El juez toma declaraci¨®n a veinte ex consejeros de Fidecaya

Los dos ¨²ltimos propietarios de Fidecaya siguen a disposici¨®n del Juzgado n¨²mero cinco de la Audiencia Nacional, tras haber sido detenidos en la noche del martes, horas depu¨¦s de que el ministerio fiscal les denunciara por presuntos delitos de estafa. El juez inici¨® ayer tarde la toma de declaraciones a una veintena de miembros de los ¨²ltimos consejos de administraci¨®n de dicha entidad, labor que continuar¨¢ hoy. Entre tanto, ha trascendido que el d¨¦ficit patrimonial de la empresa ha sido estimado provisionalmente en m¨¢s de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella. El contrato de compra firmado por Rumasa el 24 de diciembre sigue sin recIbir el visto bueno del Gobierno, quien podr¨ªa prominciarse la pr¨®xima semana.

Seg¨²n medios del juzgado, la privaci¨®n de libertad de Miguel Soriano Carrasco y Vicente Edmundo Alfaro se mantendr¨¢ hasta que el juez, Francisco Jos¨¦ Castro Meije, termine la pr¨¢ctica de pruebas y testificaciones propuestas por el fiscal. Para ello, y con el fin de determinar s¨ª procede el procesamiento de alguno de ellos o de los dos, dispone de tres d¨ªas, que terminar ma?ana. En este plazo puede tambi¨¦n citar a declarar a los testigos que propongan los defensores, quienes se mostraron ayer dispuestos a solicitar la presencia de altos cargos de la Administraci¨®n.Las citadas fuentes se?alaron que Soriano Carrasco, quien vendi¨® Fidecaya a Alfaro la pasada primavera, sigue desde el mi¨¦rcoles bajo prisi¨®n incondicional, en el centro de Alcal¨¢ de Henares. Por su parte, Edmundo Alfaro, presidente de varias empresas, entre ellas Cemesa, con cesionaria de la gr¨²a madrile?a, pas¨® la primera noche detenido en los calabozos del juzgado de guardia, donde permanecer¨¢ hasta que Castro Meije disponga.

Entre la veintena de persona citadas a testificar figuran Santiago Segura Ferns, Antonio Masa Godoy, Arturo Baldasano, Jes¨²s Carretero, Raquel Angulo, Santiago Estrada, Luis Tejero Antonio Fern¨¢ndez, Fernando Calafat, Herminio Valdo, Alvaro Mu?oz L¨®pez, -Jes¨²s Santo

Rein, Carlos Barba, y Antonio Urbano. Algunos de los testigo no pudieron comparecer por encontrarse fuera de Madrid. Se trata, en s¨ªntesis, de representantes de los propietarios de Fideca ya en los ¨²ltimos consejos de administraci¨®n, as¨ª como de alguno que figuraba a propuesta de la Administraci¨®n o del Banco de Espa?a, debido a que el Banco de Promoci¨®n de Negocios, saneado el a?o pasado por intervenci¨®n de la autoridad monetaria, ten¨ªa acciones de Fidecaya.

Medios allegados a Vicente Edmundo Alfaro declararon ayer que "est¨¢ completamente tranquilo" y "no tiene nada que temer", pues Fidecaya s¨®lo le ha deparado p¨¦rdidas -las estiman en unos 1.500 millones de pesetas- y la Administraci¨®n conoc¨ªa todas las operaciones que ahora sirven de base a la querella del fiscal. Por ello anunciaron su disposici¨®n inicial a aportar documentos en este sentido, asi como a solicitar la comparecen cia de altos cargos de la Admi nistraci¨®n. De los representante de Soriano no fue posible conse guir declaraci¨®n alguna.

Bases de la denuncia

Las bases de la querella de Fiscal por presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a ¨¦l remitidos, dos por la Direcci¨®n General de Seguros y otro por la comisi¨®n liquidadora interministerial nombrada por el Gobierno.

Como inform¨® ayer este peri¨®dico, el primero fue enviado en julio de 1980 despu¨¦s de que una Inspecci icial pusiera de relieve en febrero la defectuosa estructura de las inversiones y detectara un d¨¦ficit patrimonial. Por aquellas fechas, dicha direcci¨®n conmin¨® a Soriano Carrasco a sanear o disolver la empresa, si bien luego acept¨® la propuesta hecha por ¨¦ste de ampliar capital en mil millones de pesetas, mediante aportaci¨®n de bienes.

El segundo pas¨® al Fiscal a finales de agosto pasado. Paralelamente, el Gobierno, ante diversas irregularidades y el agotamiento de liquidez causado por la retirada de mil millones de pesetas de dep¨®sitos, decidi¨® liquidar la empresa y garantizar a los ahorradores la devoluci¨®n en un ano de casi 15.000 de los 16.000 millones contabilizados.

