Oposici¨®n del PNV, en solitario, al proyecto de ley del Tribunal de Cuentas

El pleno del Congreso de los Diputados comenz¨® ayer el debate sobre el proyecto de ley org¨¢nica del Tribunal de cuentas en un clima de consenso entre las fuerzas parlamentarias, con excepci¨®n del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se opuso, sin ¨¦xito, al art¨ªculo primero del texto legislativo, por entender que puede interpretarse que la actividad fiscalizadora del alto tribunal afecta tambi¨¦n a las cuentas de los ¨®rganos de las comunidades aut¨®nomas, lo cual estim¨® contrario a la Constituci¨®n.

El texto aprobado por 287 votos favorables, once en contra y dos abstenciones, establece que "el Tribunal de cuentas es el supremo ¨®rgano fiscalizador de las cuentas y de la gesti¨®n econ¨®mica del Estado y del sector p¨²blico, sin perjuicio de su propia jurisdicci¨®n, de acuerdo con la Constituci¨®n y la presente ley org¨¢nica". Seg¨²n el diputado del PNV Josu Elorriaga, la fiscalizaci¨®n de las cuentas del sector p¨²blico lleva consigo tambi¨¦n el control de las cuentas de las comunidades aut¨®nomas y de las corporaciones locales, a pesar de que ni un solo art¨ªculo de la Constituci¨®n concede a las Cortes Generales -de las que depende el Tribunal de cuentas- competencia para controlar tales cuentas, aunque s¨ª "la actividad econ¨®mica y presupuestaria" de tales entes de la Administraci¨®n territorial.Los socialistas, que hab¨ªan presentado una enmienda al mismo art¨ªculo, para resaltar el car¨¢cter y la amplitud de la naturaleza fiscalizadora del Tribunal de cuentas, la retiraron como consecuencia de la enmienda transaccional propuesta por UCD. En consecuencia, prestaron su voto al segundo, p¨¢rrafo del art¨ªculo citado, que fue aprobado con un texto en el que se establece que el Tribunal de Cuentas "es ¨²nico en su orden y extiende su jurisdicci¨®n a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los ¨®rganos fiscalizadores de cuentas que para las comunidades aut¨®nomas puedan prever sus estatutos". Este p¨¢rrafo fue aprobado con la votaci¨®n ya citada.

Durante la intervenci¨®n del ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos para presentar el proyecto de ley ante la C¨¢mara, se?al¨® que la finalidad de la ley es poner "a disposici¨®n de las Cortes Generales, representantes del pueblo espa?ol, un instrumento cualificado e id¨®neo para el necesario control de la gesti¨®n econ¨®mica y financiera del Estado y de todo el sector p¨²blico".

Estas palabras fueron impugnadas por el diputado peneuvista Elorriaga, por entender que extend¨ªan el ¨¢mbito de la ley a las comunidades aut¨®nomas.

El diputado centrista Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Margallo pidi¨® al PNV que se atuviera a la literalidad del precepto y no a una interpretaci¨®n subjetiva. Igualmente, el diputado de la Minor¨ªa Catalana Llibert Cuatrecasas explic¨® el voto favorable de su grupo, por entender que la ¨²nica interpretaci¨®n posible del texto aprobado corresponder¨¢, en su momento, al Tribunal Constitucional.

Tambi¨¦n se aprobaron otros preceptos, pr¨¢cticamente por unanimidad, por los que se establecen como funciones propias del Tribunal de Cuentas la fiscalizaci¨®n externa, permanente y consuntiva de la actividad econ¨®mico-financiera del sector p¨²blico y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos p¨²blicos.

Fueron rechazadas dos enmiendas socialistas que pretend¨ªan que la fiscalizaci¨®n citada se realizara "en dependencia directa de las Cortes Generales", as¨ª como que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable afectara tambi¨¦n a quienes tuvieran a su cargo "el manejo absoluto de los fondos p¨²blicos".