El Pleno del Congreso aprueba la supresi¨®n de la Prensa del Estado y la privatizaci¨®n de sus medios

El Pleno del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer el proyecto de ley de supresi¨®n de los Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado -la antigua Prensa del Movimiento- con una sola variaci¨®n respecto al texto presentado por UCD: las tres quintas partes del total de la plantilla de los trabajadores de los peri¨®dicos que vayan a ser sometidos a subasta p¨²blica podr¨¢n formar sociedades de redactores o cooperativas. La redacci¨®n inicial contemplaba que esta proporci¨®n, en lugar de los tres quintos -aprobados gracias a una enmienda presentada por la Minor¨ªa Catalana-, fuera superior a los dos tercios.

El Grupo Socialista del Congreso defendi¨®, al comienzo de los debates parlamentarios de ayer tarde, una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de UCD, por entender, entre otras cosas, que contraven¨ªa el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n. Dicho art¨ªculo, en su apartado tercero, dice lo siguiente: ?La ley regular¨¢ la organizaci¨®n y el control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n social dependientes del Estado o de cualquier ente p¨²blico, y garantizar¨¢ el acceso a dichos medios de los grupos sociales y pol¨ªticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espa?a?.Por esta raz¨®n, el socialista Gregorio Peces-Barba anunci¨® que, de aprobarse finalmente esta ley, presentar¨ªan un recurso de anticonstitucionalidad, decisi¨®n que fue respaldada por los comunistas. Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) considera, por el contrario, que la existencia de una Prensa estatal es constitucional, pero defiende su supresi¨®n por razones ideol¨®gicas. ?Carece de justificaci¨®n en un contexto pol¨ªtico pluralista y democr¨¢tico?, dijo el representante centrista Guillermo Medina. La enmienda a la totalidad de socialistas y comunistas fue rechazada por los votos en contra de UCD, CD y la Minor¨ªa Vasca.

Las incautaciones

Otro de los temas conflictivos de los debates de este proyecto de ley fue el referente a las incautaciones de la propiedad de estos medios de comunicaci¨®n. El socialista Pedro Bofill record¨® que las instalaciones de algunos de los peri¨®dicos del Movimiento fueron incautados por Franco a sus leg¨ªtimos propietanos, por lo que la subasta p¨²blica que pretende UCD para su privatizaci¨®n, adem¨¢s de avalar una norma franquista, a su juicio, perjudica los intereses de aqu¨¦llos.

Por el contrario, el secretario general de UCD, I?igo Cavero, manifest¨® a EL PAIS que cuando ¨¦l era ministro de Cultura encarg¨® un estudio sobre la propiedad de los solares y edificios de la Prensa del Movimiento, y ?result¨®?, dijo, ?que ninguno de ellos fue incautado, y que todos fueron comprados por los nuevos propietarios del r¨¦gimen franquista?.

Una puntualizaci¨®n del centrista Guillermo Medina, referente a que en los treinta a?os de plazo que marca la ley para presentar recursos de protesta por las incautaciones nadie hab¨ªa hecho uso de tal derecho, provoc¨® abucheos y pateos en los bancos de la izquierda, por entender que ?a ver qui¨¦n era el guapo que con Franco vivo se atrev¨ªa a reclamar tal derecho?, en palabras de la diputada comunista Pilar Brabo.

P¨²blica subasta

Seg¨²n el actual proyecto de ley de UCD, que, previsiblemente, saldr¨¢ aprobado despu¨¦s de su paso por el Senado, ya que cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, los peri¨®dicos de la antigua cadena del Movimiento saldr¨¢n a p¨²blica subasta tras la correspondiente valoraci¨®n de la Delegaci¨®n de Hacienda, y ser¨¢n adquiridos por ?personas naturales o Jur¨ªdico-privadas en la forma prevista en el reglamento de la ley de Patrimonio del Estado y en las disposiciones que dicte el Gobierno para la ejecuci¨®n y desarrollo de la presente ley?.

Este art¨ªculo suscit¨® las protestas de la izquierda y del diputado de Euskadiko Ezkerra Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, porque excluye la posibilidad de que los ayuntamientos o las comunidades aut¨®nomas puedan pasar a ser propietarios de dichos peri¨®dicos.

Durante los treinta d¨ªas siguientes a haberse ejecutado la subasta, los trabajadores tienen derecho a seguir empleados en el peri¨®dico, y, si no lo desean, pueden pasar a f¨®rmar parte de la Administraci¨®n del Estado. Si transcurridos dos a?os desde que el nuevo propietario se hiciera cargo de la publicaci¨®n, ¨¦ste planteara una reestructuraci¨®n de plantilla, los empleados que se quedaran sin trabajo podr¨ªan acogerse igualmente al beneficio de pasar a ser funcionarios de la Administraci¨®n p¨²blica.

En el supuesto de que en las tres convocatorias de subasta que marca la ley nadie comprara el peri¨®dico, los trabajadores tienen derecho a formar parte de la Administraci¨®n del Estado o a ser indemnizados con una cantidad equivalente al salarlo de un mes por a?o trabajado, siempre que no se superen las 42 mensualidades.

Este tratamiento, que se aplica para garantizar que los trabajadores de la antigua Prensa del Movimiento no se queden sin empleo -en la actualidad se calcula que estos empleados rondan la cifra de los 3.000-, ha satisfecho, en general, a todos los grupos parlamentarios, si bien la izquierda pretend¨ªa que para constituir las sociedades de redactores se exigiera menor n¨²mero de trabajadores y m¨¢s tiempo que el plazo de treinta d¨ªas que marca el actual proyecto de ley para poder pagar la parte que les corresponda en la propiedad del peri¨®dico, o bien que se les facilitaran cr¨¦ditos oficiales para poder hacer frente a los gastos.