Decretos en vez de leyes

LA APROBACION por el Consejo de Ministros de unas medidas de acci¨®n inmediata" trata de paliar la frustraci¨®n sembrada por el Gobierno con la retirada de la Ley de Autonom¨ªa Universitaria (LAU) de las Cortes. Tras el dram¨¢tico arranque de los dos muchachos muertos en una manifestaci¨®n de protesta contra el primer anteproyecto de esta ley, cuatro a?os de discusi¨®n parlamentaria, las interminables negociaciones secretas entre UCD y PSOE y la ca¨ªda de dos ministros -Federico Mayor Zaragoza prometi¨® ser el tercero, pero se arrepinti¨® m¨¢s tarde- empedraron de aburrimiento, clandestinidad y confusi¨®n un camino que ya parece interminable: el de la modernizaci¨®n y reforma de la Universidad espa?ola.Las nuevas medidas est¨¢n fundamentalmente dirigidas a enfriar la tensi¨®n universitaria y a satisfacer las exigencias m¨¢s inaplazables de los profesores no numerarios, cuya situaci¨®n de inestabilidad en el empleo no pod¨ªa mantenerse por m¨¢s tiempo sin riesgo de un estallido. El paquete no se ocupa de la regulaci¨®n de los claustros y de los ¨®rganos de gobierno universitarios. Tampoco parece que las anunciadas normas de agilizaci¨®n en la gesti¨®n presupuestaria vayan m¨¢s all¨¢ de una simple flexibilizaci¨®n de los controles de los interventores de Hacienda y puedan sentar las bases de una aut¨¦ntica autonom¨ªa financiera universitaria. Probablemente esas lagunas se deban a razones jur¨ªdico-constitucionales dado que las materias omitidas en el paquete entran en la esfera de competencias parlamentarias mucho m¨¢s claramente que la reglamentaci¨®n sobre el profesorado. Ahora bien, si las medidas sobre los penenes pertenecen -como parece- a las competencias del poder ejecutivo, resulta intolerable que los anteriores Gobiernos de UCD, al no hacer uso de sus atribuciones a lo largo de varios a?os, hayan permitido el pudrimiento de la situaci¨®n universitaria.

La ¨²nica explicaci¨®n de la pasividad del centrismo durante estos a?os es que los poderosos intereses corporativos que han presionado a los Gobiernos de UCD prefer¨ªan mantener intacto un status quo gremialmente favorable antes que proceder a la m¨¢s m¨ªnima reforma. De esta forma, la interminable tramitaci¨®n de la, LAU era tiempo ganado para ese original filibusterismo parlamentario, cuyos portavoces estaban seguros de poder forzar, llegado el momento de la verdad, al presidente del Ejecutivo para que retirara el proyecto.

Las doce medidas urgentes poseen un valor desigual. Algunas son simples reajustes administrativos o nominales que afectan a los profesores de las escuelas de Bellas Artes y de las escuelas universitarias. Se anuncia tambi¨¦n un incremento de los fondos para becas y la dotaci¨®n de 2.700 millones de pesetas -hasta diciembre de 1983- para mejorar la tesorer¨ªa universitaria, rengl¨®n que tal vez pudiera reforzar la m¨ªsera situaci¨®n de las bibliotecas de la Universidad., Otra medida Parece consagrar la c¨¦lebre bufanda, concedida por Gonz¨¢lez Seara a los profesores con dedicaci¨®n exclusiva, a trav¨¦s de una imprecisa financiaci¨®n de la labor investigadora mediante contratos espec¨ªficos. En una de las disposiciones anunciadas parece adivinarse el prop¨®sito de endurecer los mecanismos de selectividad universitaria y de reforzar las funciones d¨¦ criba en el COU. Aunque el p¨¢rrafo final de la referencia del Consejo de Ministros anuncia la dotaci¨®n de las plazas de numerarios creadas por la ley de ampliaci¨®n de plantillas y todav¨ªa pendientes de ser cubiertas, no parece que el esp¨ªritu del paquete sea ocluir la v¨ªa de la contrataci¨®n para el acceso a la universidad y consagrar el monopolio funcionarial.

Los problemas del personal docente constituyen, debajo de otras envolturas, el contenido fundamental del paquete. Los intereses de los catedr¨¢ticos salen indemnes de la nueva regulaci¨®n, salvo en el caso de que las modalidades de la integraci¨®n del cuerpo de profesores agregados en el cuerpo de catedr¨¢ticos no respetaran sus derechos a la prelaci¨®n en la ocupaci¨®n de vacantes. Las medidas m¨¢s importantes, sin embargo, se refieren a los profesores no numerarios -los penenes- y apuntan a mejorar las condiciones de estabilidad de su empleo. Se crean 2.000 plazas de profesores adjuntos contratados en r¨¦gimen de dedicaci¨®n exclusiva par a la universidad (y otras mil plazas hom¨®logas para las escuelas universitarias de grado medio) y se autoriza que tales contratos cubran un per¨ªodo de cinco a?os. Se elude, as¨ª, la contrataci¨®n indefinida de profesorado fuera del escalaf¨®n que los numerarios vitalicios tem¨ªan que pudiera convertirse en vitalicia, pero desaparece la angustia y la humillaci¨®n de la renovaci¨®n anual. La medida parece razonable, aunque seguramente las plazas a cubrir queden muy por debajo de las necesarias. Otra disposici¨®n redefine la figura del penene que da clase aunque sin dedicaci¨®n exclusiva y anuncia la gradual transformaci¨®n de esos antiguos encargados de curso en profesores asociados de tiempo parcial. Esa orientaci¨®n puede ser positiva, ya que la actual pl¨¦tora de personal docente universitario no tiene m¨¢s v¨ªa de reforma que una diferenciaci¨®n estricta entre los profesores contratados dedicados a la docencia a tiempo complet¨® y los profesores espor¨¢dicos. Sin embargo, la l¨®gica de la reforma tendr¨ªa que extenderse tambi¨¦n a los profesores-funcionarios, de forma tal que las d¨¦biles diferenciaciones actuales entre los catedr¨¢ticos con dedicaci¨®n exclusiva y sus colegas pluriempleados resultaran mucho m¨¢s marcadas y pudieran llegar, incluso, a la excedencia obligada de los absentistas.

Este paquete de medidas viene a paliar, como dec¨ªamos al principio, la situaci¨®n creada por la vergonzante gesti¨®n de los temas universitarios que la UCD ha practicado desde que subi¨® al poder. La promulgaci¨®n de la ley es, sin embargo, no s¨®lo una cuesti¨®n de oportunidad, sino un mandato constitucional. La suposici¨®n de que el gobierno est¨¦ dispuesto en adelante a tratar de quitarse de encima esta clase de mochuelos a base de gobernar por decreto en todo lo que le sea posible se haya m¨¢s que fundada. Pero esta es una perversi¨®n de los h¨¢bitos democr¨¢ticos, y solo demuestra el poco respeto que existe todav¨ªa en los ¨¢mbitos del poder pol¨ªtico hacia las tareas del legislativo, de cuya fortaleza depende empero la solidez institucional del r¨¦gimen.