La modernizacion t¨¦cnica de las Fuerzas Armadas no se correspondi¨® con una pol¨ªtica de nombramientos consecuente

Despu¨¦s de las elecciones del 3 de marzo de 1979, fue confirmado en la vicepresidencia primera del Gobierno de Asuntos de Defensa y Seguridad, que ocupaba desde julio de 1976, el teniente general Manuel Guti¨¦rrez Mellado, pero perdi¨® la titularidad de la primera que tuvo asignada desde su creaci¨®n en 1977 cuando se agruparon en uno los tres Departamentos anteriores del Ej¨¦rcito, Marina y Aire

El nuevo ministro de Defensa result¨® ser, por primera desde hac¨ªa cuarenta a?os, un civil: Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n. En el primer Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, cuya sesi¨®n de investidura fue interrumpida el 23 de febrero de 1981 por la intentona golpista de Tejero, se suprimi¨® la vicepresidencia de Defensa y para la cartera correspondiente fue nombrado Alberto Oliart.Los fervorosos leopoldistas de aquellos d¨ªas subrayaban como un atrevimiento progresista la ausencia de generales en el Consejo de Ministros.

El per¨ªodo de tiempo que contempla este sumario balance comprende el final de la gesti¨®n como vicepresidente de Guti¨¦rrez Mellado y la gesti¨®n de Rodr¨ªguez Sahag¨²n y Oliart como titulares de Defensa. Cualquier intento de aproximaci¨®n valorativa debe necesariamente enmarcarse sin perder de vista los antecedentes inmediatos. Adem¨¢s, conviene tener en cuenta que las caracter¨ªsticas espec¨ªficas del proceso de reforma han marcado tambi¨¦n de modo decisivo el ¨¢mbito de la pol¨ªtica de Defensa y el m¨¢s espec¨ªfico de la pol¨ªtica militar, a la que corresponde atender los objetivos que en ese ¨¢rea, dada su naturaleza, sean incumbencia de las Fuerzas Armadas.

La transici¨®n exig¨ªa, m¨¢s a¨²n en este campo, aceptar la situaci¨®n dada de partida. La herencia legada por el 20-N era la de unas Fuerzas Armadas en la penuria, con una capacidad operativa bajo m¨ªnimos y una grav¨ªsima dependencia en todos sus abastecimientos. Los cuadros de mando carec¨ªan de expectativas profesionales, y fuera del favor, s¨®lo pod¨ªan aspirar a subsistir en el pluriempleo. Hab¨ªan sido indebidamente implicados en tareas represivas, especialmente en el ¨¢rea jurisdiccional, y cuidadosamente educados en la adhesi¨®n a quien fue durante cuarenta a?os su comandante en jefe, progresivamente mitificado, que b¨¢sicamente les gratificaba con el manejo de un resorte moral: manteniendo encendido el orgullo de ej¨¦rcito vencedor.

Es cierto que las operaciones militares de la guerra civil concluyeron, seg¨²n el parte oficial, el 1 de abril de 1939. Desde entonces empez¨® a contarse la victoria de un bando. La paz de todos no qued¨® sellada hasta la Constituci¨®n reconciliadora de 1978. En su plena vigencia, el orgullo de las Fuerzas Armadas no puede por m¨¢s tiempo alimentarse con referencia a nuestra ¨²ltima contienda porque ello equivaldr¨ªa a recluir a un amplio sector de la poblaci¨®n en la humillaci¨®n de la derrota.

Las Reales Ordenanzas

La naciente democracia, todav¨ªa carente de planteamientos precisos respecto al papel asignado a las Fuerzas Armadas y de conceptos bien definidos sobre su necesaria modernizaci¨®n, fue abordando algunas de las cuestiones b¨¢sicas con un rigor doctrinal a veces muy aceptable. Ah¨ª est¨¢ el admirable trabajo de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas dirigido por el general Francisco Mart¨ªnez de Galinsoga, que, lamentablemente, no han tenido el desarrollo exigido en sus disposiciones finales a tenor de las cuales, en la legislatura que ahora concluye, el Gobierno deber¨ªa haber aprobado las ordenanzas particulares del Ej¨¦rcito, la Armada y el Aire, y regulado las normas de vida de las unidades militares y el ejercicio de los deberes y derechos individuales, as¨ª como el r¨¦gimen disciplinario.

