La oposici¨®n critica al Gobierno en el Congreso por el caso Fidecaya

La soluci¨®n dada por el Gobierno al asunto Fidecaya recibi¨® ayer amplias cr¨ªticas de los grupos de oposici¨®n en la Comisi¨®n de Hacienda del Congreso. El ministro Jaime Garc¨ªa A?overos acudi¨® por propia iniciativa a dar cuenta de la venta de los restos de la entidad de ahorro particular a Rumasa. No obstante, tuvo que contestar a las acusaciones socialistas sobre incompetencia del Gobierno, as¨ª como a una opini¨®n mayoritaria recelosa respecto a las condiciones de pago pactadas con el grupo bancario de Ruiz Mateos.

El ministro de Hacienda aport¨®, como principal novedad, que el Consejo de Estado ha dictaminado la necesidad de aprobaci¨®n,Siel convenio con Rumasa por el Consejo de Ministros, al que ser¨¢ sometido en su pr¨®xima reuni¨®n. El acuerdo con Rurriasa, de 24 de diciembre, fue ratificado por Orden ministerial el 17 de febrero, cuando se giraron a dicho grupo los 5.912 millones de pesetas, que se ocupar¨¢ de devolver a los ahorradores de Fidecaya en nombre del Estado.Seg¨²n Garc¨ªa Ahoveros, el contrato quiz¨¢ no sea el mejor de los posibles, pero s¨ª el ¨²nico posible. En este sentido, subray¨® que, tras decidirse la liquidaci¨®n de Fidecaya, el pasado 4 de septiembre, los liqu¨ªdadores ofrecieron una soluci¨®n global. Hab¨ªa que devolver los 14.927 millones de pesetas garantizados por el Estado (todo menos 938 millones de pesetas) junto a cr¨¦ditos frente a Fidecaya por 2.500 millones de pesetas.

Al no alcanzar soluciones globales, seg¨²n el ministro, se lleg¨® a acuerdos parciales con ocho cajas de ahorro o rurales para devolver el 60% del dinero garantizado, encajar a 207 empleados: vender o traspasar 93 locales. Para el resto (Norte, Catalu?a, Levante y parte de Castilla), en diciembre la Caja de Ahorros de Catalu?a concret¨® una oferta, que no prosper¨® porque dicha entidad quer¨ªa expansionarse fuera de su zona y ello que rechazado por criterios predominantes en la Confederaci¨®n de Cajas de Ahorro".

El posterior acuerdo con Rumasa contempl¨® la devoluci¨®n de los ¨²ltimos 5.912 millones de pesetas garantizados por el Estado, astimir los 326 empleados pendientes de colocaci¨®n y todo el patrimonio de Fidecaya, comprometerse a pagar a cedulistas y acreedores no beneficiados por dicha garant¨ªa, y abonar como precio por todo los 14.927 millones de pesetas puestos por el Tesoro. El plazo de esta cantidad se har¨¢ en 20 a?os, con 4 de carencia. Tambi¨¦n resultaron infructuosos los tanteos en las mismas condiciones ofrecidos a principios de a?o a bancos y cajas de ahorro.

La abeja y los z¨¢nganos

En el turno de preguntas y opiniones de los grupos parlamentarios, Enrique Granados (PSOE) afirm¨® que Fidecaya ha mantenido operaciones irregulares desde su constituci¨®n, en 1952, todo ello "tolerado por el Gobierno". En su opini¨®n, ahora "la abeja reina (alusi¨®n al emblema de Rumasa) ha logrado una operaci¨®n genial y los z¨¢nganos y obreros tenemos que pagar".

En la misma l¨ªnea, Carlos Solchaga (Socialistas Vascos) dijo que el Gobierno deb¨ªa haber afrontado la liquidaci¨®n desde el principio y no presentarse luego como v¨ªctima. Asimismo, Ram¨®n Tamames, del Grupo Mixto, afirm¨® que en pesetas de 1982, Rumasa s¨®lo habr¨¢ pagado el a?o 2002 unos 4.700 millones de pesetas, menos de lo recibido ahora. Las intervenciones de Antonio Monserrat (PSUC) y Carlos Gasoliba (Minor¨ªa Catalana) se centraron, respectivamente, en la actuaci¨®n de "bancos que hacen y deshacen", y en pedir informaci¨®n sobre las ofertas a otras entidades.

El ministro contest¨® a Granados que todas las irregularidades denunciadas por ¨¦l estaban en la informaci¨®n que le facilit¨® Hacienda, y que un Gobierno responde s¨®lo de su gesti¨®n. A Tamames le dijo que la p¨¦rdida para el Tesoro es la menor posible. Y a Monserrat y Gasoliba, que ninguna otra entidad acept¨® o mejor¨® las condiciones de Rumasa.