D¨¦ficit, tipo de inter¨¦s e inflaci¨®n

Dentro de pocas fechas se presentar¨¢n a las Cortes los Presupuestos Generales del Estado para su debate. A¨²n no conociendo el contenido exacto de los mismos, la Prensa ha comenzado a filtrar algunas cifras que se est¨¢n barajando en la confecci¨®n de los Presupuestos, destacando el d¨¦ficit, que se estima rondar¨¢ los 700.000 millones de pesetas.Adem¨¢s, las autoridades econ¨®micas se fijar¨¢n ¨¦l objetivo de reducir la tasa de inflaci¨®n y abaratar los costes del cr¨¦dito. Loables empe?os, aunque pr¨¢cticamente imposibles de conseguir en la pr¨¢ctica. Reducir la tasa de inflaci¨®n seguir¨¢ siendo, en la pr¨¢ctica, como hasta ahora, aunque no en sus declaraciones, el objetivo prioritario del Gobierno. Respecto a la reducci¨®n de los tipos de inter¨¦s, puede considerarse como una medida muy importante para que tenga efectos positivos sobre la inversi¨®n privada y se consiga, por consiguiente, el objetivo fijado en el Acuerdo Nacional sobre Empleo respecto a la creaci¨®n de puestos de trabajo.

Problemas que plantea el d¨¦ficit

El pasado a?o tuvimos ocasi¨®n de presenciar el debate respecto a si la cuant¨ªa del d¨¦ficit previsto para 1981 era el techo m¨¢ximo posible, acord¨¦ con los objetivos perseguidos por el Gobierno, posici¨®n de UCD, o, por el contrario, todav¨ªa la cifra era baja, posici¨®n socialista en proporci¨®n al producto interior bruto en comparaci¨®n con otros pa¨ªses,y por ello deb¨ªa aumentarse, m¨¢xime teniendo en cuenta que la postura socialista consideraba que la inversi¨®n p¨²blica deb¨ªa actuar como locomotora, al menos en la primera parte del a?o, tirando de la inversi¨®n privada. Este a?o el debate pueda volver¨¢ repetirse, y por ello convendr¨ªa hacer algunas puntualizaciones al respecto.

En principio puede decirse que ambas posturas tienen raz¨®n. En efecto, para el partido del Gobierno aumentar el d¨¦ficit tendr¨ªa repercusiones muy negativas sobre la inflaci¨®n y sobre la financiaci¨®n al, sector privado. Establecen una clara asociaci¨®n: a mayor d¨¦ficit, mayor inflaci¨®n, y tienen raz¨®n, dado que la forma en que est¨¢n pensando va a financiarse la mayor parte del d¨¦ficit, esto es, a trav¨¦s de la apelaci¨®n al Banco de Espa?a.

Los actuales vientos monetaristas que soplan en el mundo parecen que han calado hondo en algunos centros de decisi¨®n en nuestro pa¨ªs. A este respecto convendr¨ªa realizar dos consideraciones: la primera, que, de aceptarse la filosof¨ªa, estuvieran de acuerdo todos los responsables econ¨®micos, al me nos en los grandes temas (aunque te¨®ricamente se declararan keynesianos), por cuestiones de eficacia; la segunda, que la puesta en r¨¢ctica de aquellas tesis se hiciera de forma ?ortodoxamete monetarista?.

Teniendo en cuenta que para los monetaristas, y simplificando la inflaci¨®n, proviene de un excesivo crecimiento del dinero, la financiaci¨®n del d¨¦ficit en nuestro pa¨ªs, si no se quisiera que fuera inflacionista, tendr¨ªa que realizarse por otras v¨ªas distintas a la de la apelaci¨®n al Banco de Espa?a. Por ejemplo, emitiendo deuda p¨²blica.

En otras palabras: el d¨¦ficit, por s¨ª, no es inflacionista. Incluso aunque la financiaci¨®n del d¨¦ficit supusiera inyecciones de liquidez al sistema, tampoco necesariamente tendr¨ªa que causar perturbaciones inflacionistas, ya que ello depender¨ªa del comportamiento de la demanda de dinero.

D¨¦ficit y tipos de inter¨¦s

Una financiaci¨®n m¨¢s ortodoxa del d¨¦ficit implicar¨ªa la emisi¨®n de deuda p¨²blica, seg¨²n las condiciones de mercado.

La mayor demanda de cr¨¦dito presionar¨¢ al alza los tipos de inter¨¦s, a no ser que aumente paralelamente la oferta de cr¨¦dito.

Pues bien, si las alzas en los tipos de inter¨¦s son consideradas por las autoridades econ¨®micas como perjudiciales para conseguir el nivel de actividad econ¨®mica deseado, pueden llevar a cabo la monetizaci¨®n de la deuda, con el consiguiente incremento de la cantidad del dinero en el sistema. Si paralelamente no aumenta la cantidad de dinero demandada, el resultado ser¨¢ una tasa de inflaci¨®n m¨¢s alta.

La conclusi¨®n de lo dicho en. los p¨¢rrafos anteriores es clara. El d¨¦ficit no ha causado mayor inflaci¨®n, sino las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades econ¨®micas en su deseo de reducir los tipos de inter¨¦s.

