El fiscal general del Estado descarta un posible indulto general a condenados por el 23-F

El fiscal general del Estado, Jos¨¦ Mar¨ªa Gil Albert, descart¨® rotundamente la posibilidad de que, con motivo de la visita que el Papa realizar¨¢ a Espa?a en octubre, se aplique una medida de gracia generalizada que podr¨ªa afectar a quienes puedan ser condenados por su participaci¨®n en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, al ser interrogado al respecto, en Oviedo, por EL PAIS.G¨ªl Albert se mostr¨® partidario de deshacer el equ¨ªvoco extendido en algunos medios sobre la posibilidad de un indulto general. "Est¨¢", dijo, "prohibido por la Constituci¨®n, la cual mantiene el indulto individual con una regulaci¨®n legal muy casu¨ªstica, muy meticulosa, en la que tienen que darse unos supuestos y unas circunstancias determinadas, como la propia reparaci¨®n del da?o causado".

Solicitada su opini¨®n sobre el incidente provocado en torno a la negativa del capit¨¢n Alvarez Arenas y otros procesados a comparecer en el juicio por una informaci¨®n publicada en Diario 16, y sobre la decisi¨®n del presidente del tribunal militar de expulsar de la sala al director del citado peri¨®dico, Pedro J. Ram¨ªrez, el fiscal general del Estado respondi¨®: "No se puede juzgar a los que est¨¢n juzgando. Es preciso respetar al tribunal militar. Este episodio ha sido inoportuno. Se trata de un incidente procesal, resuelto por la autoridad competente, y el fiscal general del Estado no quiere criticar, de ninguna manera, las decisiones del tribunal de justicia militar".

La igualdad ante la ley

Ante una nueva pregunta que hac¨ªa referencia a la supuesta desigualdad de los ciudadanos (paisanos y militares) ante la ley, puesta de manifiesto en el juicio de los supuestos implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero, cuando uno o varios de ellos llegaron a exigir, al parecer con ¨¦xito, la expulsi¨®n del director de Diario 16, Gil Albert dijo que no le constan las condiciones en que ocurri¨® el incidente procesal.

"Lo que s¨¦", a?adi¨®, "es que uno o varios procesados se han resistido a comparecer ante el tribunal durante la celebraci¨®n del consejo de guerra. Ya he dicho que se trata de un incidente procesal que corresponde resolver al propio tribunal y que no siempre tiene el mismo desenlace, como ocurre, tambi¨¦n, en la jurisdicci¨®n ordinaria".

Todas las preguntas, relativas al proceso que se sigue contra los presuntos implicados en el intento de golpe del 23-F, fueron tratadas con exquisita prudencia por Gil Albert, quien subray¨® que las leyes procesales contienen los instrumentos adecuados para tratar cualquier incidencia; insisti¨® en que le faltan datos para emitir opiniones sobre el juicio; se mostr¨® partidario de dejar al tribunal militar que haga justicia y de confiar en que todo se resuelva con arreglo a la ley.

Solicitada su opini¨®n sobre la conveniencia o no de suprimir las jurisdicciones esenciales, manifest¨® que el mantenimiento de un ¨¢rea excepcional atribuida a la justicia militar est¨¢ contenido en la Constituci¨®n y que es perfectamente ajustable. El problema se reduce, en su opini¨®n, en la definici¨®n de lo que debe ser el concepto de delito militar. En tal sentido, considera insuficiente la reforma del C¨®digo de Justicia Militar y estima necesaria la promulgaci¨®n de un nuevo c¨®digo, m¨¢s moderno, que establezca con nitidez, basada en criterios t¨¦cnicos, la frontera entre delito militar y delito com¨²n.