La oposici¨®n impugna la ley Antiterrorista y el aparato que la aplica

La validez de la ley de Suspensi¨®n de Derechos Constitucionales para una lucha antiterrorista respetuosa con los derechos humanos y las pr¨¢cticas democr¨¢ticas, as¨ª como del aparato policial que la aplica, quedaron ayer en franco entredicho durante el debate de las varias interpelaciones y preguntas formuladas al Gobierno por los grupos parlamentarios -a excepci¨®n de Coalici¨®n Democr¨¢tica- en relaci¨®n con las torturas padecidas por el presunto etarra Joseba Arregui, fallecido el viernes ¨²ltimo, tras nueve d¨ªas de interrogatorios policiales.

La pugna parlamentaria consisrti¨® en exponer, desde la oposici¨®n, que los malos tratos citados son incompatibles con el comportamiento democr¨¢tico exigible a los funcionarios de un Gobierno constitucional, y en intentar, desde el Ministerio del Interior, aislar los hechos -enmarcando las lesiones en sucesivas peleas de los detenidos y los polic¨ªas- y reducir su alcance pol¨ªtico a la m¨ªnima expresi¨®n, derivando hacia las consecuencias jur¨ªdicas concretadas en varios funcionarios toda la responsabilidad deducible.En esta dial¨¦ctica s¨®lo hubo un punto de convergencia entre la oposici¨®n y el Gobierno: la defensa que el ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, hizo de una pol¨ªtica de claridad, ver dad e informaci¨®n -?la verdad es el ¨²ltimo control?, dijo-,y el reconocimiento impl¨ªcito que hizo de la extensi¨®n del fen¨®meno de las torturas, al ofrecer la estad¨ªstica de las varias decenas de casos en que se han iniciado diligencias previas en el Pa¨ªs Vasco y Navarra por denuncias de malos tratos.

Si las explicaciones de Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, junto con la posici¨®n firme del todav¨ªa ministro de Justicia en materia de regulaci¨®n del divorcio, le valen su salida del Gobierno Calvo Sotelo, como le vaticin¨® Carrillo, el Ejecutivo perder¨¢ un dem¨®crata convencido. Movimientos en esta direcci¨®n fueron detectados d¨ªas pasados por EL PA?S, cuando una parte de los miembros del Gobierno mostraron inicialmente su disgusto ante la rapidez con que la muerte de Joseba Arregui hab¨ªa llegado a los medios de comunicaci¨®n social, sin tiempo para preparar una presentaci¨®n adecuada de los hechos. En cualquier caso, carece de todo fundamento el rumor que circul¨® ayer en los pasillos del Congreso sobre la posible dimisi¨®n del candidato Leopoldo Calvo Sotelo, quien, por el contrario, ha manifestado su disposici¨®n a pagar el coste pol¨ªtico de la situaci¨®n desencadenada, mediante una investidura por mayor¨ªa simple, si en la primera votaci¨®n no puede obtener los 176 votos necesarios.

Salpicaduras para Calvo Sotelo y Su¨¢rez

Ni Calvo -Sotelo ni Adolfo Su¨¢rez asistieron al debate que abri¨® ayer el actual per¨ªodo de sesiones del Congreso de los Diputados. Tampoco la figura del presidente dimitido qued¨® indemne, porque Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s -el hombre con m¨¢s autoridad pol¨ªtica para intervenir en este debate- revel¨® una carta reciente a Su¨¢rez en la que le comunicaba la existencia de malos tratos concretos, en res puesta a la promesa suarista de ?erradicar las torturas?, una promesa m¨¢s -a la vista est¨¢- incumplida.

Al margen de las mociones anunciadas por los grupos parlamentarios interpelantes y de las salpicaduras que Leopoldo Calvo Sotelo recibir¨¢ durante el debate de investidura, algunas consecuencias pr¨¢cticas de la discusi¨®n parlamentaria fueron mostradas ayer en el hemiciclo.

A nivel de Gobierno, los socialistas pidieron la dimisi¨®n del ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, que lamentablemente no es probable que, de llevarse a efecto, solucionara el problema. Ros¨®n ofreci¨® una intervenci¨®n absolutamente no convincente, adem¨¢s de rutinaria, y monocorde, pero que se adivinaba emparedada entre las exigencias del Parlamento y las propias presiones del aparato policial. Las dimisiones del director general de Polic¨ªa y de los comisarios generales pon¨ªan dif¨ªcil la situaci¨®n. Tal vez una de las soluciones eficaces ser¨ªa aceptar, de momento, la propuesta de Santiago Carrillo, consistente en aprovechar estas dimisiones y sustituir a estos hombres por otros capaces de adaptarse a las exigencias de la democracia.

En esta misma l¨ªnea, la propuesta m¨¢s radical fue la de Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, quien solicit¨® la depuraci¨®n del aparato policial, montado sobre el del franquismo. La argumentaci¨®n de Bandr¨¦s parece irreprochable, en cuanto entiende que no puede encomendarse la misi¨®n de salvaguardar los derechos ciudadanos a quienes contin¨²an anclados en el franquismo, que los neg¨®. ?Habiendo sido franquista, incluso ministro de Informaci¨®n con Franco -y dirigi¨® la mirada hacia Fraga, sentado a pocos metros de ¨¦l-, se puede ser diputado, pero no polic¨ªa?, pero no polic¨ªa?.

La ley Antiterrorista El otro caballo de batalla del debate, la ley de Supresi¨®n de Derechos Constitucionales -m¨¢s conocida por ley Antiterrorista-, dividi¨® a la C¨¢mara en funci¨®n de la actitud adoptada ante ella en el momento de su aprobaci¨®n. Quienes, como Bandr¨¦s, se opusieron casi en solitario a aquella ley, recordaban ayer -con la voz autorizada por la experiencia- que dicha ley ?no tiene otro objeto que facilitar la tortura?. En igual l¨ªnea, los nacionalistas vascos cargaban la culpa de la muerte de Arregui a la vigencia de esta ley, que ellos no votaron.

Por su parte, los comunistas, que en su momento apoyaron la ley, pero que recientemente, en el Parlamento vasco, se han opuesto a ella, volvieron a impugnarla ayer ?porque el Gobierno de UCD no merece nuestra confianza para aplicar es a ley excepcional?, en palabras de Carrillo. En cambio, los socialistas, desde un punto de vista similar, llegaron a una conclusi¨®n diferente: insistieron, en aceptar la ley, pero no a quienes la aplican, y propugnaron el desarrollo de nuevas garant¨ªas jur¨ªdicas que impidan que se repitan hechos como la muerte de Joseba Arregui.

Una conclusi¨®n qued¨® flotando en el aire-: la dudosa constitucionalidad de una ley que suspende derechos , constitucionales sin desarrollar todas las garant¨ªas necesarias, y que se sabe que est¨¢ siendo aplicada por un aparato policial que no siempre act¨²a con esquemas ¨¦ticos, jur¨ªdicos y pol¨ªticos democr¨¢ticos. El Parlamento no adopt¨® por el momento una decisi¨®n, por lo que las espadas siguen en alto y la sesi¨®n de investidura ofrecer¨¢ nuevos elementos que hagan posible un acuerdo mayoritario ajustado a la realidad constitucional y a la realidad de la situaci¨®n pol¨ªtica de una Espa?a que no ha salido todav¨ªa, por lo que se ve, de la transici¨®n.