Los pactos de la solidaridad

El presidente Calvo Sotelo prometi¨® en su discurso de investidura que, en la primera etapa de su mandato al frente del Gobierno de la naci¨®n, abordar¨ªa la resoluci¨®n de los grandes problemas de Espa?a. As¨ª se redact¨®, en primer lugar, el ANE, firmado con el Gobierno por las centrales sindicales y por la CEOE, en su calidad de central empresarial. Desde ese momento quedaba pendiente la ordenaci¨®n N, la clarificaci¨®n del proceso auton¨®mico.La construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas era, sin duda, el m¨¢s dif¨ªcil y complejo problema pol¨ªtico, por varias causas concretas: porque transformar un Estado de autocr¨¢tico en democr¨¢tico y, a la vez, transformar un Estado de centralista en auton¨®mico -en medio de la m¨¢s profunda crisis econ¨®mica mundial conocida desde 1929- es, sin duda, la m¨¢s ardua tarea que los pol¨ªticos espa?oles hayan abordado jam¨¢s. Mas, para abordarla, era necesario que los partidos pol¨ªticos espa?oles abandonaran la t¨¢ctica -practicada en 1979 y en 1980-, consistente en convertir lo auton¨®mico en la punta de lanza o en el arma arrojadiza de sus luchas partidistas en todas las regiones espa?olas, en las Cortes Generales y en los medios de comunicaci¨®n social. Mientras los partidos continuaran enfrentados por la construcci¨®n de las autonom¨ªas, ning¨²n Gobierno, cualquiera que fuera su signo pol¨ªtico, podr¨ªa construirlas con serenidad.

Por ello, para resolver el problema auton¨®mico, era indispensable convencer a los partidos pol¨ªticos para que recompusieran el clima que permiti¨® elaborar la Constituci¨®n entre todos y para todos los espa?oles; era necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad pol¨ªtica para abordar en com¨²n la resoluci¨®n de las tres grandes ¨¢reas de problemas que plantea la tarea constitucional, que es el reparto o la devoluci¨®n del poder pol¨ªtico y Financiero a las nacionalidades y, regiones espa?olas, Puesto que esto es lo que significa, en s¨ªntesis, la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas.

Ese fue el gran reto que en nombre de UCD y de SU Gobierno alumbr¨® el presidente Calvo Sotelo, quien supo suscitar el sentido de responsabilidad pol¨ªtica de Felipe Gonz¨¢lez, del profesor Garc¨ªa de Enterr¨ªa y de los expertos que con ¨¦l colaboraron, del partido comunista y de Alianza Popular, pese a que estos dos partidos se retiraron de los pactos auton¨®micos en el ¨²ltimo momento. El gran logro de los pactos firmados el 31 de julio de 1981 fue, sin duda, poner definitivamente de acuerdo a UCD y al PSOE en el m¨¢s complejo problema pol¨ªtico de Espa?a que es el que afecta a la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas.

II

La soluci¨®n de los problemas auton¨®micos obligaba a abordar tres ¨¢reas fundamentales de problemas: los pol¨ªtico-administrativos, dirigidos fundamentalmente a establecer principios generales para todas las regiones a¨²n no constituidas en comunidades aut¨®nomas- los econ¨®mico-financieros, dirigidos a establecer las bases de la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que integran Espa?a, de modo que ¨¦sta se construya sobre la distribuci¨®n de los recursos p¨²blicos de forma prioritaria, en favor de las regiones menos desarrolladas, y todo ello, adem¨¢s, respetando y haciendo respetar el equilibrio financiero del Estado y de las comunidades aut¨®nomas, a fin de no incrementar el gasto p¨²blico, y, Finalmente, era indispensable elaborar las reglas y los principios b¨¢sicos que fijaran, entre otras cuestiones, una mayor clarificaci¨®n en las futuras relaciones entre el Estado y, su Administraci¨®n civil y las comunidades aut¨®nomas y sus respectivas administraciones p¨²blicas.

