Precios y fiscalidad de los productos derivados del petr¨®leo
La continua fluidez de noticias que se produce hoy en Espa?a sobre el mercado energ¨¦tico merece alg¨²n tipo de clarificaci¨®n que, si bien es dif¨ªcil de vulgarizar, pueda encuadrar muchas interrogantes. Sobre dos temas concretos -precios y fiscalidad- se suscitan prevenciones y suspicacias y se trata de buscar la criticable ?originalidad? espa?ola. Ve¨¢moslo con detenimiento.Subsiste a lo largo de los a?os la pr¨¢ctica equ¨ªvoca, en los medios informativos, consistente en identificar al conjunto de los productos petrol¨ªferos con uno de ellos, la gasolina, a causa probablemente del mayor impacto, de cara al p¨²blico en general, de las noticias sobre el citado producto, que, en definitiva, es el que se adquiere directamente por el automovilista. Sin embargo, tal planteamiento contribuye a desenfocar la cuesti¨®n del papel que juega el petr¨®leo y sus derivados, en primera instancia, en el conjunto de la. econom¨ªa nacional y, de manera indirecta, tambi¨¦n en las econom¨ªas familiares.
En efecto, no es ¨²nicamente el precio de las gasolinas de automoci¨®n, cuyo consumo representa poco m¨¢s del 12% del total de los derivados del petr¨®leo, el que comporta una incidencia en las econom¨ªas dom¨¦sticas, ya que tambi¨¦n los gas¨®leos, los fuel y los carburantes de aviaci¨®n participan de manera muy directa en la formaci¨®n de los costes asociados a la satisfacci¨®n de la demanda de una gama muy amplia de bienes y servicios. As¨ª pues, lo coherente es contemplar, en su conjunto, la totalidad de los carburantes y combustibles obtenidos a partir de los crudos de petr¨®leo.
En estos ¨²ltimos a?os se ha producido adem¨¢s, como era l¨®gico esperar, una permanente atenci¨®n a las cuestiones relacionadas con el mundo del petr¨®leo, fundamentalmente a causa de las reiteradas elevaciones de coste experimentadas por este recurso, cuya participaci¨®n en el aprovisionamiento energ¨¦tico de los pa¨ªses industrializados es preponderante y absolutamente indispensable, que han originado crecientes dificultades a sus respectivas econom¨ªas, de las que son s¨ªntomas claros las tasas de inflaci¨®n y de desempleo. Quiz¨¢ por la comprensible resistencia a aceptar la realidad de este problema, al que las limitadas posibilidades en el desarrollo de fuentes alternativas de energ¨ªa no han permitido dar respuesta satisfactoria, se tiende a menudo a presentar interpretaciones en buena medida err¨®neas y en cierto modo tendenciosas, tratando de asignar el origen de estos males a la pol¨ªtica de fijaci¨®n de los precios de venta de los productos petrol¨ªferos en el mercado interior, con particular menci¨®n a los impuestos que gravan el consumo de los mismos.
La verdad es que, en el momento presente, el coste de los crudos importados representa ya el 67% de los precios finales de venta de los derivados del petr¨®leo, frente a tan s¨®lo el 27% hace diez a?os, como resultado de haberse incrementado, en ese per¨ªodo, en m¨¢s del 1.400% los precios de dichos crudos en el mercado internacional. Tal elevaci¨®n del coste de la materia prima de la industria petrolera ha originado, a su vez, un fuerte enclarecimiento de los costos de las fases de refino, transporte y distribuci¨®n en el subsector del petr¨®leo, cuyo peso global en los precios de venta de los productos es, no obstante, de tan s¨®lo un 14,5%, mientras que la fiscalidad totaI -que en 1971 se elevaba a un 31,5%- ha descendido al 18,5%.
Concretando las cifras al mercado de Campsa, la fiscalidad total -constituida por los impuestos especiales y la renta de petr¨®leos- ha evolucionado, entre los a?os 1970 y 1980, con un aumento de recaudaci¨®n en pesetas constantes, de s¨®lo el 5%, frente al 88% en, que ha aumentado la cantidad de productos vendidos en ese mismo per¨ªodo, por lo que en pesetas constantes por tonelada se ha reducido, de hecho, dicha fiscalidad en un 44%. Ello significa que, si el Estado hubiese decidido mantener, en t¨¦rminos constantes, la carga fiscal unitaria sobre los productos petrol¨ªferos, el precio promedio de venta de la tonelada compuesta habr¨ªa tenido que ser, en el pasado a?o, superior en 4.115 pesetas por tonelada al realmente practicado, lo que viene a demostrar que no ha sido precisamente el componente fiscal el responsable, en los ¨²ltimos diez a?os, del encarecimiento de los productos petrol¨ªferos.
