Los Presupuestos del Estado y Andaluc¨ªa

En un primer y elemental an¨¢lisis ya se sabe que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son los gastos previstos para un a?o determinado, 1982 en este caso, que, en comparaci¨®n con los ingresos, puede arrojar un balance cero, positivo o de d¨¦ficit. Desde este punto de vista cabe plantearse si es posible y conveniente mantener, aumentar o disminuir ingresos y gastos y modificar el balance. La respuesta a las distintas alternativas tendr¨¢n que estar en funci¨®n de a qui¨¦n beneficiar¨ªan o perjudicar¨ªan tales medidas. Es decir, la cuesti¨®n capital estriba en la distribuci¨®n del PGE, y esto a dos niveles: la relaci¨®n inversi¨®n p¨²blica/privada, por un lado, y la distribuci¨®n territorial, por otro.El Estado espa?ol se caracteriza por las fuertes diferencias interterritoriales, cuya soluci¨®n no puede esperarse del libre juego de la econom¨ªa de mercado (generadora o, cuando menos, potenciadora de las dependencias internas), que invierte all¨ª donde obtiene mayores beneficios, creando causaciones acumulativas. La rotura de los c¨ªrculos viciosos del subdesarrollo s¨®lo ser¨¢ posible con una fuerte inversi¨®n p¨²blica, que cree puestos de trabajo donde m¨¢s se necesitan por medio de empresas p¨²blicas bien administradas (el argumento de la mayor rentabilidad de la privada no es v¨¢lido como principio, sino en funci¨®n de una mala gesti¨®n p¨²blica). A pesar de todo esto, los PGE para 1982 suponen una regresi¨®n respecto al a?o anterior en inversiones p¨²blicas: 25% y 31%, respectivamente.

Sobre distribuci¨®n espacial, s¨®lo el 72,8% de las inversiones reales est¨¢ regionalizado, cuando es indudable que todo el PGE debe tener una plasmaci¨®n territorial (incluyendo la capital estatal), salvo que una parte del mismo no tenga m¨¢s dimensi¨®n que los pocos metros cuadrados de un corto n¨²mero de personas. Si se cumplen las previsiones, Andaluc¨ªa recibir¨¢ el 13,6% de las inversiones reales, lo que es inferior a lo que le corresponde en extensi¨®n y poblaci¨®n dentro del Estado. Nada se dice del Plan de Urgencia de Andaluc¨ªa (PUA), mientras s¨ª se reservan varios miles de millones para la reconversi¨®n industrial, que obviamente ir¨¢ a parar a las zonas industrializadas.

El Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial emplea medios insuficientes y realiza un reparto que nada tiene que ver con la ley de Ordenaci¨®n Financiera de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), que preve¨ªa una distribuci¨®n teniendo en cuenta la renta, tasas de emigraci¨®n, extensi¨®n, etc¨¦tera. El Fondo de Compensaci¨®n ni es en realidad un fondo aceptable, ni va a compensar nada.

Mientras tanto, en Andaluc¨ªa la tasa de paro pas¨® del 15,3% en 1979 al 18,4%. en 1980 y el 21%, aproximadamente, en lo que va de a?o. Se mantiene la limosna del empleo comunitario, cuyos inconvenientes ya hemos manifestado en otras ocasiones, y se aplican medidas coyunturales a problemas estructurales y seculares. En relaci¨®n a la sequ¨ªa, tema candente en el campo andaluz, no basta con parches o ayudas moment¨¢neas; es necesario prever las irregularidades clim¨¢ticas (estamos precisamente en una zona de fuerte irregularidad, sobre todo pluviom¨¦trica, tanto a nivel estacional como interanual, y esto se sabe hace mucho tiempo), aumentando el n¨²mero de embalses (acondicion¨¢ndolos expresamente, si fuera preciso), repoblando amplias zonas deforestadas para crear reservas h¨ªdricas, etc¨¦tera.

Hay que se?alar dos fallos de tipo econ¨®mico del Gobierno central respecto a Andaluc¨ªa: uno, que da la impresi¨®n de que el Estado concede algo a alguien que nada tuviera que ver con ese Estado, es decir, como si fuese cosa distinta. Como si se pidiese desde fuera y hubiese que medir, escatimar, regatear, enga?ar... El otro es la no explotaci¨®n de la potencialidad econ¨®mica andaluza a muchos niveles, manteniendo una divisi¨®n del trabajo dentro del Estado muy discutible.

Esta es la raz¨®n de las movilizaciones -encierros, asambleas, etc¨¦tera- que vienen desarrollando los jornaleros desde el 23 de noviembre en la provincia de C¨¢diz ante la grave situaci¨®n del campo andaluz, reflejada en esos 124.000 jornaleros en paro, a lo que hay que a?adir la angustia y desesperaci¨®n de miles de campesinos a causa de la prolongada sequ¨ªa. Debe ser ahora, con la discusi¨®n del PGE -a¨²n pendiente del Senado-, cuando se deben reflejar estos aspectos para que en el futuro dejemos de mirar al cielo y depender de la limosna y la emigraci¨®n.

Ahora se est¨¢ a tiempo, y en Andaluc¨ªa s¨ª son posibles las soluciones.