Una serie de pasos previos a la legislatura que analizamos, como la creaci¨®n de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), sirvieron para deslindar la cadena de mando militar de la rama pol¨ªtico-administrativa y anticiparon la creaci¨®n del Ministerio de Defensa, primero, y el nombramiento de un civil a su frente, despu¨¦s. Algunos miembros de la c¨²pula militar tienden a interpretarlo como una marginaci¨®n del Gobierno en los asuntos de las Fuerzas Armadas, de forma que en diversas ocasiones se ha visto aflorar la tendencia a preferir una imposible dependencia directa de la JUJEM respecto del Rey puenteando la autoridad que compete al Gobierno.

Bajo el Gobierno Su¨¢rez, con el tandem Guti¨¦rrez Mellado-Rodr¨ªguez Sahag¨²n al frente de la vicepresidencia y la cartera de Defensa, hay que rese?ar algunas realizaciones fundamentales. En primer lugar, la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n del Plan Estrat¨¦gico Conjunto (PEC), que considera dos fases cronol¨®gicas. La primera comprend¨ªa los a?os 1980-1982, y la segunda, hasta 1989. El PEC est¨¢ dividido en dos partes que reflejan, de un lado, "la estrategia militar y la directiva para el planeamiento de la fuerza" y, de otro, "el objetivo de fuerza conjunto, formado por la fuerza y el apoyo a la fuerza". El PEC, una vez definidas las amenazas potenciales y teniendo en cuenta el ¨¢mbito geoestrat¨¦gico, establece el objetivo de fuerza conjunto que se considera necesario para la defensa nacional.

Algunos analistas han criticado el excesivo e innecesario secreto de que se ha revestido el PEC, sobre todo cuando la pretensi¨®n declarada es la de "conseguir un fortalecimiento de la conciencia nacional para lograr la mayor identificaci¨®n posible entre el pueblo y las Fuerzas Armadas en la empresa com¨²n de la defensa". Adem¨¢s han subrayado que el PEC parece haber nacido desde la definici¨®n previa de un objetivo de fuerza conjunto, demasiado respetuoso con inercias heredadas y que en pura doctrina deber¨ªa ser la consecuencia, y no al rev¨¦s.

Dentro tambi¨¦n de la etapa Su¨¢rez-Mellado-Sahag¨²n est¨¢ la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n casi un¨¢nime por ambas c¨¢maras de la ley org¨¢nica de Criterios B¨¢sicos de la Defensa Nacional y la Organizaci¨®n Militar. Esta ley define las funciones de cada uno de los ¨®rganos superiores de la defensa y la organizaci¨®n militar, establece su forma de coordinaci¨®n y la dependencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor del presidente del Gobierno y fija las normas para su desarrollo, que no ha sido completado por Calvo Sotelo-Oliart.

Han quedado pendientes proyectos ultimados como el de ley de Organizaci¨®n Militar, donde se contemplaba la nueva divisi¨®n del territorio nacional, m¨¢s acorde con las necesidades de defensa exterior; la ley de Ense?anza Militar, de suma urgencia para adecuar este cap¨ªtulo a lo dispuesto en la Constituci¨®n, impartir una formaci¨®n m¨¢s completa y abierta y lograr una nueva ambientaci¨®n de la vocaci¨®n militar; la ley del Servicio Militar, que ha de contemplar tambi¨¦n la objeci¨®n de conciencia y los casos de exenci¨®n que pudieran dar lugar a prestaciones sustitorias; el nuevo C¨®digo de Justicia Militar, tarea para la que se constituy¨® una comisi¨®n presidida por el general Teodoro Gim¨¦nez, cuyo plazo de redacci¨®n ha sido sobrepasado; la ley de Potenciaci¨®n d Industrias de Inter¨¦s para la Defensa y la ley de Movilizaci¨®n Nacional, igualmente previstas.

