Los senadores de UCD afirman que no se recorta la ley de Divorcio

El portavoz de UCD en el Senado Francisco Villodres, y los ponentes centristas en la ley de divorcio Francisco Ruiz Risue?o, Luciano S¨¢nchez Reus y Alfonso Porta Vilalta, manifestaron ayer que su grupo ha respetado el proyecto tal como ven¨ªa del Congreso, sin hacer m¨¢s modificaciones que las decididas por la ejecutiva del partido, y siempre respetando el esp¨ªritu de la ley.Seg¨²n explicaron en una reuni¨®n con informadores, se ha mantenido la coherencia con el programa de UCD, que rechaza el divorcio por mero acuerdo, y con la doctrina m¨¢s actual, que tiende a la sustituci¨®n del divorcio con culpa por el divorcio por ruptura. Negaron que el Senado est¨¦ haciendo la ley m¨¢s conservadora, entre otras cosas porque tampoco es cierto que el Senado sea m¨¢s conservador que el Congreso.

Sobre los dos cambios principales introducidos, Villodres manifest¨® que se ha rescatado simplemente el texto del art¨ªculo 87 que aprob¨® la Comisi¨®n del Congreso, y que se elimin¨® accidentalmente en el Pleno. Tambi¨¦n dijo que este art¨ªculo, por el que el juez puede denegar el divorcio en ciertos casos, s¨®lo es aplicable a petici¨®n de uno de los c¨®nyuges, y por tanto no puede invocarse cuando existe acuerdo entre ellos, y anunci¨® que una enmienda del senador centrista Jos¨¦ Mar¨ªa Pardo, que restringir¨ªa las facultades del juez, ser¨¢ retirada para evitar reabrir la pol¨¦mica.

En cuanto a la modificaci¨®n del procedimiento de mutuo acuerdo -disposici¨®n adicional sexta-, los ponentes insistieron en que la facultad que se ha concedido al juez de proponer pruebas s¨®lo se refiere a la aprobaci¨®n del convenio regulador, en cuanto afecta a los hijos, al igual que la intervenci¨®n del fiscal.

Intervenci¨®n obligatoria del abogado

Los ponentes centristas defendieron tambi¨¦n la necesidad de que en el procedimiento de mutuo acuerdo sea preceptiva la intervenci¨®n de abogado y procurador. Porta manifest¨® que ?en este tema coincidimos todos, porque el procedimiento requiere una t¨¦cnica, aunque puede que no sea complicada, y se trata de evitar la sobrecarga de trabajo que los posibles errores acarrear¨ªan a los juzgados?.

Al insistir varios informadores en que una cosa es la conveniencia de la intervenci¨®n y otra su obligatoriedad, as¨ª como en las posibles motivaciones econ¨®micas de la abogac¨ªa profesional, Risue?o concedi¨® que el tema es discutible y ha causado problemas y pol¨¦micas tanto en UCD como en el PSOE, pero advirti¨® que si no se tienen medios econ¨®micos se presta de oficio un servicio gratuito.

S¨¢nchez Reus, por su parte, neg¨® vivamente que los casos llevados de oficio puedan retrasarse por falta de atenci¨®n del abogado. Finalmente, Villodres puntualiz¨® que este tema se introdujo en el Congreso de los Diputados, ya que la cl¨¢usula no figuraba en el primitivo proyecto del Gobierno.