Constituidas ya y en funcionamiento las comunidades vasca y catalana, pendiente la gallega de las elecciones regionales y la andaluza de su refer¨¦ndum de ratificaci¨®n del Estatuto y de sus posteriores elecciones, era indispensable ordenar, clarificar y, asegurar el funcionamiento de todas las restantes comunidades aut¨®nomas. No era bueno para Espa?a ni para la democracia que la autonom¨ªa de las regiones espa?olas fuera ni el resultado de las luchas entre partidos pol¨ªticos en ella asentados, ni tampoco que su autonom¨ªa fuera el resultado de un creciente aire reivindicativo de estas regiones frente al Estado. La construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas jam¨¢s pod¨ªa basarse sobre la dial¨¦ctica de vencedores y vencidos La coordinaci¨®n deb¨ªa imponerse a la reivindicaci¨®n, la colaboraci¨®n deb¨ªa sustituir a la tensi¨®n; la inercia de la Administraci¨®n del Estado deb¨ªa dejar paso franco a la integraci¨®n en ¨¦ste de las administraciones aut¨®nomas Los recelos de los funcionarios p¨²blicos, servidores del Estado, deb¨ªan desaparecer mediante normas y reglas claras que les tranquilizaran, al verse futuros servidores de las comunidades aut¨®nomas que, siendo tambi¨¦n Estado, forman todas ellas la indisoluble unidad de la naci¨®n espa?ola, como proclama el art¨ªculo segundo de nuestra Constituci¨®n.

III

El contenido de los pactos auton¨®micos ha sido publicado y es suficientemente conocido. Por ello, para comprender su importancia, lo m¨¢s oportuno quiz¨¢ sea resaltar alguno de los graves problemas que sin los pactos auton¨®micos podr¨ªan presentarse en Espa?a

Los pactos prev¨¦n y desarrollan expresamente la concreci¨®n de los principios de generalidad, homogeneidad y solidaridad para todas las regiones espa?olas, cuyos estatutos deben estar aprobados antes de marzo de 1983, con lo que se recogen las afirmaciones program¨¢ticas que formul¨® ante el Congreso de los Diputados el presidente Su¨¢rez en mayo de 1980. Al establecerse una fecha id¨¦ntica para las primeras elecciones regionales en toda Espa?a, se evita la profunda inestabilidad pol¨ªtica que podr¨ªa producir la constante y repetida situaci¨®n electoral en unas u otras regiones espa?olas. Se evita, adem¨¢s, la disoluci¨®n de las asambleas regionales por los Consejos de Gobierno, con lo que se ha de soslayar la profunda inestabilidad que, de otra forma, podr¨ªa suponer la constante sucesi¨®n de elecciones Provocadas anticipada y artificialmente en unas y otras regiones. Se adoptan las medidas necesarias para ordenar y dotar adecuadamente las transferencias de servicios a las comunidades y entes preauton¨®micos, de modo que el reparto de poder pol¨ªtico desde la Administraci¨®n del Estado a las comunidades sea arm¨®nico y no ponga en peligro la eficacia en la prestaci¨®n de los servicios a los ciudadanos espa?oles, cualquiera que sea la regi¨®n a la que pertenezcan.

Se adoptan, adem¨¢s, varias decisiones que, necesario es reconocerlo, afrontan varios temores que preocupan al ciudadano medio espa?ol. As¨ª se ha de evitar la duplicidad de la burocracia, al convertir a las diputaciones provinciales en ¨®rganos en cada provincia de su comunidad aut¨®noma y al asegurar que no proliferar¨¢n los cargos en los ¨®rganos de los gobiernos regionales y que ¨¦stos se han de cubrir fundamentalmente con funcionarios p¨²blicos. Se prev¨¦ tambi¨¦n que las asambleas regionales tendr¨¢n per¨ªodos de sesiones reducidos y que sus diputados regionales no cobrar¨¢n sueldos fijos, para establecer as¨ª, mediante estas decisiones pol¨ªticas, criterios de la m¨¢xima eficacia y austeridad.

IV

Es mucho lo que se puede decir sobre los pactos auton¨®micos, pero lo m¨¢s importante es se?alar que ahora queda ante todos nosotros el compromiso de llevar los pactos a la pr¨¢ctica y lograr que el pueblo espa?ol, el hombre de la calle, se sienta solidario de la hermosa tarea de construir el Estado de las autonom¨ªas. Porque hay que decir muy claramente que estos pactos se han firmado renunciando a intereses de partido, supedit¨¢ndolos a los intereses del pueblo espa?ol, sea cual sea la regi¨®n a la que pertenezca, para conseguir, de una vez por todas, que ninguna regi¨®n se sienta marginada, que la solidaridad entre los hombres y mujeres que viven y trabajan en Espa?a, en toda Espa?a, sea algo m¨¢s que una bonita frase vac¨ªa de contenido.

Por vez primera en nuestra historia, todas las regiones espa?olas van a poder estar, con el correr del tiempo, en pie de igualdad. Y quiz¨¢ alg¨²n d¨ªa estos pactos reciban el nombre de pactos de la solidaridad. Ese es su objetivo.

Manuel Broseta Pont es secretario de Estado para las comunidades aut¨®nomas y senador de UCD por Valencia.