Probables retrasos y dificultades de la investigaci¨®n parlamentaria sobre el aceite adulterado

Hasta mediado de octubre pr¨®ximo no quedar¨¢ constituida la Comisi¨®n de Investigaci¨®n Congreso-Senado sobre la intoxicaci¨®n por aceite de colza desnaturalizado, propuesta por el Gobierno y cuya constituci¨®n ha sido ya aprobada por los Plenos, de ambas C¨¢maras. La complejidad derivada del car¨¢cter mixto de esta comisi¨®n, sin precedente en las actuales Cortes, retrasar¨¢ la investigaci¨®n y har¨¢ dificil la obtenci¨®n de conclusiones comunes para C¨¢maras con distintas mayor¨ªas. Junto a esto, la escasa virtualidad de las comisiones de encuesta hasta ahora establecidas acrecienta el escepticismo hacia una iniciativa con apariencia de f¨®rmula dilatoria

El funcionamiento de las comisiones de encuesta, hasta ahora constituidas, no permite albergar grandes esperanzas sobre la eficacia de la investigaci¨®n parlamentaria, aunque todos los grupos han expresado que en este caso tratar¨¢n de dar la m¨¢xima celeridad y operatividad. Un primer obst¨¢culo es el precepto reglamentario que exige secreto sobre las reuniones y deliberaciones de la Comisi¨®n, que ya fue reiteradamente esgrimido por los centristas con ocasi¨®n de otras investigaciones parlamentarias, y destacadamente a prop¨®sito de los trabajos sobre Radiotelevisi¨®n.La m¨¢xima eficacia de estas comisiones estuvo representada por el trabajo realizado desde diciembre de 1977 por sendas comisiones de encuesta creadas en el Congreso y en el Senado sobre la situaci¨®n en las c¨¢rceles espa?olas. Los informes elaborados por ambas C¨¢maras sirvieron de base al proyecto de ley General Penitenciaria, promovido por el entonces director general, Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s, quien colabor¨® activamente en la investigaci¨®n.

Menos resultados obtuvo la Co

cieron frente com¨²n para impedir que prosperaran las exigencias de responsabilidad pol¨ªtica solicitadas por la izquierda, y que alcanzaban al presidente de la Diputaci¨®n, Francisco Cabezas, y al gobernador civil de M¨¢laga, Enrique Riverola.

En septiembre de 1978, el Gobierno solicit¨® al Senado la creaci¨®n de una Comisi¨®n de investigaci¨®n sobre escuchas telef¨®nicas en las consejer¨ªas del Consejo General vasco. La petici¨®n gubernamental -¨²nico precedente de la solicitud del actual Gobierno- se ampli¨®, con car¨¢cter general, a las escuchas telef¨®nicas. Ante la comisi¨®n informaron el subdirector general de Seguridad, Jos¨¦ S¨¢inz, y el entonces senador Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s. La disoluci¨®n anticipada de las Cortes impidi¨® a la Comisi¨®n redactar el correspondiente informe.

Otras comisiones de encuesta, creadas en 1979, no han rendido todav¨ªa sus resultados ante el Pleno de la correspondiente C¨¢mara. As¨ª ocurre con la hoy llamada Comisi¨®n de Derechos Humanos, que a mediados de junio de 1981 ten¨ªa elaborado un informe, pendiente todav¨ªa de debate en el Pleno. El origen de esta Comisi¨®n se remonta a octubre de 1979, cuando Bandr¨¦s solicit¨® que se investigara por el Parlamento los presuntos malos tratos a Mikel Amilibia Uzelay e Izaskuri Arrazola. En noviembre de ese mismo a?o, los socialistas solicitaron la creaci¨®n de una comisi¨®n sobre ?la situaci¨®n de los detenidos y presos en el Pa¨ªs Vasco, y sobre la adecuaci¨®n del trato recibido por estos a la legislaci¨®n vigente?. La petici¨®n socialista pretend¨ªa subsumir la de Bandr¨¦s y se interpret¨® que se encontraba en l¨ªnea con el deseo de ETApm, de que se produjeran medidas de ?buena voluntad?, como condici¨®n para la liberaci¨®n del diputado centrista Javier Rup¨¦rez.

La Comisi¨®n se constituy¨® el d¨ªa de los Santos Inocentes (28-12-1979), sin debate ni explicaci¨®n de voto en el Pleno de la C¨¢mara. En junio de 1980, la Junta de Portavoces del Congreso acord¨® que la Comisi¨®n citada asumiera tambi¨¦n las investigaciones solicitadas por el socialista Gregorio Peces-Barba y el comunista Jordi Sol¨¦ Tura, sobre los presuntos malos tratos en la prisi¨®n de Herrera de la Mancha. Como denominaci¨®n gen¨¦rica, comenz¨® ya a llam¨¢rsele Comisi¨®n de Derechos Humanos.

Con ocasi¨®n de la muerte del presunto etarra Joseba Arregui, cuando se hallaba encarcelado en Madrid, los comunistas solicitaron, a mediados de febrero de 1981, que entrara en funcionamiento la inactiva Comisi¨®n de Derechos Humanos. El d¨ªa 18 de febrero, cinco d¨ªas antes del intento golpista, se decidi¨® que la Comisi¨®n se reunir¨ªa el mi¨¦rcoles, d¨ªa 25, previsi¨®n que, obviamente, no se cumpli¨®. M¨¢s extra?o es que el informe elaborado a finales de junio de este a?o no haya sido debatido todav¨ªa por el Pleno de la C¨¢mara.

La investigaci¨®n sobre RTVE, sin concluir

Igualmente sorprendente resulta que la Comisi¨®n sobre investigaci¨®n en RTVE no haya concluido su trabajo sobre la auditor¨ªa de Hacienda publicada por este peri¨®dico en enero de 1980. Hasta el momento ha recabado informaci¨®n de una peque?a parte de la auditor¨ªa. Entre las dificultades m¨¢s sobresalientes figura la incomparecencia de altos directivos de RTVE, que produjeron la dimisi¨®n del presidente de la Comisi¨®n, el centrista Alberto Estella. Se registraron varios intentos de reconducir los trabajos de esta Comisi¨®n hacia la de control parlamentario de RTVE, no competente en materia de auditor¨ªa, o al propio Consejo de Administraci¨®n de RTVE, que tampoco se ha ocupado hasta el momento de esta cuesti¨®n. La Comisi¨®n formalmente no ha sido disuelta, pero se encuentra en punto muerto.Junto a la inoperancia de estas comisiones, hay otras que ni siquiera se han constituido, como es el caso m¨¢s reciente y grave de la solicitada en mayo de este a?o por el grupo comunista sobre la muerte de tres j¨®venes en Almer¨ªa cuando se encontraban detenidos por la Guardia Civil.