Miles de millones por medio

Los ¨²ltimos papeles fueron remitidos por los liquidadores coincidiendo con la dimisi¨®n de su presidente y otro miembro de la comisi¨®n interministerial, al parecer por la complejidad de su trabajo y las escasas facilidades encontradas en la Administraci¨®n. Este paquete se refer¨ªa a la venta de Gr¨¢ficas Cosol, empre sa con 102 trabajadores, precursora del pol¨ªgono industrial de Guadalajara y que lleg¨® a impri mir los diarios Mundo Obrero y El Alc¨¢zar, ¨®rganos respectivos del PCE y de los excombatientes que preside Gir¨®n de Velasco.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas y de la Administraci¨®n, la querella del fiscal que han conocido no llega a la media docena de p¨¢ginas. En resumen, dice que, antes de la decisi¨®n de extinguir Fidecaya, ocurrieron los siguientes hecho que pueden constituir delito de estafa:

- Miguel Soriano (empresario de Albacete que control¨® Fidecaya desde 1968, diecis¨¦is a?os despu¨¦s de su fundaci¨®n, a 1971) vendi¨® la finca Prado largo (unas 500 hect¨¢reas situadas en Aranjuez, a cuarenta kil¨®metros de Madrid) a Fidecaya y varias de su medio millar de filiales inmobiliarias y financieras. El precio fue superior a los 2.000 millones de pesetas. Los pagos se efectuaron con cr¨¦ditos procedentes de Fidecaya (el pasado 30 de julio todas sus filiales deb¨ªan a la entidad casi 10.000 millones de pesetas). El fruto de la venta habr¨ªa servido a Soriano para comprar Fidecaya, de la que en diciembre de 1978 ten¨ªa el 99,57% de las acciones. Sustituy¨® as¨ª en la propiedad a varios bancos, financieras y personas fisicas.

- Desde entonces, Soriano hizo varias operaciones, entre ellas un cruce de acciones que le depar¨® el control de Promobane. Pero la que centra la atenci¨®n del fiscal es que, tras la citada inspecci¨®n de la Direcci¨®n General de Seguros y su requerimiento de aumento de capital, Soriano aport¨® bienes que valoraba en mil millones de pesetas. Valor que fue revisado en marzo de 1981 por el consejo de administraci¨®n de Fidecaya, entonces controlado por la autoridad a trav¨¦s de la intervenci¨®n de Promobanc y la Administraci¨®n. Los bienes se cifraron entonces en 189 millones de pesetas. Ante ello, el pasado 24 de abril, y en virtud del art¨ªculo 32 de la ley de Sociedades An¨®nimas, Soriano opt¨® por retirar su aportaci¨®n. No obstante, algunos consideraron el hecho un intento de defraudaci¨®n. La auditor¨ªa realizada entonces al grupo de empresas hablaba de un d¨¦ficit patrimonial de 4.056 millones de pesetas a 30 de junio de 1980, aunque estirriaba que ser¨ªan 5.309 millones a finales de a?o.

- Poco despu¨¦s, el pasado 8 de mayo, la Direcci¨®n General de Seguros requiere de nuevo el restablecimiento del equilibrio patrimonial. Pero el 27 de abril Soriano hab¨ªa vendido Fidecaya, en documento privado a Alfaro y su grupo, a una peseta por acci¨®n y a cambio de que asumieran todas sus deudas y obligaciones frente, a Fidecaya y Promobanc (varios miles de millones de pesetas). La atenci¨®n del fiscal se centra aqu¨ª, no obstante, en la venta casi paralela, posteriormente conocida, de Gr¨¢ficas Cosol, cuyas acciones las pas¨® luego Alfaro a Fidecaya, aunque dijo que lo adquir¨ªa para s¨ª y su grupo de empresas. El precio fijado por Soriano a Alfaro, ahora considerado excesivo por algunos informantes, fue 850 millones de pesetas, a pagar en letras libradas por Cemesa y aceptadas por Fidecaya, pese a que se desconoce que esta entidad de ahorro debiera nada a Cemesa. Al enterarse los liquidadores no pagaron, aunque Cemesa s¨®lo protest¨®, sin llegar a ejecutar, una letra, seg¨²n fuentes de la misma.

Parada la compra por Rumasa

As¨ª las cosas, fuentes de la comisi¨®n liquidadora afirmaron ayer desconocer oficialmente la querella. Insistierion en que el contrato firmado el 24 de diciembre con Rumasa, para transferirle el encargo de la devoluci¨®n de ahorros que faltan y los restos de Fidecaya a cambio de reintegrar al Estado las garant¨ªas prestadas, est¨¢ pendiente de.la aprobaci¨®n Final del Gobierno. Entre tanto, las estimaciones de la auditor¨ªa, que ser¨¢ terminada dentro de varias semanas, cifran ya el d¨¦ficit patrimonial de la entidad, cuando el Gobierno decidi¨® liquidarla, en m¨¢s de 1.000 millones de pesetas.