El programa trienal de viviendas despega

En esta ocasi¨®n me siento obligado a aprovechar la gran proyecci¨®n que tiene EL PAIS con la ¨²nica intenci¨®n de rellenar ciertas lagunas de informaci¨®n que, de mantenerse, pueden desorientar a la opini¨®n p¨²blica y producir des¨¢nimo en las familias que conf¨ªan en que sus problemas de falta o insuficiencia de vivienda pueden resolverse si se cumple el programa trie?al, 1981-1983, de construcci¨®n de viviendas.de protecci¨®n oficial.El programa de construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial es una medida de Gobiern¨®: con un gran alcance social y econ¨®mico, aunque su car¨¢cter sea coyuntural y su contenido puntual, dentro de la Pol¨ªtica de vivienda. En fr¨ªas ci fras, el objetivo es que durante 1981, 1982 y 1983 s¨¦ construyan 571.000 viviendas de protecci¨®n oficial. Pero, lo que es m¨¢s importante, se pretende dar con ¨¦l satisfacci¨®n a las necesidades de mora da digna y adecuada de otras tantas familias de las capas medias e infe riores de la sociedad espa?ola.

El programa no es el fruto de una improvisaci¨®n. Es el resultado de un trabajo previo que comienza 1 en 1978 con la reforma del marco le gislativo de la protecci¨®n oficial, adecu¨¢ndolo a las condiciones propias de la crisis econ¨®mica con la suficiente finura para no- produ pir impactos traum¨¢ticos ni recha zos inmediatos en los intereses afectados.

Contin¨²a con la ordenaci¨®n de un sistemafinanciero posible y realista que permite distribuir con equidad los limitados recursos disponibles y posibilita que las entidades privadas de cr¨¦dito -bancos y cajas de ahorro- est¨¦n dispuestas a destinar para la construcci¨®n y la compra de las viviendas de protecci¨®n oficial parte de sus recursos en forma de pr¨¦stamos que no son los obligados por unos coeflicientes. Coeficientes, por otra parte, en continuo decrecimiento desde 1977, como l¨®gica consecuencia de la necesaria liberalizaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola.

Y culmina con la realidad de poder ofrecer a los espa?oles nece.sitados el acceso a una vivienda digna, con unos ingresos mermados por la inflaci¨®n y con unas disminuidas expectativas de empleo.

S¨®lo cuando se dispuso de un marco legal m¨¢s id¨®neo, asimilado por el sector de la promoci¨®n-construcci¨®n, y de un sistema decr¨¦ditos con f¨®rmulas m¨¢s equitativas para los adquirentes y con un caudal financiero garantizado, el Gobierno anunci¨¦ el programa trienal 1981-1983, consciente de que no constituir¨ªa un intento m¨¢s de los que, a partir de 1975,se hicieron para resolver la crisis de la vivienda.

No hay pasividad

No es justo, creo, cargar a la Administraci¨®n con los sambenitos de la pasividad ante la situaci¨®n del programa y de la incapacidad para convertirlo en realidad. Y no lo es porque sonmuchos los pasos de preparaci¨®n, de organizaci¨®n y de impulso que la Administraci¨®n ha dado, primero, para que el programa como tal sea una realidad, y para que se produzca su despegue, despu¨¦s. Y ser¨¢n muchos m¨¢s los que habr¨¢n de darse, a partir de ahora, para franquear los obst¨¢cu-los que ya se presentan en la larga marcha del programa hacia su meta.

Es aventurado decir que nadie se ha tomado la molestia en organizar un m¨ªnimo mecanismo para seguir las vicisitudes del programa, cuando ya en, noviembre de 1980 el Gobierno cre¨® por decreto una comisi¨®n de seguimi ento en la que participan la Administraci¨®n y las entidades financieras de cr¨¦dito, oficiales-y privadas, qu¨¦ debe informar trimestralmente al Gobier no de la marcha del programa. Comisi¨®n que se ha reunido en cinco ocasiones y ha rendido los oportunos informes a la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ¨®micos. Hay plena consecuencia en los responsables del progra ma de que son necesarias, desde los primeros pasos, tanto la perma nente vigilancia para detectar con antelaci¨®n suficiente las desviacio nes del programa como la inque brantable voluntad para superar las dificultades que han de aparecer todav¨ªa en su recorrido.

