos cuellos de botella que amenazan con ahogar el esp¨ªritu de la vida democr¨¢tica en nuestro pa¨ªs. Tras la elecci¨®n de Federico Sainz de Robles s¨®lo queda ya que el Gobierno se decida a designar a ese fiscal general del Estado, en cuyo tr¨¢mite debe ser o¨ªdo el Consejo General del Poder Judicial, para que el demorado acompasamiento de nuestras instituciones de justicia a la transformaci¨®n democr¨¢tica de la sociedad, el poder legislativo y el poder ejecutivo en Espa?a comience finalmente a ser realidad.