El presidente del Club Liberal de Catalu?a ser¨¢ juzgado en breve como presunto implicado en un esc¨¢ndalo financiero

En breve ser¨¢ fijada la fecha del juicio oral por la causa penal iniciada hace quince a?os por el esc¨¢ndalo financiero de la denominada Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a. En la misma aparece como procesado Juan Ignacio Sard¨¢ Ant¨®n, hoy presidente del Club Liberal de Catalu?a, integrado en la federaci¨®n que dirige Antonio Garrigues. Contra Sard¨¢, el ministerio fiscal solicit¨® en su d¨ªa dos penas de prisi¨®n de diez a?os y un d¨ªa, y cuatro a?os, dos meses y un d¨ªa, respectivamente. Junto con Sard¨¢ aparecen procesados. destacados dirigentes de los disueltos sindicatos verticales.

El esc¨¢ndalo financiero de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a (CCPC) puede aspirar a convertirse en el sumario de mayor duraci¨®n y complejidad de toda la historia de la justicia espa?ola. Surgi¨® en 1967, lo que equivale a decir que fue en un momento en que tales esc¨¢ndalos -protagonizados frecuentemente por fieles servidores de la dictadura- ten¨ªan escasa trascendencia p¨²blica, pese a que los damnificados -¨¦stos ya ciudadanos de a pie- se sumaban por cientos.A lo largo de los centenares de folios del sumario aparecen los presuntos delitos de falsedad, apropiaci¨®n indebida y quiebra fraudulenta. Se dan curiosas alusiones de clara trascendencia pol¨ªtica -como gestiones del principal procesado, Vicente Fisas, cerca del almirante Carrero Blanco- y decisiones judiciales importantes, como la declaraci¨®n de la responsabilidad civil subsidiaria de la organizaci¨®n sindical del r¨¦gimen anterior.

Larga duraci¨®n del proceso

Pese a la importancia y complejidad de las actuaciones, es de dif¨ªcil comprensi¨®n la larga duraci¨®n del procedimiento judicial, circunstancia que lleg¨® a preocupar formalmente al letrado defensor de los impositores, el democristiano Joaqu¨ªn Ruiz Gim¨¦nez, cuya actuaci¨®n corri¨® paralela, a lo largo de todos estos a?os, a la del ex ministro de Trabajo Manuel Jim¨¦nez de Parga y la del catedr¨¢tico Rafael Jim¨¦nez de Parga, representando estos ¨²ltimos a la sindicatura de la quiebra. Intervinieron asimismo dos jueces especiales y varios fiscales.

El principal procesado es Vicente Fisas Comella, de 55 a?os de edad. Ocup¨® el cargo de director general de la entidad desde 1957 -a?o en que fue creada bajo el nombre, posteriormente modificado, de Caja de Cr¨¦ditode Gerona- hasta 1967, en que fue detenido. Creada en Gerona y con ¨¢mbito provincial, la sede de la entidad fue trasladada a Barcelona en 1959.

La Caja fue creada con la finalidad de servir de instrumento crediticio y de financiaci¨®n de las cooperativas amparadas bajo el sindicalismo franquista. Se regulaba por las leyes del cooperativismo oficial, pero su campo de operaciones se extendi¨®, en forma sometida a consideraci¨®n judicial, hacia operaciones de cr¨¦dito y ahorro con cuentas e imposiciones a la vista y a plazo de personas no asociadas.

La lista de perjudicados ocupa cien p¨¢ginas

Varias empresas, en cuyos consejos de administraci¨®n figuraban varios de los muchos procesados, se beneficiaron de operaciones de cr¨¦dito de la CCPC.

En 1967, la CCPC quedaba imposibilitada de atender las operaciones corrientes e incluso de peque?a cuant¨ªa ante peque?os impositores, que en n¨²mero de m¨¢s de 12.000 -siempre seg¨²n el fiscal- resultaron perjudicados.

Varios de los procesados fallecieron en el curso de los quince a?os que ha durado la tramitaci¨®n de la causa. Tal es el caso de Antonio Federico Correa-Veglison. Este, previa obtenci¨®n del suplicatorio de las Cortes franquistas, a las que pertenec¨ªa, hab¨ªa sido procesado el 20 de junio de 1969, por el presunto delito de estafa, por una sala del Tribunal Supremo, reunida bajo la presidencia de Adolfo de Miguel. Algunos destacados dirigentes del sindicato vertical, contra quienes se querellaron los perjudicados -tal es el caso de Enrique Riverola Pelayo-, no llegaron nunca a ser procesados.

