La liquidaci¨®n del Presupuesto y el d¨¦ficit p¨²blico

LAS PRIMERAS estimaciones oficiales se?alan que el d¨¦ficit del sector de las administraciones p¨²blicas -Administraci¨®n central, entidades territoriales, Seguridad Social y organismos aut¨®nomos- durante 1981 se sit¨²a en torno a los 700.000 millones de pesetas, sin alcanzar los 800.000 millones temidos por la banca privada. De esa cifra est¨¢ excluido, en cualquier caso, el d¨¦ficit de las empresas p¨²blicas, pendientes todav¨ªa de ese estatuto que tal vez les permita librarse en el futuro de su vergonzante funci¨®n de asilo de ex ministros y pol¨ªticos ca¨ªdos en desgracia.El ministro de Hacienda ha presentado el c¨¢lculo del d¨¦ficit como una liquidaci¨®n provisional, lo que abre paso a la sospecha de que los resultados hayan sido maquillados mediante ajustes contables parciales destinados a embellecerlos. Nada se dice, as¨ª, sobre las operaciones extrapresupuestarias, que habitualmente representan alrededor de un 10% de las actividades presupuestarias. Tampoco ha sido explicado el brusco crecimiento en la recaudaci¨®n del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas, al igual que en las cotizaciones a la Seguridad Social, si bien es probable que este sorprendente y agradable fen¨®meno se deba a una mayor exigencia de la Administraci¨®n para con las empresas p¨²blicas. En el supuesto de que estos arreglos hayan sido efectivamente realizados, con el obvio prop¨®sito de permitir al Gobierno apuntarse una efimera victoria en la pol¨¦mica sobre la magnitud del d¨¦ficit, la operaci¨®n tendr¨ªa el doble efecto negativo de desvirtuar el conocimiento fidedigno de la realidad econ¨®mica y desviar moment¨¢neamente la atenci¨®n de los ciudadanos sobre el grave problema de la gesti¨®n de los recursos colectivos -nacidos de los impuestos- por las diversas administraciones p¨²blicas.

Los defensores de la estrategia econ¨®mica gubernamental justifican los incrementos del gasto p¨²blico, parcialmente registrado en el d¨¦ficit, por el papel antic¨ªclico que el Estado debe desempe?ar en tiempos de crisis para suavizar los efectos depresivos. De acuerdo con esta interpretaci¨®n, el d¨¦ficit no ser¨ªa el resultado de un descontrol generalizado de la Administraci¨®n p¨²blica, sino una inevitable consecuencia de la crisis econ¨®mica. El Gobierno, de a?adidura, subraya, con mal disimulada reticencia, los incrementos de gasto debidos a mandatos parlamentarios (como la modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas o las pensiones para los vencidos en la guerra civil) y a compromisos especiales (como los derivados del Acuerdo Nacional sobre Empleo). Ahora bien, forzoso es se?alar que los pretendidos prop¨®sitos antic¨ªelicos de la pol¨ªtica presupuestaria no s¨®lo no han relanzado la actividad econ¨®mica, sino que han provocado una mayor inflaci¨®n y un menor crecimiento. En cuanto a las lamentaciones del banco azul ante los compromisos de nuevos gastos asumidos por el Congreso de los Diputados, parece ocioso recordar, que el Gobierno cuenta con el grupo parlamentario m¨¢s numeroso en las Cortes Generales que es un claro s¨ªntoma de mala gesti¨®n asumir obligaciones que, lejos de contribuir a encauzar la situaci¨®n econ¨®mica, pueden f¨¢cilmente dificultar los ajustes necesarios para su relanzam¨ªento.

Tanto la defensa de la liquidaci¨®n provisional del pasado ejercicio Presupuestario como las diversas explicaciones y excusas del Gobierno para justificar los incrementos del gasto p¨²blico no parecen descansar sobre los pilares de una pol¨ªtica econ¨®mica elaborada, coherente, firme y previsora, que se proponga orientar a las fuerzas sociales, a los agentes econ¨®micos y a los grupos pol¨ªticos para salir de la crisis. No es todav¨ªa seguro que el d¨¦ficit de 1981 se mantenga por debajo de los 700.000 millones de pesetas, mientras que el d¨¦ficit pre visible para 1982 superar¨¢ muy probablemente los 900.000 millones. La financiaci¨®n del d¨¦ficit a trav¨¦s de la banca privada -v¨ªa bonos del Tesoro y certificados de dep¨®sito- garantizar¨¢ a las entidades de cr¨¦dito unos buenos resultados y les suministrar¨¢ una c¨®moda coartada para seguir desinteres¨¢ndose de la financiaci¨®n de la actividad productiva.

Ser¨ªa deseable que el Congreso de los Diputados cele brara, al reanudar sus sesiones, un debate a fondo en tor no a la actuaci¨®n del sector p¨²blico que permitiera cono cer su influencia sobre una econom¨ªa que, pese a las much¨ªsimas tareas pendientes de realizar, sestea en el estancamiento o inicia su marcha atr¨¢s con un elevado n¨²mero de recursos sin emplear y con cerca de dos millones de trabajadores en paro forzoso. ?Cu¨¢les son las causas de los incrementos en el gasto p¨²blico y qu¨¦ papel corresponde en ese aumento a los gastos corrientes o falsamente productivos? ?De d¨®nde procede el elevado d¨¦ficit de la Seguridad Social Agraria y cu¨¢les son sus efectos? ?C¨®mo se administra el seguro de desempleo y de qu¨¦ forma van a instrumentar el Ministerio de Trabajo, las organizaciones patronales y las centrales sindicales la lucha contra el fraude en la percepci¨®n de ese subsidio? ?No ser¨ªa posible sustituir el Procedimiento inventado desde los despachos del Ministerio de Indusiria para financiar las reestructuraciones industriales sectoriales por otra f¨®rmula menos burocr¨¢tica y m¨¢s barata, con la colaboraci¨®n de los bancos privados y de la banca p¨²blica? Estas preguntas y sugerencias constituyen s¨®lo un peque?o muestrario de las numerosas cuestiones que los diputados pueden y deber¨ªan plantear en la C¨¢mara antes de discutir y aprobar una sustanciosa elevaci¨®n de sus honorarios y dietas. La debilidad parlamentaria del Gobierno Calvo Sotelo y el comprensible deseo de la oposici¨®n de no provocar unas elecciones anticipadas al derribarlo obligar¨¢n seguramente a dejar para la pr¨®xima legislatura un buen n¨²mero de proyectos de ley, especialmente aquellos en que resulte imposible la concerta ci¨®n entre centristas y socialistas. Ahora bien, los representantes de la soberan¨ªa popular podr¨ªan dedicar una mayor parte de su tiempo a proporcionar a sus elec tores una informaci¨®n amplia y comprensible sobre la situaci¨®n y el futuro de la econom¨ªa espa?ola, as¨ª como emprender un debate serio y exento de justificaciones apolog¨¦ticas o de cr¨ªticas demag¨®gicas sobre la forma en que la Administraci¨®n central, la Seguridad Social, las comunidades aut¨®nomas, la administraci¨®n local y las empresas p¨²blicas gestionan los recursos colectivos y los impuestos de los ciudadanos.