Se acude tambi¨¦n con frecuencia, respecto de las cuant¨ªas pretendidamente excesivas de las alzas de estos precios, a las comparaciones con otros pa¨ªses europeos que, si bien son en principio conceptualmente v¨¢lidas, sobre todo por el peso creciente del coste de los crudos, lamentablemente se apoyan en datos inexactos y no actualizados, en parte seguramente por la dificultad de disponer de cifras correctas y puntuales en cada ocasi¨®n. Pues bien, la informaci¨®n m¨¢s actualizada, que refleja la situaci¨®n en abril del presente a?o, indica claramente que el precio promedio al que se vende, la tonelada compuesta de derivados del petr¨®leo sigue siendo, en Espa?a, inferior al resultante en los pa¨ªses de la Europa comunitaria, y tambi¨¦n sensiblemente m¨¢s baja la fiscalidad impl¨ªcita en dicho precio.
Enfoque global
La necesidad del enfoque global, para el conjunto de los productos petrol¨ªferos, que hasta aqu¨ª se ha seguido, no elimina en modo alguno la conveniencia, a rengl¨®n seguido, de analizar la estructura de los precios para cada uno de aqu¨¦llos, aspecto ¨¦ste sobre el que no sin justificaci¨®n, sobre todo en los a?os setenta, se ha venido ejerciendo tambi¨¦n la cr¨ªtica, por entender que exist¨ªa una distancia excesiva entre el precio de las gasolinas y el de otros derivados m¨¢s pesados, como los gas¨®leos y los fuel. Pero hay que destacar, en tal sentido, que en plazo de poco m¨¢s de un a?o, entre enero de 1980 y abril de 1981, se han dado pasos decisivos para corregir en gran parte esta pr¨¢ctica tradicional en la pol¨ªtica de fijaci¨®n de los precios, ya que el ¨ªndice correspondiente a la gasolina de grado super, tomando como base cien el precio del fuel pesado, ha bajado de 1.360 a 467, cifra esta ¨²ltima mucho m¨¢s pr¨®xima a las que se registran en los Estados miembros de las Comunidades Europeas (v¨¦ase cuadro). Otro tanto ha sucedido con los gas¨®leos de automoci¨®n y de calefacci¨®n. Con todo ello, nuestra estructura de precios ha llegado a ser perfectamente homologable con la de nuestros pa¨ªses-vecinos, lo que indiscutiblemente supone un avance significativo en orden a la pr¨®xima integraci¨®n de Espa?a en, dicha organizaci¨®n supranacional.
Hasta aqu¨ª los comentarios escuetos a los datos num¨¦ricos de car¨¢cter anal¨ªtico que, aun siendo inevitablemente prolijos, resultan imprescindibles para centrar un tema, como el que nos ocupa, que reviste cierta complejidad y que tiene innegable trascendencia corno elemento clave de la pol¨ªtica energ¨¦tica. En efecto, la fijaci¨®n de los precios de los productos energ¨¦ticos en general, y de los petrol¨ªferos en particular, constituye un instrumento esencial para la ordenaci¨®n del sector de la energ¨ªa que, por otra parte, al ser suministrador de un input b¨¢sico para el desarrollo de la actividad de los restantes sectores productivos, condiciona fuertemente la eficacia de los planteamientos en materia de pol¨ªtica econ¨®mica.
La crudeza con que hay que, aplicar la decisi¨®n de repercutir al consumidor las alzas, en ocasiones espectaculares, en el coste de los crudos que nos vemos obligados de importar, para cubrir la demanda del mercado interior, viene impuesta precisamente por la necesidad, tanto por razones de econom¨ªa general como de seguridad de dichos suministros, de fomentar eficazmente una utilizaci¨®n racional de los productos energ¨¦ticos, el desarrollo de recursos propios alternativos y la reconversi¨®n a estos ¨²ltimos, cuando ello sea posible, en la medida de su disponibilidad. Se trata, en definitiva, de lograr una gradual disminuci¨®n de nuestra dependencia del exterior en cuanto a abastecimiento de energ¨ªas primarias, que es condici¨®n b¨¢sica para garantizar el desarrollo, estable y a largo plazo, de la actividad econ¨®mica.
Pero, para ello hay que contar con una base racional de precios y con una fiscalidad adecuada. Parece evidente que no estamos lejos de ello.
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