El dilema de las autoridades econ¨®micas

El dilema con el que se encuentran las autoridades econ¨®micas espa?olas es ciertamente grave. Por un lado, si intentan financiar gran parte del d¨¦ficit de modo ortodoxo, el gran volumen de, deuda p¨²blica que tendr¨ªa que emitir causarla al menos dos efectos: el primero, derivado de que la Bolsa espa?ola no re¨²ne ninguno de los requisitos necesarios para poder actuar con aut¨¦nticas operaciones de mercado abierto; esto es, no es amplia, profunda ni transparente. El segundo efecto ser¨ªa un efecto precio elevando los tipos de inter¨¦s en general, lo cual tendr¨ªa a su vez un efecto coste para el Tesoro y, quiz¨¢ m¨¢s, importante, un encarecimiento en los costes financieros de las empresas. Dada la estructura financiera de las mismas, tal encarecimiento podr¨ªa llevar a un retraimiento de la inversi¨®n privada (a no ser, por ejemplo, que las expectativas empresariales fueran muy optimistas, lo que no parece ser el caso).

Teniendo en cuenta lo que representa la inversi¨®n privada en la inversi¨®n total, y admitido por todos que sin un crecimiento de aquella dif¨ªcilmente aumentar¨¢ el empleo (lo cual tampoco quiere decir que un incremento en la misma necesariamente tenga que llevar consigo aumentos en dicho factor de la producci¨®n), la conclusi¨®n es que dif¨ªcilmente podr¨ªa cumplirse el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) en el punto referente al n¨²mero de puestos de trabajo a crear en 1982. Si esto fuera as¨ª, los trabajadores habr¨ªan aceptado incrementos salariales seg¨²n las expectativas inflacionistas de 1.982, sin que se, cumpliera la contrapartida de incremento en los puestos de trabajo que figuran en el ANE.

La presentaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado podr¨¢ arrojar m¨¢s luz sobre los objetivos perseguidos por el Gobierno y los instrumentos empleados para ello. A este respecto es de esperar que tales Presupuestos vayan acompa?ados del presupuesto monetario, que todav¨ªa arrojar¨¢ m¨¢s luz una vez se contemplen las V¨ªas empleadas para financiar el d¨¦ficit.

Dado el d¨¦ficit previsto, unos 700.000 millones de pesetas, los socialistas podr¨¢n arg¨¹ir que es insuficiente para reactivar la econom¨ªa, y pueden aducir, con raz¨®n, que un incremento del mismo no tiene por qu¨¦ llevar aparejada una mayor tasa de inflaci¨®n, aunque s¨ª supondr¨ªa mayores tipos de inter¨¦s en el mercado.

El partido del Gobierno podr¨¢ aducir qu¨¦ incrementos en el d¨¦ficit supondr¨ªan tasas de inflaci¨®n por encima de ese 12 % fijado como objetivo. Y tambi¨¦n tiene raz¨®n dada la principal v¨ªa de financiaci¨®n en que seguramente est¨¢n pensando (apelaci¨®n al Banco de Espa?a).

Resumen

En resumen, tanto los socialistas como el Gobierno pueden tener raz¨®n. Pero lo que ni uno ni otros podr¨¢n conseguir a la vez es la existencia de un d¨¦ficit en tomo a los 700.000 millones de pesetas (s¨®lo para el Estado), bajos tipos de inter¨¦s y reducciones en la tasa de inflaci¨®n.

El malo de la pel¨ªcula para todos, o casi todos, es el d¨¦ficit del sector p¨²blico. Para reducirlo caben deis caminos: o bien aumentar los ingresos o bien reducir los gastos. Respecto a lo primero, que puede ser prioritario para los socialistas, no parece que Hacienda est¨¦ pensando en un desarrollo en tal sentido de la ?ley Ord¨®?ez?. Respecto a lo segundo, reducci¨®n de gastos, cabe pensar en los gastos corrientes, pero, ?en cu¨¢les? El aumento en las prestaciones de desempleo est¨¢ en el ANE. Las subvenciones a empresas son consideradas como vitales para la supervivencia de muchas de ellas, y en tal sentido cabe mencionar los decretos de reconversi¨®n industrial ya aprobados y los que faltan por aprobar. Los sueldos de los funcionarios que aumentar¨¢n, parece ser que un 9% en 1982, dif¨ªcilmente pueden subir menos (van perdiendo poder adquisitivo desde hace a?os, quiz¨¢ para compensar su garant¨ªa de empleo). As¨ª podr¨ªamos seguir desglosando las partidas que componen los gastos corrientes de las administraciones p¨²blicas, llegando a la parad¨®jica conclusi¨®n de que todos quieren que el d¨¦ficit se reduzca, pero, desde luego, que no se toquen las partidas de gastos que a cada grupo social afecta, o en todo caso, se incrementen.

Habr¨ªa que volver, en consecuencia, sobre los ingresos. Ahora bien, ?c¨®mo es la presi¨®n fiscal por tramos de rentas? No parece que puedan tocarse ni las rentas bajas ni las medias, ante la presi¨®n que ya soportan. S¨®lo quedar¨ªa afectar a los tramos de rentas altas. ?C¨®mo? La respuesta t¨¦cnica la tiene Hacienda; la respuesta pol¨ªtica, quiz¨¢ no