Derechos de los escritores

El art¨ªculo editorial publicado en EL PAIS el 15 de noviembre, precisamente en la fecha que clausur¨¢bamos el II Congreso de Escritores, celebrado en Sig¨¹enza, caus¨® un profundo malestar entre los asistentes al mismo. Ya el t¨ªtulo, Piratas y rentistas, parec¨ªa m¨¢s un insulto, un ex abrupto propio de situaciones predemocr¨¢ticas, que una b¨²squeda de di¨¢logo sobre los problemas que precisamente hab¨ªan motivado la celebraci¨®n de dicho congreso y que all¨ª, incluso ante la presencia del director general del Libro, fueron amplia y exhaustivamente debatidos.En rciaci¨®n a dicho editorial, y aunque pensamos que las conclu-

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siones adoptadas en el congreso, que pronto enviaremos a todos los medios de comunicaci¨®n, organismos culturales y personas relacionadas con el mundo del libro, son la mejor respuesta, deseamos precisar, brevemente, lo siguiente:

1. La pretensi¨®n de la ACE (Asociaci¨®n Colegial de Escritores), que supera hoy los setecientos asociados, cuyos nombres, desde el presidente y secretario de la Real Academia de la Lengua hasta el m¨¢s joven escritor de libros a ella vinculado, pueden consultarse en nuestros locales, de introducir en los contratos de edici¨®n unas "condiciones m¨ªnimas, destinadas a defender al autor frente al empresario" (y entre las que incluimos un contrato tipo de edici¨®n, el control de tirada, la regularizaci¨®n de las liquidaciones, etc¨¦tera), es absolutamente coherente con lo ya conseguido por otras entidades o colectivos profesionales, como sindicatos y colegios. No se busca con ello imponer la publicaci¨®n de obras mediocres, como sugiere el editorialista, sino que se deja al empresario la libertad de elecci¨®n, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, pero a condici¨®n de que respete los derechos de la otra parte contratante, el autor, siempre m¨¢s d¨¦bil que el empresario, puesto que, como el citado editorial reconoce, el autor se ha visto (y se ve) obligado a firmar contratos verdaderamente leoninos en favor del editor, como en el caso de P¨¦rez Gald¨®s, por ejemplo.

2. En ning¨²n momento se pronuncia la ACE y el congreso en favor de esa autarqu¨ªa cultural a que alude el articulista con palabras tales como neocolonialismo, resabio chauvinista y tendencia provinciana. Por el contrario, proclaman, como necesaria y, vital, la interrelaci¨®n cultural. Lo que s¨ª denuncian es la profusi¨®n de traducciones indiscriminadas con un nivel de calidad muy inferior al que se considera mediocre, como se puede comprobar con un simple repaso de los cat¨¢logos editoriales. No s¨®lo se nos coloniza as¨ª con la televisi¨®n y otros productos culturales, sino que se pone a su servicio nuestro papel premiado y nuestro dinero a trav¨¦s de los beneficios fiscales. No se comprende que el pa¨ªs con m¨¢s bajo nivel de lectura de Europa sea una de las primeras potencias mundiales en la publicaci¨®n de t¨ªtulos, superando incluso a Francia, salvo que aceptemos que eso se debe a que, en parte, nuestra industria editorial se dedica a envasar y exportar productos residuales de otras culturas, saturando con ello nuestro mercado nacional y el del mundo hispanohablante. ?Bien venidas sean las traducciones que enriquezcan nuestra propia cultura! Pero que no se nos convierta, como en tantos otros aspectos de nuestra vida econ¨®mica, en simple mercado de materias primas -y entre ellas, como fundamental, la de mano de obra barata-, en un brazo de las multinacionales.

3. Llama el articulista corto aliento gremial a la petici¨®n de los escritores de que se imponga un canon a la edici¨®n de las obras en dominio p¨²blico para ingresar en un fondo con destino a fines culturales y de previsi¨®n social, o para que dichos libros tengan un precio especial o parte de la edici¨®n pueda ser destinado a bibliotecas p¨²blicas y otros organismos culturales. En primer lugar, resulta obvio que los empresarios, en este caso los editores, transmiten su propiedad a sus descendientes y herederos sin limitaci¨®n en el tiempo, lo cual ya les descalifica para opinar sobre si debe o no limitarse la pro piedad ajena. Pero ya sobrepasa cualquier delirio posesorio el pretender tambi¨¦n convertirse en herederos ¨²nicos, a t¨ªtulo gratuito, de la propiedad ajena, en este caso la intelectual. As¨ª ha venido suce diendo, por desgracia, hasta hoy. A lo que se oponen los escritores es a una expropiaci¨®n forzosa sin indemnizaci¨®n alguna. Lo que piden es que el dominio p¨²blico inte lectual lo sea realmente como el de las dem¨¢s propiedades, es decir que pase a la comunidad y sea el Estado su titular o administrador y que el canon o tasa feudal, como delicadamente se denomina en el art¨ªculo que comentamos, prove niente de la publicaci¨®n de las obras en dominio p¨²blico no vaya a parar a bolsillos particulares. Se trata, en definitiva, de que el heredero de los escritores sea la comunidad y no ning¨²n particular, y de evitar toda esa picaresca que reafl zan en torno a las obras de dominio p¨²blico, incluso deform¨¢ndo las y mutil¨¢ndolas a su antojo.

4. Resulta pasmoso que se llame rentistas a los escritores, de entre los cuales s¨®lo algunas excepciones pueden vivir de sus raqu¨ªticas rentas, y se abogue con tanta pasi¨®n, digna de mejor causa, por un opulento empresariado que adem¨¢s est¨¢ siendo absorbido por los oligopolios de las multinacionales./ Comisi¨®n ejecutiva permanente de la ACE,