Por un gran acuerdo nacional en la ense?anza

Los principios b¨¢sicos del pacto escolar belga, que constituye desde entonces el paradigma de buen acuerdo en la materia, son los siguientes: democratizaci¨®n de la ense?anza e igualdad de oportunidades, lo que implica. la gratuidad de aqu¨¦lla. Derecho de elecci¨®n del centro por parte de los padres de familia, ejercitable mediante la subvenci¨®n del Estado a todo centro no estatal que cumpla las condiciones impuestas por la ley. Libertad pedag¨®gica de los centros privados de ense?anza y derecho de iniciativa del Estado para la apertura de escuelas p¨²blicas en todos los niveles educativos.En 1959 fue promulgada en Francia la denominada ley Debr¨¦, que vino a reconocer en la pr¨¢ctica la libertad de ense?anza, dotando, por primera vez, a los centros privados de los medios financieros necesarios para.ejercerla. Dicha norma, completada y ampliada en 1977 por la ley Guermeur, estableci¨® una pac¨ªfica coexistencia entre la ense?anza p¨²blica y la privada, que se ha visto alterada con el reciente acceso al poder del partido socialista. No obstante, la reacci¨®n y movilizaci¨®n de los sectores cat¨®licos de la ense?anza,ha parw lizado, al menos moment¨¢neamente, la aplicaci¨®n pr¨¢ctica del prop¨®sito electoral expresado por el partido del se?or Mitterrand de crear "el gran servicio p¨²blico unificado y laico de la educaci¨®n nacional".

B¨¦lgica y Francia no agotan, por supuesto, el repertorio de pa¨ªses que han asumido positivamente la existencia de un sector privado en el ¨¢mbito de la educaci¨®n, y que han hecho viable el ejercicio de la libertad de ense?anza. Pa¨ªses de profunda tradici¨®n democr¨¢tica y de inequ¨ªvoco car¨¢cter laico y aconfesional han resuelto desde hace mucho tiempo el tema de la ense?anza privada.

As¨ª, en Holanda, las escuelas privadas, integradas en el servicio nacional de educaci¨®n, conservan la integridad de su car¨¢cter espec¨ªfico y su propia organizaci¨®n, estando todos sus gastos "anciados por el Estado. En Dinamarca el Estado concede subvenciones para la construcci¨®n y para los gastos de funcionamiento de los centros privados, y en Austria financia gran parte de sus gastos generales.

En este panorama, ?cu¨¢l es la situaci¨®n espa?ola? El art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n reconoce la libertad de ense?anza y establece que los poderes p¨²blicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de, acuerdo con sus propias convicciones. Reconoce, igualmente, a las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas la libertad de creaci¨®n de centros, dentro del respeto a los principios constitucionales, y, tras referirse a los centros sostenidos por la Administraci¨®n con fondos p¨²blicos, al se?alar que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendr¨¢n en el control y gesti¨®n de los niismos, establece que los poderes p¨²blicos ayudar¨¢n a los centros, docentes que re¨²nan los requisitos que la ley establezca. Tan inequ¨ªvocas declaraciones constitucionales no han tenido, sin embargo, un reflejo correlativo en la realidad sociopol¨ªtico de nuestro pa¨ªs. Efectivamente, cuando en 1980 se debati¨® en las Cortes el Estatuto de Centros Docentes, se alcanzaron momentos de gran conflictividad, y la tensi¨®n entre quienes defend¨ªan dicho texto legal y quienes se opon¨ªan al mismo alcanz¨® m¨¢ximos niveles.

M¨¢s recientemente, con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz, se reprodujeron los enfrentamientos y, se radicalizaron las posturas de los part¨ªdarios y los detractores de la ense?anza privada. Desde otra perspectiva, la articulaci¨®n de competencias en materia educativa entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas, singularmente en el caso de aquellas de car¨¢cter biling¨¹e, ha venido a incorporar un nuevo elemento de perturbaci¨®n a la necesaria armon¨ªa y serenidad que deben rodear el hecho educativo.

Por todo ello, y en v¨ªsperas de la pr¨®xima campa?a electoral, parece oportuno formular ahora una invitaci¨®n a todos los partidos pol¨ªticos, y a las fuerzas sociales que representan, para tratar de establecer un gran acuerdo nacional en materia de ense?anza que sustraiga los temas educativos de la contienda electoral y de los avatares pol¨ªticos.

Contenido del acuerdo

Evidentemente, no se trata aqu¨ª de precisar cu¨¢l habr¨ªa de ser el contenido de dicho acuerdo, pero pueden esbozarse algunas de sus l¨ªneas maestras. En s¨ªntesis, entiendo que el n¨²cleo radicar¨ªa en algo aparentemente tan simple como la aceptaci¨®n por parte de los partidos de izquierda de una realidad: la existencia de un sector privado de la ense?anza, cuya presencia en el ¨¢mbito educativo oscila entre el 3,5% en el nivel universitario y el 46% en formaci¨®n profesional, pasando por el 44,9% en- preescolar, el 36,2% en EGB y el 34,2 en BUP.

Naturalmente, asumir dicha realidad implicar¨ªa la voluntad de garantizar su subsistencia y su arm¨®nica coexistencia con el sector p¨²blico, propiciando que el derecho constitucional a la gratuidad de la ense?anza pueda ser ejercido por las familias a trav¨¦s de la libre elecci¨®n de un centro p¨²blico o de un centro privado, mediante el adecuado sistema de financiaci¨®n de ¨¦stos.

El acuerdo afectar¨ªa tambi¨¦n a la determinaci¨®n de los mecanismos de participaci¨®n en el control y gesti¨®n de los centros sostenidos por la Administraci¨®n con fondos p¨²blicos y a la inspecci¨®n a que habr¨ªan de ser sometidos por Parte de los poderes p¨²blicos. Desde la perspectiva auton¨®mica, el acuerdo habr¨ªa de extenderse a una serie de medidas que, preservando estrictamente las competencias y peculiaridades de las comunidades aut¨®nomas, garantizasen la unidad fundamental del sistema educativo espa?ol.

El reto es importante, pero sus potenciales beneficios justifican sobradamente que se, intente afrontarlo. Hacer viable el ejercicio de los derechos constitucionales; conjugar los esfuerzos de todos en pro de la escolarizaci¨®n de los espa?oles y de la elevaci¨®n del nivel de calidad educativa; establecer un sistema educativo acorde con el Estado de las autonom¨ªas y, principalmente, evitar todo riesgo de trasladar a los centros escolares y, en ¨²ltima instanc¨ªa, a los alumnos las diferencias y los conflictos pol¨ªticos constituyen algunos de los logros que podr¨ªan ser alcanzados.

Todo ello ser¨¢ posible si los partidos pol¨ªticos y las fuerzas sociales. act¨²an con generosidad y con visi¨®n de futuro, haciendo desaparecer sus recelos y desconfianzas, renunciando a maximalismos y a posiciones radicales y tratando de encontrar un espacio de aproximaci¨®n y de com¨²n entendimiento.