Las falacias de la pol¨ªtica agraria espa?ola

Como suele ser habitual, el cambio de titular en los departamentos ministeriales ha sido ocasi¨®n para depararnos algunas sorpresas. A un ingeniero agr¨®nomo ha sucedido en el Ministerio de Agricultura un notario, y como en el dicho, "cada maestrillo tiene su librillo. El nuevo ministro estuvo callado unos d¨ªas, pero en cuanto le pusieron un micr¨®fono ante su vista se vio obligado a dar su interpretaci¨®n de los cuellos de botella de nuestra agricultura. "Esto se arregla", afirm¨® el ministro, "con dos decretos. Con un decreto modernizamos las explotaciones agrarias y con el otro lanzamos a transformar en regad¨ªo 150.000 hect¨¢reas". ?Ya no hay sequ¨ªa! ?Ya no hay que preocuparse de la negociaci¨®n de precios! ?Ya no hay problemas con la CEE!Reducci¨®n de campesinos

Algunos, en nuestra humildad, creemos que no es tan sencillo resolver los problemas del sector agrario, y desde luego no pensamos que tras esos decretos se pueda afirmar que ahora ya tenemos una pol¨ªtica agraria. Es m¨¢s: creemos, por el contrario, que esos decretos no se han gestado en el ministerio de Atocha, sino en los despachos de la banca de nuestro pa¨ªs.

?Cu¨¢l es nuestro juicio sobre esos decretos? (1). Veamos, primero, aquel que tiene como objetivo la modernizaci¨®n de las explotaciones agrarias. El sistema ideado no es otro que el de extender a todo el pa¨ªs los beneficios hasta hoy reservados a las "zonas de ordenaci¨®n de explotaciones" (articulos 128 a 139 y 181 ss. de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario). El sistema que a primera vista puede parecer interesante es regresivo, al menos por dos cuestiones. Cuando los recursos econ¨®micos son escasos, parece necesario seleccionar los proyectos, salvo que se trate de jugar al electoralismo m¨¢s descarado. La triste realidad es que zonas declaradas hoy de ordenaci¨®n de explotaciones, que fueron en su d¨ªa seleccionadas en virtud de sus caracter¨ªsticas, est¨¢n detenidas por falta de recursos econ¨®micos, y para no hablar sin conocimiento de causa, voy a dar dos ejemplos que conozco de cerca. Por real decreto de 26, de enero de 1979 se acord¨® dicha calificaci¨®n para la zona de Barco de Avila-Piedrah¨ªta, y por real decreto de 6 de marzo de 1981, la relativa al bajo Duero. El primero de ellos se dirig¨ªa a una ordenaci¨®n de las explotaciones de la zona para que alcanzasen dimensiones suficientes y caracter¨ªsticas adecuadas en orden a su estructuraci¨®n, capitalizaci¨®n y organizaci¨®n empresarial. Se determinaba la orientaci¨®n productiva y las acciones a seguir, consistentes en: establecimiento de regad¨ªos de orientaci¨®n f¨®rrajera, reestructuraci¨®n de regad¨ªos, reconversi¨®n de plantaciones de frutales, fomento de la construcci¨®n de albergues refugios, silos. Es dif¨ªcil transcribir aqu¨ª el contenido de los diecinueve art¨ªculos del decreto, que promet¨ªan el para¨ªso terrenal a una zona que es una t¨ªpica bolsa de pobreza. Pero hay una conclusi¨®n que se impone: no se ha hecho nada de nada. La causa, la falta de recursos econ¨®micos. El segundo decreto, anunciado en su d¨ªa en Villalar por Lamo de Espinosa, duerme el sue?o de los justos. Justificaci¨®n, como en el caso anterior, la falta de recursos. Imagino que estos dos casos son un simple bot¨®n de muestra. ?No seria m¨¢s racional, antes de inventarse decretos, que el ministro hubiera pedido de quien corresponda el listado de proyectos no realizados, con los que un d¨ªa se "engatus¨®" a los agricultores, y volcar sobre ellos los recursos financieros disponibles?.

