Los antiabortistas de EE UU promueven una investigaci¨®n de los centros de planificaci¨®n familiar

Los grupos antiaborto de Estados Unidos han conseguido que se abra una investigaci¨®n federal en torno a las asociaciones de planificaci¨®n familiar para determinar si usan ilegalmente fondos del Gobierno para financiar abortos como uno de los medios de control de natalidad.No hace mucho, todos ellos se reunieron en Arlington (Virginia) en su conferencia anual Unity 81, en apoyo de la propuesta del senador republicano por Utah, Orrin Hatch, para que se apruebe una enmienda constitucional que ilegalice el aborto.

Al menos 35 de las 188 asociaciones de planned parenthood (paternidad planificada o planificaci¨®n familiar) que existen en el pa¨ªs han sido ya investigadas por inspectores del Departamento de Servicios para la Salud y por la oficina de contabilidad general. Ambas auditor¨ªas comenzaron en parte, al menos, a propuesta de los grupos antiaborto, y la segunda se hizo por encargo directo de los senadores republicanos Orrin Hatch y Jeremiah Denton, que tambi¨¦n son los promotores de la Chastity Bill, una ley para inculcar la castidad entre los j¨®venes.

Hasta el momento, las investigaciones han dado resultados negativos y se ha podido comprobar que ninguna de las asociaciones sometidas a inspecci¨®n dedican fondos del Estado para financiar abortos. Los representantes de estas asociaciones han hecho p¨²blica su protesta por lo que consideran "una improcedente serie de auditor¨ªas que representan un abuso de poder y una manipulaci¨®n del Gobierno por los grupos de presi¨®n opuestos al aborto". La presidenta de las planned parenthood, Faye Watleton, acus¨® tambi¨¦n, a los inspectores de investigar aspectos privados de los asociados alegando razones t¨¦cnicas.

Seg¨²n el vicepresidente de las asociaciones de planificaci¨®n familiar, W. Paul, la amplitud de las investigaciones a que est¨¢n siendo sometidas las asociaciones en la actualidad no es la habitual, y los inspectores no revisan s¨®lo los libros financieros, sino tambi¨¦n los documentos confidenciales de las pacientes. En Connecticut, los directivos de la asociaci¨®n se negaron a que fueran inspeccionados los documentos de las pacientes (en los que se registran si han sido sometidas a abortos), alegando que la ley protege la privacidad.

La preocupaci¨®n de los miembros de las asociaciones de planificaci¨®n familiar es compartida por algunos representantes dem¨®cratas. Dos de ellos, John Dingell, por Michigan, y Henry Waxman, por California, enviaron la semana pasada una carta al secretario del Departamento de los Servicios para la Salud, Richard Schweiker, en la que se?alan que estas investigaciones simult¨¢neas, llevadas a cabo por dos agencias del Gobierno, suponen "un doble gasto para el Estado" y tambi¨¦n muestran su preocupaci¨®n por "la imagen de los agentes federales husmeando entre los informes m¨¦dicos personales de las cl¨ªnicas de planificaci¨®n familiar", al tiempo que solicitan de la Administraci¨®n una clarificaci¨®n sobre el tema del aborto.

El presidente Reagan se mostr¨® abiertamente contrario al aborto durante su campa?a electoral el pasado a?o, y recientemente declar¨® a un grupo de antiabortistas: "Estoy deseando que una de las leyes antiaborto llegue a la mesa de mi despacho para firmarla". Tanto Reagan como algunos miembros de su equipo de la Casa Blanca, como el doctor Everret Koop y Marjory Mecklenbrug, jefa de la Oficina de Programas para la Salud, se han mostrado totalmente partidarios de enmendar la Constituci¨®n para ilegalizar el aborto.

Como ese proceso es largo y exige que se apruebe en la C¨¢mara de Representantes y en el Senado, una de las v¨ªas elegidas en la campa?a antiaborto ha sido abrir estas investigaciones en los centros de planificaci¨®n familiar acusados de dedicar los fondos del Gobierno para facilitar los abortos, en base a "informaciones recibidas".

En la inspecci¨®n llevada a cabo en la planned parenthood de la ciudad de Nueva York, el pasado mes de septiembre, se comprob¨® que no se usaban fondos del Estado para realizar los abortos. Sin embargo, los investigadores volvieron la semana pasada para saber si la asociaci¨®n hab¨ªa usado dinero del Gobierno para financiar uno de los anuncios que public¨® en la Prensa local acusando "a las fuerzas pol¨ªticas del ala m¨¢s radical de la derecha de promover una campa?a para declarar el aborto fuera de la ley". En esta ocasi¨®n tambi¨¦n la investigaci¨®n result¨® negativa. La asociaci¨®n de Nueva York tiene un presupuesto anual de 8,5 millones de d¨®lares (m¨¢s de 800 millones de pesetas), incluidos los 489.000 d¨®lares que recibe del Estado. Seg¨²n un portavoz de la asociaci¨®n, el a?o pasado se sometieron a aborto un total de 10.000 asociadas, "pero todas estas operaciones se financian con dinero propio".