Los cuatro estatutos de autonom¨ªa pendientes cerraran la actividad del Parlamento antes de su disoluci¨®n

La aprobaci¨®n de los cuatro estatutos de autonom¨ªa pendientes -Extremadura, Baleares, Castilla-Le¨®n y Madrid- cerrar¨¢ la actividad de las Cortes Generales, que se reiniciar¨¢ en septiembre, antes de su probable disoluci¨®n ese mismo mes. Con ello se completar¨¢ el mapa auton¨®mico y se cumplir¨¢ una parte importante de los acuerdos firmados por Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe Gonz¨¢lez el 31 de julio. de 1981. El resto del calendario legislativo pendiente quedar¨¢ para despu¨¦s de las elecciones, con la excepci¨®n quiz¨¢ de una ley electoral que adapte a la Constituci¨®n, por el breve tr¨¢mite de la lectura ¨²nica, el decreto-ley de 1977 e impida una posible invalidaci¨®n de los pr¨®ximos comicios.Los principales partidos parlamentarios est¨¢n de acuerdo sobre la conveniencia de culminar, a nivel legislativo, antes de que finalice la actual legislatura, la configuraci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, al menos en lo que se refiere a la aprobaci¨®n de los estatutos que faltan para que puedan ponerse en marcha las diecisiete comunidades aut¨®nomas en que se estructurar¨¢ territorialmente Espa?a, al menos en principio, ya que existen todav¨ªa algunas zonas excluidas del r¨¦gimen de autonom¨ªa, como Ceuta y Melilla, cuyas respectivas cartas municipales no entrar¨¢n en vigor antes de las elecciones generales.

Nueve de las diecisiete comunidades aut¨®nomas cuentan ya con estatuto en vigor, instituciones auton¨®micas en marcha e incluso, en muchos casos, un apreciable nivel de transferencias de competencias. Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco accedieron a la autonom¨ªa en 1979; Galicia, en 1981, y en el a?o actual, las siguientes: Andaluc¨ªa, Asturias, Cantabria, Murcia, la Rioja y la Comunidad Valenciana. El Estatuto de esta ¨²ltima comunidad aut¨®noma se complementa con la ley org¨¢nica de Ampliaci¨®n de Competencias.

Canarias, Arag¨®n y Castilla-La Mancha tienen ya sus estatutos de autonom¨ªa aprobados por el Congreso y el Senado, y pendientes s¨®lo de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado para que inicien el proceso legal de constituci¨®n de los ¨®rganos auton¨®micos. En el caso de Canarias, de modo similar al de Valencia, el Estatuto se complementa con una ley org¨¢nica de Ampliaci¨®n de Transferencias. La comunidad foral d¨¦ Navarra cuenta tambi¨¦n con un r¨¦gimen especial de amplias competencias, contenido en la ley de Amejoramiento del Fuero Navarro, aprobada ya por ambas C¨¢maras y que hoy mismo publica el BOE.

As¨ª pues, para completar el mapa estatutario de las autonom¨ªas s¨®lo falta que las Cortes Generales aprueben las respectivas leyes conteniendo los estatutos de Castilla-Le¨®n, Extremadura, Baleares y Madrid, todos ellos pendientes de tramitaci¨®n en el Congreso de los Diputados. Los tres primeros fueron ya dictaminados por la Comisi¨®n Constitucional y ser¨¢n estudiados por el primer Pleno de la C¨¢mara del pr¨®ximo septiembre. El m¨¢ximo problema existente, la integraci¨®n de la provincia de Segovia en Castilla-Le¨®n -a la que se opone un sector de UCD, que defiende la autonom¨ªa uniprovincial para Segovia y que ha abandonado el partido gubernamental por esta causa-, ha sido zanjado en,favor de la incorporaci¨®n a Castilla-Le¨®n.

En cuanto al proceso auton¨®mico madrile?o, el Parlamento autoriz¨® la constituci¨®n de la comunidad aut¨®noma de Madrid, cuyo proyecto de estatuto, elaborado por la correspondiente asamblea de parlamentarios, fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado 18 de junio. Paralelamente al desarrollo del primer pleno de esta C¨¢inara, la Comisi¨®n Constitucional lo dictaminar¨¢, de modo que pueda ser estudiado en el segundo Pleno de septiembre.

