El 'decreto de los radicales' de la RFA afect¨® a 800 izquierdistas en un decenio

Cuando se cumplen diez a?os de la entrada en vigor del llamado decreto de los radicales contra el acceso de extremistas a la Administraci¨®n p¨²blica en la Rep¨²blica Federal de Alemania, por lo menos 866 personas fueron rechazadas por su ideolog¨ªa o actividad pol¨ªtica, y en 780.000 casos los servicios secretos consultaron sus ficheros sobre la fidelidad a la Constituci¨®n de los aspirantes a funcionarios.

El 28 de enero de 1972, en una reuni¨®n del entonces canciller, el socialdem¨®crata Willy Brandt, con los presidentes de Gobierno de los Estados federales, se aprob¨® el "acuerdo de los jefes de gobierno de la federaci¨®n y los Estados federales", que luego pasar¨ªa a la historia con el nombre de decreto de los radicales.El decreto estableci¨® que "todo aspirante que desarrolla actividades contrarias a la Constituci¨®n no puede obtener un empleo en la Administraci¨®n p¨²blica" y que s¨®lo pueden ser funcionarios del Estado "los que ofrezcan garant¨ªas de actuar en todo tiempo conforme al orden liberal y democr¨¢tico fundamental".

Al amparo de la defensa de la Constituci¨®n, se puso en marcha una aut¨¦ntica caza de brujas que lleg¨® a asustar a los mismos padres del decreto de los radicales. Willy Brandt reconoci¨® que "fue un error", y los da?os causados al Estado democr¨¢tico fueron superiores a los peligros que se trataba de conjurar.

'Actividades anticonstitucionales'

De hecho, el decreto de los radicales se aplic¨® s¨®lo contra los izquierdistas, y apenas en una docena de casos contra extremistas de derechas. Entre los empleados en los servicios p¨²blicos se llegaron a dar denuncias e interrogatorios de personas por presuntas actividades anticonstitucionales.El mecanismo puesto en marcha por Willy Brandt y por los presidentes de Gobierno lleg¨® incluso a molestar a los funcionarios de los servicios secretos y a la polic¨ªa, que se quejaron de que "por tantas consultas sobre los antecedentes de aspirantes a ingresar en la Administraci¨®n no nos queda tiempo para nuestro verdadero trabajo de perseguir a los terroristas y a esp¨ªas".

Hasta ahora, los intentos de acabar con el decreto de los radicales han resultado in¨²tiles. La Administraci¨®n de justicia y la burocracia estatal no renuncia a un arma represiva que se aplica todav¨ªa hoy, aunque en menor medida que en los a?os setenta.

El decreto de los radicales es una mancha en la democracia de la RFA. La palabra berufsverbot, prohibici¨®n de ejercer una profesi¨®n por motivos pol¨ªticos, pas¨® a incorporarse al l¨¦xico internacional. En la RFA, un comunista no puede, legalmente al menos, ser conductor de locomotoras, tocar en una orquesta estatal o ser jardinero municipal.

Clima de temor

El peligro mayor del decreto de los radicales no es el del volumen de la represi¨®n, que afect¨® a 866 personas en diez a?os, sino el clima de temor creado en toda una generaci¨®n a partir del movimiento estudiantil de 1968.El premio Nobel de Literatura alem¨¢n Heinrich Boell lleg¨® a escribir que con el decreto de los radicales "la Rep¨²blica Federal se a¨ªsla y se aislar¨¢ todav¨ªa m¨¢s. Llegar¨¢ el d¨ªa en que miraremos con envidia la vida pol¨ªtica y cultural de Espa?a, cuyas reservas democr¨¢ticas, despu¨¦s de cuarenta a?os de dictadura franquista, son m¨¢s fuertes y m¨¢s vivas que las nuestras".

Boell dijo que se iba a crear una nueva generaci¨®n de "hip¨®critas, serviles, amedrentados, oportunistas y cobardes".