Una dictadura constituyente

El proyecto de Constituci¨®n que ma?ana votar¨¢n los uruguayos, redactado de tal manera que quede institucionalizado el poder omn¨ªmodo de las fuerzas armadas del pa¨ªs, supone la culminaci¨®n de uno de los procesos dictatoriales m¨¢s siniestros que recuerda la historia latinoamericana. La nueva carta fundamental de Uruguay se asienta sobre los negros cimientos de la represi¨®n, el desprecio por las m¨¢s elementales libertades y la descapitalizaci¨®n humana y material de una naci¨®n envidiada, en otro tiempo, por sus tradiciones democr¨¢ticas.Para entender todo el significado del acto electoral de ma?ana en Uruguay, es preciso remontarse al principio de la d¨¦cada de los setenta. En esos a?os se produce la consolidaci¨®n de la influencia pol¨ªtica de los militares, obtenida poco a poco gracias a su papel decisivo en la lucha contra la organizaci¨®n armada Tupamaros. Hasta entonces, las fuerzas armadas uruguayas ostentaban una limpia ejecutoria de respeto al sistema democr¨¢tico.

Las ¨²ltimas elecciones democr¨¢ticas realizadas en el pa¨ªs se remontan a noviembre de 1971. Compitieron en aquellos comicios los dos partidos que, tradicionalmente, se hab¨ªan alternado en el poder, el Partido Nacional, o blanco, y el Colorado, m¨¢s una organizaci¨®n nutrida por disidentes de ambos grupos y personalidades independientes, y dirigida por el general Liber Seregi, que adopt¨® el nombre de Frente Amplio.

Por escasa diferencia result¨® vencedor en las elecciones un rico ganadero, Juan Mar¨ªa Bordaberry, miembro del ala m¨¢s conservadora del Partido Colorado.

Bordaberry lleg¨® al poder gracias al apoyo de los militares, que ve¨ªan en el candidato colorado la mejor garant¨ªa para la continuaci¨®n de sus acciones represivas, cada d¨ªa m¨¢s duras, contra la izquierda armada. Bordaberry, en efecto, fue un complaciente aliado de las fuerzas armadas, cuya influencia fue creciendo de manera constante.

En febrero de 1973, los generales uruguayos tuvieron la primera oportunidad de juzgar su fuerza real. Una decisi¨®n del ejecutivo nombrando ministro de Defensa al general Francese provoc¨® la oposici¨®n de las tres armas, colocando al presidente en una situaci¨®n de absoluto desamparo.

La segunda claudicaci¨®n de Bordaberry se produjo poco despu¨¦s. A principios de junio, los militares exigen que sea una corte marcial la que juzgue al senador Erro, acusado de injuriar a las fuerzas armadas. Acosado, Bordaberry tiene que ceder. Era la se?al que esperaban los altos oficiales. El 27 de junio de 1973, obligan al presidente constitucional a encabezar un golpe de Estado, que suspende la Constituci¨®n y las garant¨ªas individuales. Comienza entonces un desaforado per¨ªodo represivo, en el que el asesinato, la tortura y, como mal menor, el exilio, se convierte en el paisaje habitual de los uruguayos.

Durante tres a?os, las fuerzas armadas mantienen a Bordaberry en el sill¨®n presidencial, con el ¨¢nimo de dar una fachada civilista al proceso pol¨ªtico. En 1976, sin embargo, no creen necesario enmascarar por m¨¢s tiempo su acci¨®n y destituyen al presidente, sustituy¨¦ndole sucesivamente por dos personajes grises y manejables: Demichelli y Aparicio M¨¦ndez. Este ¨²ltimo, un octogenario enfermo, firma a¨²n hoy los decretos que el Consejo Nacional de Seguridad le presenta.

Los partidos pol¨ªticos est¨¢n proscritos, 15.000 personas han sido despose¨ªdas de sus derechos pol¨ªticos hasta 1991, las actividades sindicales est¨¢n suspendidas, decenas de peri¨®dicos y revistas han sufrido los rigores de la f¨¦rrea censura. La cultura, el pensamiento, el arte, han sido incluidos por los militares en el largo ¨ªndice de elementos subversivos.

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han hecho permanentes denuncias de las acciones represivas del r¨¦gimen militar uruguayo, que se resumen en este pat¨¦tico p¨¢rrafo: uno de cada tres uruguayos ha tenido que exilarse; uno de cada cincuenta ha pasado por las c¨¢rceles; uno de cada cien ha sido torturado. A¨²n hoy se habla de un tenebroso Plan Attica, elaborado por el Gobierno, y seg¨²n el cu¨¢l cerca de mil presos pol¨ªticos ser¨ªan asesinados para facilitar la promulgaci¨®n de una ley de Amnist¨ªa sin el peligro de devolver a la calle a un alto n¨²mero de opositores al r¨¦gimen.

En los ¨²ltimos meses, la oposici¨®n pol¨ªtica uruguaya, duramente castigada y dispersa, ha tomado conciencia de su papel denunciador del proceso que quieren imponer los militares. A principios de este a?o se form¨® la Convergencia Democr¨¢tica, organismo que agrupa a personalidades de muy distintas tendencias, aglutinadas por el prop¨®sito com¨²n de ofrecer un frente de contestaci¨®n al Gobierno. Este grupo considera al general Liber Seregni, preso desde julio de 1973, como su figura principal.

Estos tib¨ªos intentos de oposici¨®n organizada no van a evitar, sin embargo, que los militares lleven a cabo sus planes. Con toda certeza har¨¢n aprobar ma?ana la nueva Constituci¨®n; dentro de un a?o, convocar¨¢n nuevamente a los uruguayos a las urnas, para elegir presidente de la Rep¨²blica a un candidato ¨²nico elegido por los partidos Nacional y Colorado y de la absoluta confianza de las fuerzas armadas.