En el escrito de calificaci¨®n del fiscal de 10 de septiembre de 1975, en el que se solicitan para Sard¨¢ las penas ya indicadas, que totalizan catorce a?os de prisi¨®n, aparecen diecis¨¦is procesados. Desde entonces, alguno de los mismos -por lo menos uno, Santiago Joaniquet- ya ha fallecido. Ahora s¨®lo queda el tr¨¢mite procesal de determinaci¨®n de la fecha del juicio oral.

Cargos contra Sard¨¢

La circunstancia de que Juan Ignacio Sard¨¢ Ant¨®n sea hoy la figura principal de la operaci¨®n Garrigues en Catalu?a, en su condici¨®n de presidente del Club Liberal de Barcelona, es una nota destacada en cuanto a la trascendencia social del suceso.

Curiosamente, Juan Antonio Sard¨¢, que en esta causa aparece vinculado a servidores del r¨¦gimen del general Franco y a jerarcas de la organizacion sindical corporativa, fue asimismo miembro del Partido Socialista Unificado de Catalu?a. Se dio el caso de que con ocasi¨®n de un registro judicial en su despacho, ordenado por el primer juez especial que instruy¨® el caso, Antonio Carretero, fueron hallados en poder de Sard¨¢ no s¨®lo documentos de inter¨¦s judicial sobre la CCPC, sino tambi¨¦n publicaciones comunistas entonces clandestinas. Esto ¨²ltimo gener¨® otra acci¨®n judicial, lo cual lament¨® ¨ªntimamente el mencionado juez, de inequ¨ªvoca trayectoria antifranquista, vinculado a Justicia Democr¨¢tica de Catalu?a.

La defensa de Sard¨¢ present¨® un escrito en marzo de 1972 por el que solicitaba la libre absolici¨®n de su representado, procesado en el sumario que aquel escrito consideraba entonces abierto por el "supuesto delito de quiebra fraudulenta". En 1975 es cuando el ministerio fiscal imputa a Sard¨¢ los presuntos delitos de falsedad y estafa. En fecha muy reciente, el 14 de marzo del pasado a?o la defensa de Sard¨¢ presenta su escrito de conclusiones, en el que pide la absoluci¨®n de Sard¨¢ de los dos supuestos delitos indicados, el de falsedad y el de estafa. No se trata, pues, de una causa que, pese a la lentitud de instrucci¨®n, est¨¦ parada, sino que sigue su curso y que ¨¦ste ha estado activo cuando Sard¨¢ iniciaba su reaparici¨®n en el terreno pol¨ªtico, en este caso, no en el campo del comunismo, sino del liberalismo. Pese a ello es imposible negar o afirmar si las complicaciones judiciales de Sard¨¢ eran conocidas o no por Antonio Garrigues.

En su escrito de calificaci¨®n, el fiscal afirma que Sard¨¢ era consejero delegado de la empresa Transtour, SA, que fue enajenada en p¨²blica subasta y adjudicada en 1964 al hermano del principal procesado, Vicente Fisas. El fiscal considera que Sard¨¢ tuvo contacto con varios de los procesados, y en particular con Vicente Fisas, que era conocedor de las actuaciones que llevaban a cabo los procesados, que intervino positivamente en las diversas negociaciones realizadas en el extranjero para adquisici¨®n de empresas y acciones con dinero aportado por Fisas, por s¨ª o por mediaci¨®n de alguna de las empresas vinculadas a los procesados, como Mundial Expr¨¦s, SA, radicada en Andorra.

El fiscal considera que este dinero antes aludido pertenec¨ªa a la CCPC y que su disponibilidad a t¨ªtulo personal iba en perjuicio de los impositores y acreedores de la misma, "ocultando el procesado Sard¨¢", afirma textualmente el fiscal, "documentos que reflejaban la realizaci¨®n de tales il¨ªcitas operaciones incluso despu¨¦s de conocer la existencia de la presente causa".