La renovacion del acuerdo-marco

EL ENTENDIMIENTO entre UGT y la CEOE sobre la renovaci¨®n del acuerdo-marco llega precisamente cuando comenzaban a recrudecerse la; tensiones laborales en el sector privado en tomo a las reivindicaciones salariales. Muchas peque?as y medianas empresas dispondr¨¢n as¨ª de un esquema de referencia para iniciar las negociaciones con sus trabajadores, a la vez que los colectivos de asalariados y empleados podr hn contar con unas pautas aceptadas por UGT a fin de ajustar las expectativas sectoriales a los planteamientos generales.La actualizaci¨®n del AMI establece una banda de crecimiento de las retribuciones salariales entre el 11% y el 15%, salvo la ?cl¨¢usula de, descuelgue? para las empresas en graves dificultades. El ¨ªndice de precios al consumo fue, en 1980, de un 15,1%, con una ca¨ªda de 0,5 puntos respecto a 1979 y de 1,4 puntos; respecto a 1978. Salvo si la cosecha agr¨ªcola fuera un desastre o se produjeran alzas desmesuradas en los precios del petr¨®leo, el incremento de los precios al consumo durante 1981 podr¨ªa ser inferior al del a?o pasado.

El nuevo AMI incluye una cl¨¢usula de revisi¨®n t¨¦cnicamente m¨¢s correcta que la del anterior acuerdo y m¨¢s favorable para los incrementos salariales menores, a prueba indudable de la madurez entre las partes negociadoras. La posibilidad de realizar una aplicaci¨®n corregida del AMI a las empresa; o sectores en crisis ser¨¢ seguramente esgrimida por los detractores del acuerdo como un crimen de lesa traici¨®n a la clase trabajadora, pero muestra, m¨¢s bien, el coraje y la responsabilidad de UGT para defender el empleo. Existen empresas que no se hallan en condiciones de ofrecer aumentos ni siquiera del 11%; la ?cl¨¢usula de descuIgue ? les permitir¨¢ buscar una salida que no lleve inevitablemente al cierre por quiebra.

Ese cierre por quiebra que, por lo dem¨¢s, no amenaza a las empresas p¨²blicas, cuyos d¨¦ficit pagan los contribuyentes y que se hallan fuera del ¨¢mbito del AMI. Las actuales huelgas de dos empresas p¨²blicas tan importantes y tan deficitarias como son la Renfe e Iberia ponen de relieve la estrechez corporativista de unos colectivos de trabajadores que no sienten el menor temor a perder sus empleos, ya que ni Renfe ni Iberia quebrar¨¢n nunca al ser servicios p¨²blicos cuyos abultados d¨¦ficit pagamos el resto de los espa?oles, y a quienes no les importa descargar sobre el resto de los contribuyentes sus mejoras salariales. En el caso de que los ferrocarriles y las l¨ªneas a¨¦reas estuvieran en el sector privado y de que las compa?¨ªas que ofrecieran competitivamente y sin subvenciones esos servicios pudieran cerrar sus puertas es probable que esas confortables huelgas, sin riesgos de perder el empleo y sin preocupaci¨®n alguna por los d¨¦ficit de explotaci¨®n, se produjeran de otra manera.

La banda pactada en el AMI es, por lo dem¨¢s, superior a los incrementos del 12% para los funcionarios, incluidos en los Presupuestos del Estado, y al 13,5% de aumento del ¨ªndice de precios al consumo previsto por el Gobierno. La CEOE habr¨¢ valorado seguramente las negativas consecuencias econ¨®micas que para muchas empresas, sin capacidad financiera para resistir una huelga, hubiera significado una banda menos alta. En cualquier caso, no parece probable que la versi¨®n actual del AMI conduzca a niveles superiores de empleo. Y tampoco la reducci¨®n parcial de jornada laboral, sin disminuci¨®n de remuneraciones, pasa de ser una receta ingenua para frenar el paro, ya que encarece los costes de producci¨®n y redistribuye las rentas desde la empresa a los trabajadores, pero en modo alguno contribuye a una redistribuci¨®n global del empleo.