La misma ligereza

El segundo elemento que permite subrayar el electoralismo de esta medida deriva de que no hace muchos d¨ªas el BOE (11 de febrero de 1982) publicaba la ley que lleva por t¨ªtulo Estatuto de la Explotaci¨®n Familiar Agraria y de los Agricultores J¨®venes, entre cuyas finalidades el art¨ªculo primero expresa la de "constituir explotaciones agrarias viables..., promoviendo su desarrollo y modernizaci¨®n para que consoliden o alcancen la viabilidad social y econ¨®mica", y a dicha finalidad se dedica todo el t¨ªtulo IV, que viene presidido por el mismo criterio selectivo de proyectos, es decir, modernizar no cualquier tipo de explotaci¨®n, sino las definidas como "explotaciones familiares agrarias". Ahora, extra?amente, se olvidan aquellos contenidos, suprimi¨¦ndose el car¨¢cter familiar de la explotaci¨®n.

Del segundo de los decretos, el relativo a transformaciones en regad¨ªo a iniciativa particular, se pueden hacer consideraciones parecidas. En primer lugar, conviene constatar que no se ha descubierto ning¨²n Mediterr¨¢neo. Si mi memoria no me enga?a, se trata de insistir en las mismas ideas de los decretos 3.735, 2.499, 1.616 y 1.200 de los a?os 1974, 1976, 1978 y 1981. Concretamente, en el a?o 1978, la financiaci¨®n lleg¨® a 25.500 millones de pesetas, que permiti¨® la transformaci¨®n de 89.287 hect¨¢reas y la mejora de 114.937. Ahora, con 10.000 millones m¨¢s se pretende duplicar las transforinaciones de 150.000 hect¨¢reas y mejorar 125.000. Las dudas sobre su realizaci¨®n, a la vista de los n¨²meros, parecen evidentes.

Problemas adicionales

Pero hay algunos problemas adicionales de suma importancia. ?De d¨®nde se van a obtener las aguas? ?En qu¨¦ proporci¨®n ser¨¢n aguas subterr¨¢neas? ?Cu¨¢l es el estudio de nuestros acu¨ªferos? ?Es que desconoce la Administraci¨®n los graves problemas de salinizaci¨®n de algunas zonas por un continuo "pinchar" sin orden ni concierto? Y en otro orden de cosas, ?qu¨¦ o¨ªrientaciones productivas hay para esos nuevos regad¨ªos en la perspectiva de nuestra integraci¨®n en la CEE? ?C¨®mo se va a exigir su cumplimiento?

Suponemos que con la misma ligereza que con motivo del decreto 3.735 de 1974, que exig¨ªa el compromiso de cultivar remolacha azucarera, para, pasados tres a?os, indicar, por la orden de 11 de julio de 1978, que los regad¨ªos acogidos al Decreto 1.616/1978 no se pod¨ªan destinar a remolacha azucarera.

En definitiva, y mal que pese a algunos, la pol¨ªtica agraria coherente brilla por su ausencia. Mientras tanto, se desconoce d¨®nde duermen los proyectos anunciados por el anterior ministro en junio de 1979, cuyo programa part¨ªa de estas premisas: "Me corresponde a m¨ª ahora expresar aqu¨ª la pol¨ªtica de cambio para la agricultura espa?ola del pr¨®ximo cuatrienio". Si mis cuentas no fallan, ese programa parece dictado para dos a?os y medio. ?Es que el nuevo ministro asume los compromisos de presentar los proyectos de ley relativos a fomento de la industrializaci¨®n y comercializ aci¨®n por entidades asociativas agrarias, tierras ociosas, modificaci¨®n de la ley de Reforma y Desarrollo Agra,rio, sanidad vegetal y animal, financiaci¨®n agraria, etc¨¦tera?

Si los objetivos de pol¨ªtica. agraria del programa de Lamo de Espinosa "se inspiraban en el programa electoral presentado por UCD", ?en qu¨¦ prioridades? Desde mi posici¨®n, aseguro que hubiera estimado m¨¢s coherente dar cima a los proyectos anunciados en su d¨ªa que desviar la atenci¨®n de los agricultores hacia un pomposo "plan de capitalizaci¨®n del agro espa?ol". Entre los proyectos anunciados, no olvide el nuevo ministro las expectativas levantadas Dor el denominado "testamento agrario" de Lamo de Espinosa, aquel que hablaba de un porcentaje del 15,6% como elevaci¨®n de los precios agrarios sujetos a regulaci¨®n.

En conclusi¨®n, lo que est¨¢ en juego es conocer si la pol¨ªtica agraria se fundamenta en bases objetivas o al capricho de la proximidad o lejan¨ªa de las consultas electorales.