UCD ve problem¨¢tico reabrir las Cortes

La coincidencia de los grandes partidos parlamentarios sobre la conveniencia de culminar el proceso estatutario no excluye diferencias entre ellos sobre la estrategia y el calendario parlamentario de la ¨²ltima fase de la legislatura. Mientras los socialistas son favorables a limitar esta etapa a las semanas de septiembre necesarias para aprobar en ambas C¨¢maras los cuatro estatutos citados ("Si nos hacen caso, en la primera quincena de septiembre pueden quedar aprobados", declar¨® a EL PAIS un miembro de la ejecutiva del PSOE), entre los centristas existe divisi¨®n de opiniones.

En ¨¢reas gubernamentales se propone aprovechar al m¨¢ximo-el periodo de sesiones para dejar aprobadas algunas leyes y, a ser posible, tambi¨¦n los Presupuestos Generales del Estado para, 1983.

En la sede de UCD, sin embargo, se contempla como dif¨ªcil la reanudaci¨®n de la actividad parlamentaria en septiembre, "aunque se est¨¢ trabajando para el caso de que as¨ª sea", se?al¨® a este perif¨¦rico un alto dirigente centrista. El propio Landelino Lavilla es contrario al mantenimiento artificial de una legislatura cuando existe en el horizonte el se?uelo de las elecciones. Por otra parte, la hegemon¨ªa de UCD en la mayor¨ªa de los territorios con proceso auton¨®mico pendiente hace atractiva para el partido gubernamental la aprobaci¨®n de los respectivos estatutos,

En general, en el partido del Gobierno existe cierto temor a que los socialistas utilicen el Parlamento durante esta etapa para deteriorar a¨²n m¨¢s la d¨¦bil situaci¨®n pol¨ªtica de UCD. Las promesas ofrecidas por destacados dirigentes del PSOE en el sentido de que no tratar¨¢n de derribar al Gobierno son estimadas insuficientes, en una etapa en que la carrera electoral est¨¢ abierta en la pr¨¢ctica, y el aprovechamiento pol¨ªtico de cualquier circunstancia se encuentra dentro de la l¨®gica. UCD teme adem¨¢s que los ataques no s¨®lo le lleguen desde la oposici¨®n, sino de su propio grupo parlamentario, en donde, al margen de la promesa de votos efectuada por los partidos de Alzaga y Su¨¢rez, ser¨¢n inevitables los roces y las confrontaciones, de resultados negativos para UCD.

Un portavoz de Coalici¨®n Democt¨¢tica estim¨® conveniente que los estatutos pendientes se aprueben durante la actual legislatura, "como ¨²nica forma de homogeneizar y abaratar los procesos electorales. Por su parte, los comunistas se muestran favorables a completar el calendario legislativo pendiente, no s¨®lo en materia de estatutos de autonom¨ªa, y a que las Cortes concluyan su mandato en marzo de 1983. En curiosa coincidencia con esta posici¨®n, Leopoldo Calvo Sotelo ha manifestado su prop¨®sito de no disolver todav¨ªa las C¨¢maras, aunque esta declaraci¨®n es tomada a beneficio de inventario en los medios pol¨ªticos, ya que se considera perfectamente leg¨ªtimo e impl¨ªcito en, la propia mec¨¢nica constitucional, que atribuye al presidente del Gobierno la iniciativa para la disoluci¨®n de las Cortes, un cierto margen de enga?o o utilizaci¨®n de la sorpresa.

Leyes en el 'congelador'

Entre las leyes consideradas prioritarias por los dos grupos mayoritarios, quedan algunas de importancia decisiva para el desarrollo auton¨®mico, tales como la de Cesi¨®n de Tributos a las Comunidades Aut¨®nomas y la del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial. Otras leyes en teor¨ªa prioritarias, pero en la pr¨¢ctica sin elaborar, son la de Objeci¨®n de Conciencia y Prestaci¨®n Social Sustitutoria del Servicio Militar y la reforma parcial del C¨®digo Penal. La virtualidad de este ¨²ltimo proyecto de ley s¨®lo ha consistido en lograr que el Parlamento abandone una reforma m¨¢s ambiciosa y progresista del C¨®digo Penal, en la que colaboraron penalistas como Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s y Enrique Gimbernat.