Tampoco es justo considerar fallida la aportaci¨®n de las entidades privadas de cr¨¦dito que sustentan de manera decisiva la financiaci¨®n del programa, aunque es cierto que todav¨ªa quedan cabos por atar en ese sentido.

Los bancos privados, individualmente y en su conjunto, han dado una respuesta favorable, inmediata y rotunda, y la totalidad de los 71.000 millones de pesetas que aportan durante 1981 est¨¢n comprometidos.

Las cajas de ahorro, aunque no han tomado una postura propicia tan generalizada como los bancos ni su compromiso financiero se ha materializado con igual prontitud, tambi¨¦n han respondido de acuerdo con el convenio-marco firmado entre el Gobierno y la Confederaci¨®n de Cajas de Ahorros, salvo pocas excepciones. En el peor de los casos, y si no se produjeran nuevas incorporaciones, la parte del programa que corresponde a las cajas, que quedar¨ªa sin cobertura financiera, ser¨ªa el 17% en este a?o.

Pero no basta con que el Gobiemo est¨¦ dispuesto y empe?ado en llevar a t¨¦rmino el programa, ni tampoco que.las entidades de cr¨¦dito oficiales y privadas dispongan de los fondos necesarios para financiarlo. Son precisas adem¨¢s muchas otras colaboraciones concretas desde este momento.

En primer lugar, la de los promotores. En las viviendas que construya la iniciativa privada -con ¨¢nimo de lucro o sin ¨¦ldescansa el peso principal del programa: 150.000 unidades, frente a las 30.000 que construir¨¢ direi:tamente el Estado. Para ello, la promoci¨®n privada debe hacer acopio de iniciativa empres arial y abandonar algunas posturas mentales de tiempos anteriores que el proteccionismo y la propia expansi¨®n econ¨®mica hicieron posibles en otras ¨¦pocas, pero que hoy son inviables por irrepetibles.

La necesaria colaboraci¨®n de los ayuntmientos

Otra colaboraci¨®n imprescindible es la municipal. El papel de los ayuntamientos en favor de los objetivos del programa es fundamental. No s¨®lo recae en ellos la principal responsabilidad del planeamiento urban¨ªstico,y de la concesi¨®n de licencias de construcci¨®n, sino que pueden asumir las funciones que la legislaci¨®n les permite como poseedores de suelo y promotores p¨²blicos de viviendas para vender o alquilar a sus electores. Una disposici¨®n de los municipios en apoyo del programa pasar¨ªa, cuando menos, por.la agilizaci¨®n de la tramitaci¨®n tanto de los expedientes de calificaci¨®n urban¨ªstica como de concesi¨®n de licencias de construoCi¨®n, sin merma, por supuesto, de las garant¨ªas del necesario cumplimiento de la legalidad urban¨ªstica.

Importante ha de ser asimismo la colaboraci¨®n que los medios de comunicaci¨®n social presten al programa con sus informaciones, sus an¨¢lisis y sus cr¨ªticas.

Es necesaria tambi¨¦n, y en este caso es exigible, la colaboraci¨®n de la Administraci¨®n con el administrado. Las administraciones del Estado, central y perif¨¦rica, deben ser capaces, de producir la mayor simplificaci¨®n administrativa, a fin de recortar los plazos del recorrido burocr¨¢tico de los expedientes, y han de estar dispuestas a facilitar toda la informaci¨®n y el apoyo instrumental a los promotores y a los adquirentes.

No es recomendable cualquier tipo de triunfalismo, y menos ante una realidad como es la espa?ola de hoy, pero en todo caso, tras menos de cuatro meses de rodaje de un programa que cubre un per¨ªodo de tres a?os, parece prematuro augurarle, como algunos han hecho, un triste desenlace, tanto m¨¢s cuanto que lbs indicadores de su puesta en marcha, hasta ahora, son alentadores. La financiaci¨®n del sector p¨²blico -Estado y bancos oficiales- est¨¢ comprometida al 100%. La financiaci¨®n privada ya, consolidada llega al 76%. Se han concedido pr¨¦stamos a 32.000 viviendas, que representan el 21% de las 150.000 viviendas programadas para 1981. La demanda de pr¨¦stamos en los bancos oficiales es de 136.000 millones, aplicables a 87.000 viviendas. El n¨²mero de solicitudes de pr¨¦stamos de calificaciones provisionales viene creciendo mes a mes. Todo eso significa que la presi¨®n de la oferta se consolida y que el programa trienal de viviendas ha despegado. Ahora colaboremos todos en que se mantenga el vuelo.