Aprobada la ley de Suspensi¨®n de Derechos Individuales

Viene de primera p¨¢gina

La m¨¢xima preocupaci¨®n, desde la izquierda, por la aprobaci¨®n de la ley fue expresada por el comunista Jordi Sol¨¦ Tura. El socialista F¨¦lix Pons puso ¨¦nfasis en el rechazo de la acusaci¨®n de fascistas lanzada sobre el hemiciclo por Fernando Sagaseta. ?Fascistas son quienes desde la minor¨ªa intentan imponer sus criterios?.

La explicaci¨®n del voto favorable a la ley que desarrolla la suspensi¨®n constitucional de determinados derechos y libertades fue protagonizada por los diputados F¨¦lix Pons, socialista, y Jordi Sol¨¦ Tura, comunista. Arribos coincidieron en que la ley no era necesaria por imperativo de la Constituci¨®n, as¨ª como en que el procedimiento seguido hab¨ªa sido excesivamente apresurado. F¨¦lix Pons insisti¨® en que, una vez cumplida la responsabilidad que correspond¨ªa al Parlamento, es el Gobierno el responsabile del ¨¦xito de la ley, mientras que corresponder¨¢ al Parlamento controlarlas medidas que se adopten para su aplicaci¨®n.

El diputado social¨ªsta asegur¨® que quienes recurren a la violencia de cualquier signo, segando vidas y salpicando de sangre incluso al Parlamento, no s¨®lo atentan contra la seguridad ciudadana, sino que plantean un reto permanente al sistema democr¨¢tico.

El PCE teme "incomprensiones"

El comunista Jordi Sol¨¦ Tura se refiri¨® a la gravedad y dificultad del voto de su grupo, ?que puede provocar incomprensiones?. Destac¨® que la ley se (Brige contra el terrorismo extremista, incluido el de la derecha. Denunci¨® la ausencia de diputados centristas, ?una vez obtenidos los votos?, y pidi¨® al ministro del Interior que expusiera ante la C¨¢rnara los datos, en su opini¨®n discutibles, relativos a los resultados obtenidos hasta ahora por el decreto-ley antiterrorista, as¨ª como sobre los malos tratos producidos, detenciones indiscriminadas y puesta en libertad por falta de pruebas de detenidos durante diez d¨ªas.

A continuaci¨®n intervinieron Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, de Euskadiko Ezkerra; Juan Carlos Aguilar, del PSA, y Oscar Alzaga, de UCD. Mientras Aguilar se lirnit¨® a objetar la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, Bandr¨¦s insisti¨® en este punto preguntando si los ueces vascos no son jueces, y se extendi¨® en un dure, ataque contra el texto aprobado, del que dijo que ?se dirige al sospechoso, y es la polic¨ªa la que dice qui¨¦n es sospechoso?.

Tambi¨¦n dijo que prefer¨ªa un estado de excepci¨®n formal a este ?estado de excepci¨®n para unas personas muy concretas?. Su afirmaci¨®n de que para entender esta ley hay que ser preso, abogado defensor o polic¨ªa, fue contestada por el centrista Alzaga, quien le replic¨® que se hab¨ªa olvidado de las v¨ªctimas, ?y hay cosas que esta C¨¢mara no debe olvidar?. La afirmaci¨®n del portavoz centrista fue acogida con murmullos de aprobaci¨®n de algunos de los presentes.

El turno de explicaci¨®n de voto lo inici¨®, por Coalici¨®n Democr¨¢tica, Manuel Fraga, quien estim¨® que el texto de la comisi¨®n era mejor que el aprobado y que el sistema para buscar el consenso no hab¨ªa sido bueno. Afirm¨® que la ley no agota las posibilidades del art¨ªculo 55,2 de la Constituci¨®n y rechaz¨® la acusaci¨®n de fascismo.

Explicaci¨®n de voto

En nombre de la Minor¨ªa Catalana, Miguel Roca expres¨® la necesidad de garantizar tambi¨¦n la libertad de los ciudadanos presuntamente culpables en virtud de la ley aprobada. Asegur¨® que el texto progresaba suficientemente sobre el decreto-ley vigente y significa un paso adelante para garantizar la seguridad con libertad. Al cierre de esta edici¨®n continuaban las intervenciones.

El debate sobre la ley que suspende derechos constitucionales se inici¨® con la defensa de sendas enmiendas a la totalidad por parte de Fernando Sagaseta (Uni¨®n del Pueblo Canario) y Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s (Euskadiko Ezkerra). Ambos diputados abandonaron el hemiciclo cuando se pro dujo la votaci¨®n y se dirigieron a la tribuna de p¨²blico, aunqpe m¨¢s tarde regresaron a sus esca?os. Ambas enmiendas fueron rechazadas por seis votos a favor, 292 en contra y ocho abstenciones.

Fernando Sagaseta estim¨® que constituye una burla hurtar al juez del lugar el conocimiento de las causas en materia de terrorismo, adem¨¢s de una falta de confianza en la judicatura espa?ola. Denunci¨®, frente al terrorismo a cara descubierta, el terrorismo solapado y amparado institucionalm ente. Concretamente, aludi¨® al aparato policial al servicio de la minor¨ªa y del gran capital. Neg¨® legitimidad a la c¨¢mara, una vez aprobada esta ley para hablar de derechos humanos.

Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s se remont¨® al refer¨¦ndum constitucional para asegurar que la oposici¨®n de su partido se bas¨® de modo especial en el art¨ªculo 55.2, consensuado durante el proceso constituyente Manifest¨® que s¨®lo la justicia debe tener el monopoli.o de la coer ci¨®n. Record¨® que el derecho del detenido a no declarar contin¨²a en vigor, y que los siete d¨ªas de pr¨®rroga para la detenci¨®n gubernativa no pueden tener otro alcance que el de arrancar la declaraci¨®n que no se quiso hacer voluntaria mente a trav¨¦s de sufrimientos f¨ªsi cos o mentales o intimidaciones En cuanto a la incomunicaci¨®n, la estim¨® conveniente en algunos ca sos, pero s¨®lo si la ordena el juez natural en una c¨¢rcel, no el minis tro del Interior en una comisar¨ªa.

Por UCD, Lorenzo Olarte ma nifest¨® que esta ley puede impedi una ley de defensa de la democra cia como la que se vio, obligada a promover la Rep¨²blica. Un grupo de diputados centristas le aplaudi¨® con participaci¨®n tambi¨¦n, con gran expresividad, del vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Guti¨¦rrez Mellado.