Otras leyes estimadas esenciales par¨¢ el desarrollo constitucional -aunque sobre cuyo contenido existen fuertes discrepancias entre UCD y PSOE- son la de Autonom¨ªa Universitaria y la de Financiaci¨®n de la Ense?anza Obligatoria, que quedan para mejores tiempos. Por lo dem¨¢s, permanecer¨¢n in¨¦ditas en la actual legislatura la ley org¨¢nica del Poder Judicial -de importancia decisiva para la democratizaci¨®n de la justicia-, la reforma del Estatuto de Centros Docentes, la ley de Bases de la Administraci¨®n Local, el Estatuto del Consumidor, la ley del Derecho de Asilo, la de Cooperativas y la del Transporte Colectivo Urbano de Superficie, todas ellas de inter¨¦s preferente para el PSOE.

?Ley electoral en lectura ¨²nica?

Asimismo quedaron relegadas otras leyes prioritarias para el propio Gobierno, como la de Bases del- R¨¦gimen Estatutario de los Funcionarios P¨²blicos, la reguladora del Ejercicio de los Derechos y Libertades por los Funcionarios de las Administraciones P¨²blicas y la del Impuesto sobre el Valor A?adido (IVA), esta ¨²ltima comenzada a debatir por el Pleno.

Una excepci¨®n al extenso paquete legislativo en el congelador podr¨ªa ser la ley Electoral, reiteradamente solicitada por la oposici¨®n, pero que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios no se han decidido a abordar, salvo una proposici¨®n de ley firmada por Jes¨²s Esperab¨¦ de Arteaga y otros centristas del sector cr¨ªtico, que significa una carga de profundidad contra las ejecutivas de los partidos -propone, entre otras cosas, que el elector pueda modificar en la lista el orden de los candidatos establecido por la direcci¨®n del partido-, y que, naturalmente, no ha sido tramitada.

Con relaci¨®n a esta iniciativa, Guillermo Galeote, miembro de la ejecutiva socialista, asegur¨® que el objetivo de la misma ten¨ªa como destinatario a la propia UCD, por lo que, al haberse marchado del mismo algunos de sus promotores, con rumbo a los partidos de Fraga o de Alzaga, la proposici¨®n de ley carece de sentido. Preguntado sobre la incidencia que tendr¨ªa para el PSOE que los electores pudieran modificar el orden de los candidatos establecido por la ejecutiva, Galeote afirm¨® que el efecto ser¨ªa menor que en los partidos de la derecha, dada la mayor disciplina existente en la izquierda y su mayor democracia interna. "En todo caso, el desbloqueo de las listas no compensa", dijo, "por el trauma que puede significar para los partidos".

En igual sentido se ha manifestado reiteradamente el secretario general de UCD, ??igo Cavero, para quien la debilidad de los partidos en nuestro pa¨ªs no soporta todav¨ªa el desbloqueo de las listas. En cambio, el adjunto a la presidencia de UCD, Juan Antonio Ortega, ha abogado p¨²blicamente, a t¨ªtulo personal, en contra del oligarquismo y caciquismo de los partidos a la hora de la confecci¨®n de las listas.

La posici¨®n oficial del Gobierno y de su partido ha venido siendo la de considerar que la proximidad de las elecciones impide "serenidad suficiente a los grupos parlamentarios" para abordar una cuesti¨®n ",que afecta a la entra?a misma de la pol¨ªtica y a las expectativas de los partidos", en palabras del propio Calvo-Sotelo. Preguntados por este peri¨®dico otros dirigentes centristas sobre cu¨¢l fue la causa de que no se acometiera esta cuesti¨®n inmediatamente des pu¨¦s de las elecciones de 1979, la respuesta lleva a un callej¨®n sin salida: "No es l¨®gico que los parti dos que han obtenido la victoria con unas determinadas normas electorales aborden su reforma".

