El 23-F y la moci¨®n de censura contra Su¨¢rez, hechos claves de las ¨²ltimas Cortes
Los cuarenta meses largos de la legislatura que ahora concluye han contribuido, con vacilaciones, a la consolidaci¨®n del sistema democr¨¢tico establecido en la Constituci¨®n de 1978. Junto a la puesta en marcha de Importantes mecanismos pol¨ªticos, como las mociones de censura y confianza y el relevo en la presidencia del Gobierno, el Parlamento sufri¨® el m¨¢s duro embate contra la misma entra?a del nuevo r¨¦gimen, en forma del intento golpista del 23 de febrero de 1981, durante el que fueron secuestrados los leg¨ªtimos representantes de la soberan¨ªa popular. La entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional sirvi¨®, por su parte, para el afianzamiento de las nuevas instituciones.
La legislatura, que se inici¨® oficialmente en mayo de 1979 con el mensaje de don Juan Carlos, tuvo como proleg¨®menos las consultas del Rey para la presentaci¨®n al Congreso de los Diputados de un candidato a la presidencia del Gobierno. De acuerdo con la relativa victoria electoral de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD), su l¨ªder, Adolfo Su¨¢rez, fue el elegido y result¨® investido como jefe de Gobierno. Antes de que pasaran dos a?os, el 29 de enero de 1981, Su¨¢rez se crey¨® en la necesidad de dimitir, y iras las correspondientes consultas del Rey a los representantes de los grupos pol¨ªticos, fue propuesto Leopoldo Calvo-Sotelo, quien tambi¨¦n result¨® investido.Durante la sesi¨®n de investidura de Calvo-Sotelo se produjo el asalto a la sede de la C¨¢mara baja por parte de varios centenares de guardias civiles, a las ¨®rdenes del teniente coronel Antonio Tejero. El secuestro del Gobierno en funciones y de los parlamentarios concluy¨® solo al d¨ªa siguiente, tras largas horas de terror y tensi¨®n impuestos por los golpistas. Con motivo del D¨ªa de la Constituci¨®n, en diciembre de 1981, el presidente de la C¨¢mara, Landelino Lavilla, pronunci¨® un discurso el que rechaz¨® con energ¨ªa el ataque incivil a la democracia intentado en vano por los golpistas.
En el ¨¢mbito del juego de poderes, durante la legislatura que acaba revisti¨® especial importancia el ensayo parlamentario de la moci¨®n de censura socialista contra el presidente Su¨¢rez, en mayo de 1980, que no prosper¨®. En cambio, la cuesti¨®n de confianza, planteada en septiembre de ese mismo a?o por Adolfo Su¨¢rez, obtuvo el respaldo parlamentario necesario para continuar en el poder. Entre los debates parlamentarios destac¨® el de la colza, en el que la izquierda no logr¨® reprobar a varios ministros, as¨ª como la pugna en torno al director general de RTVE.
Las Cortes Generales que, ahora se disuelven han avanzado, aun qu¨¦ lentamente, en el levantamiento del edificio institucional del nuevo r¨¦gimen. Las leyes Org¨¢nicas del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Defensor del Pueblo constituyen hitos importantes, si bi¨¦n solo la primera de estas instituciones ha entrado en funcionamiento -por cierto, con gran rendimiento- con plenitud. El Consejo General del Poder Judicial solo completar¨¢ su eficacia institucional cuando se apruebe la ley org¨¢nica del Poder Judicial, pendiente para la pr¨®xima legislatura. El Defensor del Pueblo permanece in¨¦dito, porque las Cortes no encontraron mayor¨ªa suficiente para elegir al ¨²nico candidato propuesto, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez.
Tarea legislativa inacabada
En otros aspectos legislativo quedaron aprobados la ley del divorcio, que molest¨® a la derecha; una ley de Incompatibilidades que la izquierda rechaza; el Estatuto de los Trabajadores, pactado b¨¢sicamente; la llamada ley Antiterrorista, objetada en sectores jur¨ªdicos; la de Defensa de la Democracia, contestada por los medios de comunicaci¨®n social; la de Protecci¨®n Civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA). Esta ¨²ltima ley -muy contestada por los partidos nacionalistas- dise?a el Estado de las autonom¨ªas Pactado por el Gobierno Calvo-Sotelo y los socialistas.Junto a esta ley -cuya entrada en vigor queda en suspenso hasta que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional, ante el que han sido presentados varios recursos-, las Cortes Generales han avanzado en la aprobaci¨®n de los estatutos de autonom¨ªa. La disoluci¨®n de las Cortes ha impedido que los ¨²ltimos cuatro estatuto pendientes -Baleares, Extremadura, Cast¨ªlla-Le¨®n y Madrid- queden aprobados, antes de la elecciones.
Otros muchos proyectos de le, permanecen en el congelador. En cambio, la legislatura no dej¨® sin incluir entre sus trabajos la autorizaci¨®n al Gobierno para el ingreso en la Organizaci¨®n del Tratado de Atl¨¢ntico Norte (OTAN). Esta decisi¨®n, y sobre todo la falta de consulta popular previa, fue objeto do intensas cr¨ªticas por parte de la izquierda. El l¨ªder socialista, Felipe Gonz¨¢lez, advirti¨® que si su partido llega al poder, propondr¨¢ la convocatoria de un refer¨¦ndun sobre el tema.
No habr¨¢ nueva ley electoral
Las elecciones, generales habr¨¢n de celebrarse con arreglo al decreto-ley de 18 de marzo de 1977. En los aspectos no adaptados a la Constituci¨®n, se aplicar¨¢ directamente la carta magna. Fuentes pr¨®ximas al Tribunal Constitucional se hab¨ªan mostrado recientemente favorables a una nueva ley electoral, que la disoluci¨®n de las C¨¢maras ha impedido.Una de las leyes esenciales para el funcionamiento del Estado, la de Presupuestos Generales para el pr¨®ximo a?o, no podr¨¢ ser, obviamente, aprobada por el Parlamento, por lo que los Presupuestos de 1982 quedar¨¢n autom¨¢ticamente prorrogados hasta que se aprueben los nuevos.
En general, la legislatura que ahora termina ha marcado el final de la etapa del consenso, continuaci¨®n del gran pacto que signific¨® la Constituci¨®n, y el comienzo de una confrontaci¨®n pol¨ªtica sistem¨¢tica entre las fuerzas ideol¨®gicamente diferenciadas, que servir¨¢ de preludio al encuentro electoral del pr¨®ximo d¨ªa 28 de octubre.
Pero en el ¨¢mbito parlamentario de la pasada legislatura se ha producido, adem¨¢s, otro fen¨®meno: el de la disputa entre los afines, cuya materializaci¨®n m¨¢s evidente ha estado en la pr¨¢ctica disoluci¨®n del partido del Gobierno y en el crecimiento progresivo del Grupo Parlamentario Mixto, caj¨®n de sastre en el que han desembocado diputados de las m¨¢s diversas procedencias.
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