Intervenci¨®n oficial en dos aseguradoras, El Porvenir de los Hijos y La Constancia, con 180.000 clientes

Las aseguradoras El Porvenir de los Hijos y La Constancia, que re¨²nen 180.000 clientes, han sido intervenidas con car¨¢cter forzoso por el Ministerio de Hacienda. Su reciente historia, seg¨²n medios del sector, est¨¢ ligada a los responsables de lb¨¦rica de Seguros La Provindence. Esta compa?¨ªa es la primera sobre la que pesa una orden de disoluci¨®n, dictada el 8 de octubre de 1980 y todav¨ªa no ejecutada, con los consiguientes perjuicios a gran parte de sus 50.000 asegurados, que s¨®lo han podido cobrar las cantidades garantizadas en el seguro obligatorio de autom¨®vil.

Las ¨®rdenes de intervenci¨®n para El Porvenir y La Constancia fueron promulgadas a mediados del pasado mes, seg¨²n ha trascendido ahora, despu¨¦s de unos expedientes a que dieron lugar sendas inspecciones realizadas por la Direcci¨®n General de Seguros a mediados de 1981. La primera tiene cerca de 80.000 asegurados, unos 130 trabajadores, y 800 millones de pesetas de p¨®lizas en cartera. La Constancla es de mayor dimensi¨®n: unos 100.000 asegurados, en torno a los mil millones de pesetas en la cartera de primas y 110 empleados.Medida cautelar

Seg¨²n medios del Ministerio de Hacienda, la intervenci¨®n de ambas compa?¨ªas es una medida cautelar, para que todas las operaciones sean supervisadas por el interventor de la Administraci¨®n y no puedan realizarse fugas de fondos. Por ello -a?adieron-, no hay perjuicio para los asegurados, sino mayores garant¨ªas de las que ten¨ªan hasta ahora.

En medios del sector seguros la medida era esperada, pues hace tiempo que se tem¨ªan la crisis. Los rumores crecieron al conocerse que hace un a?o ambas entidades fueron vendidas por el Banco de Madrid, coincidiendo con la compra de ¨¦ste por el Banco Espa?ol de Cr¨¦dito. Los compradores hab¨ªan sido varias empresas relacionadas con Nicol¨¢s Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez, propietario desde hace dos a?os de la compa?¨ªa Ib¨¦rica de Seguros La Providence, hasta entonces en mano de Gonzalo de Borb¨®n Dampierre y de Tom¨¢s y Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez Bordi¨², los dos ¨²ltimos hermanos del marqu¨¦s de Villaverde, yerno de Franco.

Fuentes del Banco de Madrid han se?alado a este peri¨®dico que la venta se realiz¨® con "absoluta normalidad" y que en la misma no intervino Nicol¨¢s Rodr¨ªguez, incluido en los informes bancarios de morosos, al menos directamente. No obstante, se negaron a facilitar m¨¢s detalles. F,n med¨ªos del sector seguros tampoco se conoce c¨®mo se hizo la operaci¨®n, pero se considera extra?o que fuera consentida, al igual que el paso de Ib¨¦rica de Seguros a Nicol¨¢s Gonz¨¢lez. La Administraci¨®n -a?aden- conoc¨ªa desde 1978 la mala situaci¨®n econ¨®mica de esta empresa y su nuevo propietario.

Seg¨²n medios del seguro, resulta evidente la presencia de Gonz¨¢lez en la compra de El Porvenir y La Constancia, aunque se efectuara a trav¨¦s de otras personas (una empresa presidida por Juli¨¢n Espinosa de los Monteros, Occidental de Finanzas y Cr¨¦ditos (OFICSA), y una persona supuestamente interpuesta que luego la vendi¨® a OFICSA). Adem¨¢s de que el presidente de ambas es desde entonces Juli¨¢n Espinosa de los Monteros y Rojo (m¨¦dico de la Seguridad Social y caballero, como ¨¦l, de la Orden Militar y Hospitalaria de San L¨¢zaro de Jerusal¨¦n), el primer director general accidental fue Jos¨¦ Abdad (secretario del consejo de administraci¨®n de Ib¨¦rica), y la directora financiera Pilar Moreno (secretaria durante a?os de Nicol¨¢s).