Ambig¨¹edad con la Guardia Civil

Los socialistas tuvieron ocasi¨®n, en la comisi¨®n y en el Pleno del Congreso de los Diputados, de exponer su postura en torno a la ley de Criterios B¨¢sicos de la Defensa y la Organizaci¨®n Militar. Su principal caballo de batalla fue deslindar la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas. Para el PSOE exclusivamente, seg¨²n reza el art¨ªculo octavo de la Constituci¨®n, las Fuerzas Armadas est¨¢n constituidas "por el Ej¨¦rcito de Tierra, la Armada y el Ej¨¦rcito del Aire". El texto finalmente pactado y aprobado elude un pronunciamiento tajante sobre el car¨¢cter militar del instituto y establece que: "En tiempo de paz, el cuerpo de la Guardia Civil depender¨¢ del ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de car¨¢cter militar que por su naturaleza se le encomienden y del ministro del Interior en el desempe?o de las funciones relativas al orden y la seguridad p¨²blica".

La definici¨®n fue juzgada insatisfactoria en ciertos medios de la Guardia Civil. Su director, el teniente general Pedro Fontenla Fern¨¢ndez, hizo unas declaraciones anunciando su disposici¨®n de luchar con todos los medios a su alcance para que el Senado modificara la redacci¨®n acordada inicialmente en el Congreso de los Diputados. Entonces sobrevino el cese fulminante en un gesto de autoridad del Gobierno. A la luz del 23 de febrero todas esas actitudes alcanzaron una nueva comprensi¨®n.

Otra propuesta socialista para enmendar la ley de Criterios B¨¢sicos de la Defensa y la Organizaci¨®n Militar se estrell¨® tambi¨¦n frente al consenso final: la de la supresi¨®n del sistema de capitan¨ªas generales, que en su definici¨®n actual convierte a sus titulares en afanados jueces pendientes de la aplicaci¨®n dentro de su territorio del C¨®digo de Justicia Militar y les ata a inmensas servidumbres de protocolo social, mientras les impide su misi¨®n b¨¢sica: la permanente inspecci¨®n de las unidades a su mando, de su grado de instrucci¨®n y operatividad real.

Para cerrar el cap¨ªtulo de estas actividades hay que mencionar a¨²n dos cuestiones. Desarrollo del programa del Futuro Avi¨®n de Combate y Ataque (FACA), iniciado hace ya cuatro a?os, sobre el que recay¨® a mediados de julio pasado la que se pensaba ¨²ltima decisi¨®n del Gobierno en favor de uno de los aviones preseleccionados: el norteamericano F-18 de la McDonnell Douglas. Y la ley de Dotaciones Presupuestarias de las Fuerzas Armadas, que asigna 2,3 billones de pesetas durante los pr¨®ximos ocho a?os.

El Ministerio de Defensa, ya bajo la direcci¨®n de Alberto Oliart, prefiri¨® en ambos casos presionar en favor de una tramitaci¨®n de urgencia reduciendo al m¨ªnimo el debate de la opini¨®n p¨²blica y la participaci¨®n parlamentaria. El resultado ha sido un efecto altamente pol¨¦mico que pugna por la revisi¨®n de opciones que se pensaban firmes. Esa es tambi¨¦n la situaci¨®n respecto la integraci¨®n en la OTAN sin haberla condicionado previamente a la obtenci¨®n de ventajas que tras suscribir el tratado se averiguan imposibles de obtener.

Debilidad en los nuevos nombramientos

En cuanto a la pol¨ªtica de personal, qued¨® aprobada la ley de Creaci¨®n de la Reserva Activa para los tres Ej¨¦rcitos, que reduce la edad m¨¢xima de permanencia en actividad. Sus efectos rejuvenecedores sobre los cuadros de mando tardar¨¢n en dejarse sentir por la gradualidad con que el Gobierno ha decidido proceder a su aplicaci¨®n. Tambi¨¦n aprobaron el Congreso y del Senado la ley de Clasificaci¨®n de Mandos y Ascensos para los militares de carrera y la de Reorganizaci¨®n de las Escalas Especial y B¨¢sica del Ej¨¦rcito de Tierra. El progreso en la unificaci¨®n org¨¢nica de los diversos Ej¨¦rcitos es lento, mientras en el campo de la acci¨®n social se procedi¨® a la creaci¨®n y puesta en marcha del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que mejora notabil¨ªsimamente la asistencia sanitaria y farmac¨¦utica a m¨¢s de 300.000 titulares.

