La Hacienda

ES SIN duda el r¨¢pido crecimiento del d¨¦ficit del sector p¨²blico lo que m¨¢s llama la atenci¨®n de lo sucedido en la Hacienda espa?ola en los ¨²ltimos a?os. Y, sin embargo, no puede decirse que haya habido un debate por parte de la clase pol¨ªtica sobre la importancia de ese d¨¦ficit y sus consecuencias, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros pa¨ªses industriales -en la Rep¨²blica Federal de Alemania ha llevado a la ruptura de los dos partidos aliados en el Gobierno.La ausencia de debate ha facilitado que, tanto el presidente del Gobierno como el vicepresidente econ¨®mico, no tuviesen necesidad de asumir una postura clara y precisa ante la opini¨®n sobre este problema. Las lamentaciones del Banco de Espa?a por la incidencia del d¨¦ficit en el control de la cantidad de dinero y, en ¨²ltima instancia, en la evoluci¨®n de los precios, es as¨ª la ¨²nica protesta oficial digna de tenerse en cuenta sobre una cuesti¨®n bien aireada en cambio por la Prensa y por la asociaci¨®n espa?ola de Banca Privada. El ministro de Hacienda ha sido el interlocutor de la opini¨®n p¨²blica en la controversia. Garc¨ªa A?overos se ha defendido con acierto, ha discutido las estimaciones del d¨¦ficit y, como en el caso de 1981, demostrado que para el conjunto de las administraciones p¨²blicas, los diversos c¨¢lculos que aproximaban a 900.000 millones de pesetas sus necesidades de financiaci¨®n, deb¨ªan rebajarse a 618.000 millones. 0 sea, que en lugar de discutirse el crecimiento del d¨¦ficit y su incidencia en la econom¨ªa, todo ha quedado reducido a un problema de exactitud en las cifras. Hacienda, naturalmente, se reservaba la ventaja de retrasar pagos o contabilizar como ingresos obligaciones todav¨ªa pendientes de cobro y adornar, as¨ª, a su gusto, el escaparate. Lo sorprendente es que el Parlamento no se ha preguntado nunca hacia d¨®nde ¨ªbamos y cu¨¢les eran los resultados globales de la reforma fiscal. La complacencia con el d¨¦ficit quiz¨¢ sea la explicaci¨®n.

El impuesto de la Renta sobre las Personas F¨ªsicas, con la entrada en vigor de la ley de 8 de septiembre de 1978, se ha traducido en un incremento en el n¨²mero de declaraciones desde 2,8 a 6,2 millones, y de ingresos desde 300.000 millones a 773.000 millones entre 1979 y 198 1. Tambi¨¦n el incremento de los ingresos que gravan la producci¨®n y la importaci¨®n ha sido sustancial, de modo que la presi¨®n fiscal ha crecido de manera continua. En 1979 la recaudaci¨®n por impuestos y cotizaciones sociales representaba el 28,8% del valor total de la producci¨®n de bienes y servicios y en 1981 se elevaba al 3 1 % del PIB. Esta mayor recaudaci¨®n se ha visto incomprensiblemente pagada con una mayor oscuridad por parte de la Administraci¨®n. Las listas de declarantes han desaparecido del Ministerio -cuando eran un magn¨ªfico ejemplo de la falta de cumplimiento social de un sector de la clase dirigente- y las prometidas listas de defraudadores no han sido publicadas. Mientras tanto, por desidia del fiscal, o por lo que sea, la realidad es que si nos atenemos a los hechos hay que suponer que en este pa¨ªs no ha habido un solo ciudadano que merezca la c¨¢rcel por su defraudaci¨®n a Hacienda, cosa harto dif¨ªcil de admitir. La desfiguraci¨®n del empe?o ¨¦tico -y pol¨ªtico de la reforma fiscal en un mero instrumento de recaudar m¨¢s es algo lamentable y fruto de las presiones de la derecha econ¨®mica sobre la UCD. El pago que esa derecha econ¨®mica ha hecho al partido del Gobierno por sus favores ha sido un apoyo descarado al partido de Fraga en los pr¨®ximos comicios.

Por otra parte, el aumento de la presi¨®n fiscal no ha sido capaz de satisfacer el incremento de los gastos de las administraciones p¨²blicas. Desde 1979 a 1981 estos gastos han pasado de 4.030.000 millones a 5.930.000 millones, es decir, han crecido unos 1.900.000 millones en s¨®lo tres a?os. El porcentaje de los gastos p¨²blicos respecto al PIB fue del 30,6 en 1979 y del 34,6 en 1981. Tanto los gastos corrientes de funcionamiento (remuneraci¨®n del personal, compra de bienes y servicios) como las transferencias corrientes y de capital (incluidas las pensiones para los damnificados de la guerra civil, traspasos a la Seguridad Social para pensiones y desempleo, subvenciones a las empresas, etc.) han crecido tambi¨¦n m¨¢s de prisa que el valor total de la producci¨®n. Los gastos militares, por su parte, han marchado igualmente m¨¢s de prisa que la renta nacional y las perspectivas que deparan las anunciadas compras de aviones y armamento sugieren que la velocidad de estos gastos se mantendr¨¢ muy viva, salvo que cambie la pol¨ªtica del Gobierno despu¨¦s de las elecciones.

El primer resultado de esta pol¨ªtica parece una mayor igualdad de las rentas, en especial a favor de las clases m¨¢s desprotegidas, pero una apreciaci¨®n m¨¢s pausada nos mostrar¨¢ que el proceso de distribuci¨®n no se ha orientado con tanta claridad hacia los que tienen menores ingresos. Por lo pronto, la remuneraci¨®n global de toda la Administraci¨®n p¨²blica ha crecido m¨¢s que el resto de la renta nacional. En 1979 representaba el 8,7% y en 1981 el 9,5% del PIB.

La recalificaci¨®n de puestos de trabajo en la Administraci¨®n para muchas personas que entraron sin efectuar oposiciones les ha deparado alzas retributivas en algunos casos incluso escandalosas. En ¨²ltima instancia, los mayores gastos corrientes y los menores gastos de inversi¨®n han repercutido sobre la actividad y el paro, que ha golpeado de forma directa a quienes no tienen acceso legal a los subsidios.

El pr¨®ximo Gobierno se encuentra con una pesada servidumbre: el estado de las cuentas de la Administraci¨®n central y el c¨®mo mejorarlas. El reto es doble. Por un lado, la reforma fiscal debe proseguir de modo que permita financiar el funcionamiento de la maquinaria del sector p¨²blico, todo el proceso de transferencias y prestaciones sociales y, sin embargo, liberar fondos para inversiones en infraestructura y actividades productivas del sector p¨²blico. Tambi¨¦n la orientaci¨®n de los impuestos debe variar para intentar estimular el ahorro y la inversi¨®n de capitales con riesgo, mientras que, al mismo tiempo, se desestimula el consumo. Pero, sobre todo, el gasto p¨²blico debe racionalizarse y dot¨¢rsele de una mayor eficacia.