Sin embargo, no existen datos de que la Administraci¨®n pusiera obst¨¢culo alguno, a pesar de que la Direcci¨®n General de Seguros, como organ¨ªsmo de control del sector, percibe el 0,20% de la recaudaci¨®n de primas (en total, cerca de 300.000 millones de pesetas al a?o). S¨ª ha trascendido, en cambio, que, zi finales del pasado verano, cuando hab¨ªan concluido las inspecciones en El Porvenir y La Constancia, los titulares de ambas empresas afirmaron que Nicol¨¢s Rodr¨ªguez no figuraba ya en sus negocios. Por aquellas fechas, la Administraci¨®n requiri¨® la necesidad de una ampliaci¨®n de capital para inyectar recursos (la quer¨ªan cubrir con acciones de una inmobiliaria), y expres¨® inter¨¦s en no considerar cumplida ninguna operaci¨®n en la que estuviera el citado empresario. Las cautelas han debido mantenerse, a juzgar por la decisi¨®n de intervenirlas.

Cr¨ªticas del sector

La actitud de la Administraci¨®n en torno a Ib¨¦rica es tambi¨¦n criticada en, medios del sector. Recuerdan que no hubo el menor problema. a la entrada de Nicol¨¢s Rodr¨ªguez, y la inspecci¨®n oficial de la compa?¨ªa, previa a la decisi¨®n de disolverla, s¨®lo se realiz¨® despu¨¦s de reiteradas denuncia, de los agentes de seguros, preocupados por el impago de siniestros, que hab¨ªa dado lugar ya a reclamaciones e incluso embargos.

El inspector pudo comprobar que los hechcis denunciados tiempo atr¨¢s por directivos de la empresa eran c:iertos, e incluso hab¨ªa m¨¢s irregularidades. A ra¨ªz de su trabijo, el Ministerio Fiscal interpuso una querella criminal contra Ib¨¦rica, por presunta estafa y falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos. La denuncia, sobrela que no se ha vuelto a tener noticias, se esperaba que implicara a los hermanos Mart¨ªnez Bordi¨², contra quienes sus sucesores plantearon otra querella que termin¨® siendo archivada.

No obstante, consideran mayor fuente de esc¨¢ndalo que todav¨ªa no haya empezado a ejecutarse la orden de disoluci¨®n publicada hace un a?o y cuatro meses en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, con la firma del M¨ªn¨ªstro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos. Esta medida fue dictada sin previa intervenci¨®n de l¨¢ empresa, y despu¨¦s de rechazar una oferta de los directivos y empleados para quedarse con la misma.

Desde entonces, seg¨²n antiguos empleados, lo ¨²nico que se ha hecho es clausurar Ib¨¦rica, poniendo en la calle a 128 trabajadores, quienes todav¨ªa no han cobrado indemnizaci¨®n y a algunos se les ha agotado ya el subsidio de paro. Los asegurados, entre ellos los 35.000 que estaban al corriente del pago de primas, han quedado desamparados, excepto la parte de riesgos del seguro obligatorio de autom¨®viles cubierta por el Fondo Nacional previsto a estos efectos. El desamparo es total para los titulares de las 43.000 p¨®lizas que ten¨ªa la compa?¨ªa en los ramos de accidentes, incendios, responsabilidad civil, robo, cristales, transportes, construcci¨®n, maquinaria y vida.

Los citados medios del sector se?alan que no se ha procedido a la disoluci¨®n porque el consejo de administraci¨®n no ha nombrado los liquidadores a que est¨¢ obligado por ley, y el organismo de control, que design¨® dos interventores de la liquidaci¨®n -el 23 de octubre de 1980, no tiene facultades para actuar. Medios de la Administraci¨®n han afirmado, oficiosamente, que no comprenden estas cr¨ªticas.