M¨¢s all¨¢ de la normativa, los nombramientos para los puestos claves de la estructura militar han dado la medida de la debilidad gubernamental. Las meras convicciones o actitudes constitucionales, por muy privadamente que se hubieran mantenido, se han convertido para sus sustentadores en estigma de postergaci¨®n, mientras la insolencia contraria a la autoridad del Gobierno y a la carta magna de los derechos del pueblo no ha sido obst¨¢culo para la promoci¨®n.

El ascenso a teniente general y la designaci¨®n de Luis Caruana, gobernador militar de Valencia cuando el golpe del 23 de febrero, para el mando de la V Regi¨®n Militar (Zaragoza) fueron considerados como el m¨¢ximo exponente de estos desaciertos y dejaciones. Las sillas de tijera ofrecidas al Gobierno en el D¨ªa de las Fuerzas Armadas, celebrado este a?o en la capital aragonesa, fueron su respuesta agradecida.

Todos los consentimientos ante la indisciplina -para qu¨¦ enumerar la lista de incidentes, de protagonistas y de escenarios, incluida la sala donde tuvo lugar la vista de la causa por el 23-F- y todas las inflexibilidades ante quienes en alguna ocasi¨®n se pronunciaron por la Constituci¨®n o la democracia -recu¨¦rdense los casos del coronel Gra¨ª?o o del comandante Perinat- constituyen lo m¨¢s penoso de la trayectoria de estos cuatro a?os.

Al mismo tiempo, todos los grupos parlamentarios firmantes, en 1980, de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa para los oficiales condenados por su pertenencia a la autodisuelta Uni¨®n Militar Democr¨¢tica -UCD, PSOE, PC, PNV, Convergencia y PSA- coincidieron en mantener cuidadosamente dormida esa iniciativa legislativa.

Una excepci¨®n de energ¨ªa fue el modo de enfrentar el llamado manifiesto de los cien, en el que otros tantos oficiales tomaban posici¨®n el 6 de diciembre de 1981 en favor del golpismo y contra los medios informativos. La JUJEM, que presid¨ªa Ignacio Alfaro Arregui e integraban Jos¨¦ Gabeiras, Luis Ar¨¦valo y Emiliano Alfaro, reaccion¨® con pulso firme. El 16 de febrero de 1982, en una operaci¨®n sorpresa, Leopoldo Calvo Sotelo presid¨ªa en la Moncloa la torna de posesi¨®n de los nombrados para sustituirlos en bloque: Alvaro Lacalle Leloup, como presidente, y Ram¨®n Ascanio, Saturnino Suanzes y Emilio Garc¨ªa Conde para las jefaturas de Estado Mayor del Ej¨¦rcito, la Armada y el Aire.

Las ¨²nicas declaraciones concedidas por el general Lacalle fueron publicadas por la revista Reconquista en junio pasado e incluyen conceptos que no han dejado de preocupar en los medios informativos. "Lo ¨²nico que yo les pido", dec¨ªa el presidente de la JUJEM respecto al comportamiento de ciertos sectores de Prensa, "es que, al igual que nosotros admitimos su noble profesi¨®n. y no pretendemos cambiarla por la v¨ªa de las armas, ellos admitan la nuestra y no pretendan cambiarla por la v¨ªa de la pluma". Y a partir de ah¨ª, algunos observadores han insistido en se?alar indicios que apuntan al intento de nacimiento de un poder militar aut¨®nomo.

Para cerrar este balance, y en lo que se refiere a los aspectos industriales, se han producido avances para una mayor integraci¨®n nacional de nuestro armamento y se ha iniciado una pol¨ªtica de obtenci¨®n de contrapartidas industriales y tecnol¨®gicas en las compras al exterior. Han aumentado tambi¨¦n las posibilidades de cofabricaci¨®n con resultados m¨¢s visibles en el avi¨®n de transporte ligero C-212 y del reactor de entrenamiento C-101, as¨ª como en el carro de combate AMX-30.