El propio Landelino Lavilla advirti¨® hace meses a un redactor de EL PAIS sobre el peligro de manejar el concepto de la presunta ilegitimidad de las pr¨®ximas elecciones, y asegur¨® que la legitimidad est¨¢ garantizada, aun celebr¨¢ndose los comicios con arreglo al decreto-ley de 1977, porque, dijo, "el derecho est¨¢ para dar soluciones a los problemas y no para crearlos". Sin embargo, si no se aprueba una ley electoral adaptada a la Constituci¨®n y, por el contrario, los pr¨®ximos comicios generales se rigen

por el obsoleto decreto-ley de 18 de marzo de 1977, la posibilidad de impugnaci¨®n de las elecciones no carece de base jur¨ªdica y no faltar¨ªan sectores involucionistas que, ante una probable victoria socialista, echar¨ªan mano de toda clase de procedimientos leguleyos para tratar de invalidar el resultado electoral.

Seguridad jur¨ªdica para las pr¨®ximas elecciones

Este argumento parece haber inclinado en las ¨²ltimas semanas a los grandes partidos a considerar conveniente la elaboraci¨®n de una ley electoral, sometida al Parlamento por el procedimiento sucinto de la lectura ¨²nica, y que, sin entrar en los aspectos pol¨ªticos del sistema electoral, introdujera unas leves modificaciones t¨¦cnicas, especialmente en los preceptos que chocan con lo establecido en la Constituci¨®n. En todo caso, la mayor virtualidad de esta ley consistir¨ªa en legalizar el decreto-ley de 1977 e impedir cualquier tentaci¨®n descalificadora, jur¨ªdica o pol¨ªtica, de los pr¨®ximos comicios.

La utilizaci¨®n del procedimiento reglamentario de la lectura ¨²nica, que permitir¨ªa su aprobaci¨®n en un solo tr¨¢mite y una ¨²nica votaci¨®n, exigir¨ªa una gran "simplicidad de formulaci¨®n", seg¨²n establece el art¨ªculo 150 del reglamento del Congreso. Quedar¨ªa, pues, descartado cualquier intento de aprovechar la oportunidad para introducir modificaciones de fondo en el sistema electoral. La configuraci¨®n del PSOE como primer partido de ¨¢mbito estatal ha alimentado en los ¨²ltimos tiempos los deseos de introducir correcciones en el sistema electoral para impedir que los socialistas usufruct¨²en las ventajas que el decreto-ley de 1977 y la regla d'Hont en particular significan para los grandes partidos.

En opini¨®n de Guillermo Galeote, experto en materia electoral de la ejecutiva socialista, "una reforma a fondo del sistema electoral es imposible porque ir¨ªa contra la Constituci¨®n. Lo m¨¢s que puede hacerse es elevar el n¨²mero de diputados de 350 a 400, o incrementar los criterios de representaci¨®n proporcional consagrados constitucionalmente, y ambas reformas nos favorecer¨ªan a nosotros". Galeote insisti¨® en que el margen que deja la Constituci¨®n es muy escaso en cuanto a las posibilidades de modificaci¨®n del sistema electoral y que s¨®lo cabe, si acaso, la conversi¨®n del decreto-ley en ley org¨¢nica, con los retoques imprescindibles.

La virtualidad de esta ley no est¨¢ asegurada, ya que, dado su car¨¢cter de org¨¢nica, requerir¨ªa para su aprobaci¨®n mayor¨ªa absoluta, lo cual exige un acuerdo previo entre UCD y PSOE. En principio, seg¨²n manifest¨® a EL PAIS el citado miembro de la ejecutiva, la posici¨®n socialista es de abstenci¨®n, como reacci¨®n a la negativa gubernamental a los repetidos requerimientos del PSOE durante los ¨²ltimos meses para cambiar las normas electorales en importantes aspectos t¨¦cnicos que aseguraran la limpieza de los comicios, garantizaran la pulcritud del voto por correo y regularizaran el gasto electoral, restringi¨¦ndolo.

Por otra parte, seg¨²n ha podido saber EL PAIS en fuentes gubernamentales oficiosas, el ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, guarda desde hace dos meses en en un caj¨®n de su despacho un borrador de ley electoral que el Gobierno no ha querido remitir al Parlamento, en cuya redacci¨®n particip¨® un profesor universitario experto en temas electorales.