El d¨¦ficit p¨²blico no debe superar el 3.5% del Producto Interior Bruto

El objetivo b¨¢sico que tiene que fijarse para el a?o pr¨®ximo es que el d¨¦ficit del sector p¨²blico se mantenga, en igual porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB) que en la actualidad; es decir, en torno al 3,5%, manifest¨® Jos¨¦ Enrique Garc¨ªa Romeu, subsecretario de Econom¨ªa, al comentar las directrices b¨¢sicas de elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado para 1983 que est¨¢n siendo discutidas en estos momentos.La tendencia de los departamentos ministeriales es tratar de incrementar al m¨¢ximo sus posibilidades de realizaciones en los sucesivos ejercicios y para ello presionan con el objetivo de lograr mayores partidas presupuestarias. "En estos momentos hemos formado un frente com¨²n entre Hacienda y Econom¨ªa para frenar estas presiones que conducen, indefectiblemente, a mayores incrementos del d¨¦ficit".

Seg¨²n el subsecretario de Econom¨ªa, lo preocupante no es el volumen global actual del d¨¦ficit del sector p¨²blico, con ser elevado, sino la tendencia de crecimiento experimentada en los ¨²ltimos ejercicios. Por ello, el objetivo inicial a perseguir no es tanto reducirlo en valores absolutos como conseguir frenar esa tendencia de crecimiento para no acabar colocando a la econom¨ªa espa?ola en una situaci¨®n como la italiana, en la que el d¨¦ficit p¨²blico supone el 8% del PIB.

No obstante, en esta voluntad de frenar el crecimiento del d¨¦ficit se reconoce la dificultad de lograrlo, por varios motivos. Hay que tener en cuenta las partidas presupuestarias que corresponden a compromisos firmes del Gobierno y que no pueden dejar de cumplirse. El plan de viviendas, la aportaci¨®n del Estado a la financiaci¨®n de la Seguridad Social, las prestaciones de desempleo y varias otras, suponen importantes cantidades de dinero crecientes que no se pueden no consignar. El aumento de las transferencias a las comunidades aut¨®nomas, como consecuencia de la puesta en pr¨¢ctica de los estatutos respectivos, priva al poder central, de mecanismos claros de control del gasto p¨²blico.

La situaci¨®n econ¨®mica actual tampoco permite mucho margen de maniobra, porque "mientras aumente el desempleo tendr¨¢n que destinarse mayores cantidades a cobertura de desempleo, ya que es un cr¨¦dito abierto que se incrementa en funci¨®n de las necesidades que se plantean", manifest¨® Garc¨ªa Romeu. El reparto del poder pol¨ªtico en estos momentos es un condicionante de primera magnitud y es poco probable que se decidan a presentar una serie de medidas de pol¨ªtica econ¨®mica que provocar¨ªan perjuicios a determinadas capas sociales, aunque crece el sentimiento en medios de la Administraci¨®n de que s¨®lo actuando de esta manera se podr¨ªa lograr frenar el crecimiento del d¨¦ficit.

La necesidad de lograr la aprobaci¨®n de medidas que contemplen un ahorro de los gastos p¨²blicos cercano a los 300.000 millones de pesetas, actuando previsiblemente sobre las pensiones y transferencias a empresas; conseguir reducir las p¨¦rdidas de determinadas empresas p¨²blicas y paralizar todo tipo de medidas aprobadas en el Parlamento que supongan nuevos gastos en los Presupuestos, ser¨ªan las medidas a adoptar que un Gobierno con mayor¨ªa suficiente y estable deber¨ªa tomar para frenar el crecimiento del d¨¦ficit.

En definitiva, parece que se empieza a tomar en consideraci¨®n la posibilidad de poner en marcha un cierto plan de austeridad acompa?ado de medidas efectivas de control. del gasto. En este sentido, algunos c¨ªrculos privados se?alan como positiva la decisi¨®n tomada por el Gobierno franc¨¦s de inspeccionar, uno a uno, todos los casos de desempleados que llevan en esta situaci¨®n m¨¢s de un a?o, ya que considera que podr¨ªa haber un fraude cifrado entre 200.000 y 600.000 personas.