Fincas docentes

Los aproximadamente 45.000 alumnos y 5.000 trabajadores que componen el importante complejo escolar de los centros de ense?anzas integradas (antiguas universidades laborales) se desayunan una buena ma?ana con la noticia de que el Consejo de Ministros acord¨® suprimir el organismo aut¨®nomo del Ministerio de Educaci¨®n al que ven¨ªan perteneciendo hasta el d¨ªa anterior.Argumentada esta medida en el contexto de la proclamada austeridad del Gobierno, dispuesto a ahorrar gasto p¨²blico a todo trance, no se ha explicado, no obstante, por qu¨¦ no se han suprimido otros organismos aut¨®nomos dependientes del mismo departamento ministerial, cuyo aparato estructural mucho m¨¢s simple tal vez hubiera hecho m¨¢s aconsejable esta decisi¨®n.

Naturalmente, el decreto de supresi¨®n contiene la habitual cautela en estos casos, que asegura el respeto a los ?derechos adquiridos?. Cautela que poco contribuye a tranquilizar los ¨¢nimos conturbados por la noticia, porque todos los afectados no pueden olvidar que s¨®lo ha transcurrido un a?o desde que otra buena ma?ana se les sorprendiera con la noticia de que hab¨ªan sido transferidos de la dependencia del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social a la del departamento de Educaci¨®n mediante la constituci¨®n del organismo aut¨®nomo que ahora se suprime. Conviene advertir de inmediato que la consolidaci¨®n de dicho organismo aut¨®nomo no lleg¨® a producirse a pesar de todo el tiempo transcurrido desde su creaci¨®n.

Tampoco puede olvidarse que estos centros ya hab¨ªan sido transferidos anteriormente desde el Ministerio de Trabajo al de Sanidad y Seguridad Social, y que, en aquel interregno, un determinado titular de Trabajo, debido sin duda a la escasa duraci¨®n de su mandato, no pudo recuperarlos para su departamento, tal y como proyectaba.

Continuo peregrinaje administrativo

Tal vez sea lo de menos ahora conocer lo que piensan de todo esto tanto los alumnos y sus familias como los trabajadores afectados, para quienes acaso cada una de estas cambiantes situaciones, incluida la ¨²ltima, pueden hasta suponer a la larga una mejora de su estado.

Lo que llama la atenci¨®n es el hecho mismo de este continuo peregrinaje, decretado desde ?all¨¢ arriba?, desde ese extra?o olimpo que parece constituir tantas veces la c¨²spide administrativa, donde cada cual da la impresi¨®n de actuar siempre como el due?o de la finca.

El reciente conflicto dial¨¦ctico entre el Ministerio de Universidades e Investigaci¨®n y la junta de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid podr¨ªa servir de ejemplo de este sorprendente sentido patrimonial que algunos tienen de la ense?anza.

Estatutos y legislaci¨®n obsoletos

Una junta de gobierno, constituida desde los presupuestos de unos estatutos y una legislaci¨®n universitaria absolutamente obsoletos, acusa al Ministerio de injerirse en asuntos que no le competen y de esgrimir una legislaci¨®n ?tambi¨¦n obsoleta? para suspender un acuerdo adoptado por el m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de una universidad, que un buen d¨ªa decide que cualquier ma?ana puede echar el cierre a todos los centros del distrito, sin contar, obviamente, con la opini¨®n de sus 100.000 alumnos y de la mayor parte de su profesorado.

Se invoca adem¨¢s el derecho constitucional a la autonom¨ªa universitaria para adoptar la peregrina decisi¨®n de cerrar todos los centros de un servicio p¨²blico, aunque se preste para ello la noble intenci¨®n de evitar males mayores, como hubiera podido ser la extensi¨®n de una huelga secundada por un indeterminado porcentaje del profesorado numerario, que constituye, dicho sea de paso, una m¨ªnima parte de la plantilla docente efectiva de cada universidad.

No deja de ser ir¨®nica esta invocaci¨®n del derecho a la autonom¨ªa, cuando se recuerda, por ejemplo, la c¨¦lebre cuesti¨®n de los catedr¨¢ticos de nombramiento directo. Una parte del consejo de rectores demostr¨® entonces tener un muy peculiar concepto de la autonom¨ªa de todas y cada una de las universidades, al aceptar como un hecho normal el que unas puedan negar a las otras el derecho a proponer al Gobierno el nombramiento directo de unos determinados candidatos.

Es muy antigua, por otra parte, la constante denuncia de los estudiantes y de muchos de sus profesores sobre el tambi¨¦n singular concepto de autonom¨ªa de que suelen hacer gala los due?os de esas inefables fincas docentes que constituyen a veces los departamentos de nuestras facultades universitarias.

?Las comunidades tienen problemas; las universidades, departamentos?, dicen, con indudable buen humor, los expertos universitarios de una organizaci¨®n tan seria y respetable como la OCDE en un documento preparatorio de la pr¨®xima conferencia sobre la ense?anza universitaria en la d¨¦cada de los ochenta, cuya celebraci¨®n est¨¢ prevista para el pr¨®ximo a?o.

Pero esta concepci¨®n patrimonial de la ense?anza no se agota con los ejemplos citados. Ser¨ªa interesante recordar aqu¨ª el talante de propietarios de la escuela con que vienen actuando en algunos centros escolares del Estado los dirigentes de ciertas asociaciones de padres. Aprovechando la lamentable e indiferente ausencia de la mayor¨ªa, estos supuestos representantes de los padres de toda la escuela llevan su leg¨ªtimo derecho a participar en la gesti¨®n de los centros a extremos absolutamente inadmisibles para los claustros.

Claro que, al otro lado de la finca escolar, est¨¢n aquellos profesores que entienden que el derecho de los padres a participar se agota en ocasionales actitudes de solidaridad con motivo de alguna huelga reivindicativa del profesorado.

El incre¨ªble trato que dan algunos estudiantes universitarios a las instalaciones y edificios, a los que se supone acudieron arrastrados por una irresistible vocaci¨®n intelectual, puede ser otro ejemplo, y el lamentable aspecto de las instalaciones universitarias de este pa¨ªs es el mejor exponente de que tambi¨¦n entre los estudiantes hay quien piensa que la universidad es ?su finca?.

Tal vez por todo ello no resulte demasiado gratuita la afirmaci¨®n que se hace en uno de los primeros art¨ªculos del proyecto de ley de Autonom¨ªa Universitaria: ? La Universidad, por su papel decisivo para impulsar el progreso, la igualdad y la promoci¨®n social, est¨¢ al servicio de toda la comunidad y no s¨®lo de quienes en un momento determinado pertenecen a ella, utilizan sus servicios o participan en su actividad?.

Una definici¨®n tan obvia deber¨ªa constituir un insulto para los ciudadanos de cualquier pa¨ªs civilizado.