El Ministerio de Justicia no crear¨¢ nuevas disposiciones legales para perseguir a los intermediarios en los secuestros

El Ministerio de Justicia no tiene intenci¨®n de crear nuevas disposiciones legales a fin de perseguir la figura del intermediario en los secuestros, seg¨²n afirm¨® un portavoz de dicho Ministerio. El Ejecutivo potenciar¨¢, sin embargo, la investigaci¨®n policial encaminada a recoger pruebas de cu¨¢ndo, bajo la figura del intermediario, se encubre un delito de colaboraci¨®n con las bandas armadas, tipificado en el C¨®digo Penal y concretado por las reformas introducidas por la llamada ley de defensa de la Democracia y la Constituci¨®n, de mayo de 1981.

Esto parece matizar el comunicado del Ministerio del Interior del pasado martes, en el que se anunciaba la intenci¨®n de perseguir la figura de los intermediarios en los secuestros y penalizar y obstaculizar el pago del impuesto revolucionario y del rescate en los casos de secuestro.De los l¨ªderes consultados por este peri¨®dico, s¨®lo Manuel Fraga ha manifestado sin ambages su apoyo a dichos proyectos, que han causado inquietud en medios jur¨ªdicos y han sido acogidas con escepticismo por los tres ex secuestrados de la organizaci¨®n terrorista ETA.

En consecuencia, la figura en s¨ª del intermediario no ser¨¢ considerada perseguible, salvo que se aprecie una finalidad de colaboraci¨®n encubierta con los secuestradores, como en opini¨®n del Gobierno ha venido sucediendo frecuentemente seg¨²n dichas fuentes del Ministerio de Justicia.

El Gobierno, antes de anunciar el pasado martes dicha intenci¨®n, recab¨® una amplia informaci¨®n sobre los aspectos jur¨ªdicos de la figura del intermediario. Fuentes del Ministerio del Interior declinaron precisar con mayor concreci¨®n dichas medidas, ya que, seg¨²n manifestaron, continuaban en estudio.

Manuel Fraga, manifest¨® su conformidad con la intenci¨®n gubernamental anunciada por Rafael Vera, director de la Seguridad del Estado, de perseguir la figura del intermediario, en los secuestros y la financiaci¨®n de las bandas terroristas mediante el pago del rescate o del impuesto revolucionario.

El dirigente de Alianza Popular declin¨®, en tono firme, precisar sobre dichos supuestos hasta que el Gobierno no d¨¦ mayor concreci¨®n a dichas medidas. No obstante, reiter¨® su conformidad con las mismas, que calific¨® de "absolutamente razonables", y que, seg¨²n dijo, ¨¦l ya hab¨ªa aplicado durante su mandato como ministro del Interior.

Ruiz-Gim¨¦nez partidario de la mediaci¨®n humanitaria

Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, Defensor del Pueblo, manifest¨® su oposici¨®n a que sean perseguidos quienes medien por razones humanitarias entre secuestradores y familia del secuestrado. No obstante, precis¨® que cree m¨¢s aconsejable, para evitar dudas, que las mediaciones en dichos casos las lleven a cabo organismos humanitarios, como la Cruz Roja. Por el contrario, manifest¨® su conformidad con que se persiga a los mediadores que ofrezcan sus servicios con una intencionalidad de favorecer la recaudaci¨®n del rescate, por afinidad ideol¨®gica con los secuestradores, o por intereses econ¨®micos propios.

Declar¨®, asimismo, que no considerabajusto que se penalizase el pago del rescate por parte de las familias, pero manifest¨® estar de acuerdo con que el Gobierno arbitre medidas para impedir el pago del rescate, y cit¨® como ejemplo el caso italiano, donde se hab¨ªan bloqueado cuentas bancarias para impedir desembolsos con tal fin.

Ruiz-Gim¨¦nez, mostr¨® su alegr¨ªa por la puesta en libertad por la Polic¨ªa de Juan F¨¦lix Eriz, detenido por su mediaci¨®n entre los secuestradores de Saturnino Orbegozo, sobre cuya actuaci¨®n manifest¨® que no le cab¨ªan dudas de que hab¨ªa sido guiada exclusivamente por fines humanitarios. Record¨® que la mediaci¨®n en que ¨¦l intervino cuando el secuestro de Javier Rup¨¦rez cont¨® en todo momento con el conocimiento del Gobierno y dej¨® sentado desde el principio que pretend¨ªa la liberaci¨®n de aqu¨¦l y no la negociaci¨®n de la suma de un rescate.

Antonio Garrigues Walker, presidente del Partido Dem¨®crata Liberal y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, considera que "el gran problema est¨¢ en la l¨ªnea que separa a los intermediarios altruistas, de los pragm¨¢ticos. Creo que una actuaci¨®n indiscriminada contra ambos, ser¨ªa poco ¨¦tica y poco eficaz. El derecho de una persona a salvar su vida, si no por cualquier medio, con todos los medios razonables, me parece lo suficientemente importante para que no se reduzcan los m¨¢rgenes de acci¨®n y, muy especialmente, en situaciones de excepcionalidad de hecho, como las que se viven en el Pa¨ªs Vasco. Ello abrir¨ªa delicad¨ªsimos problemas jur¨ªdicos sobre la responsabilidad del Estado".

Marcos Vizcaya, portavoz parlamentario del PNV, aunque matiz¨® que no quer¨ªa exponer su opini¨®n hasta no conocer con mayor precisi¨®n como se articular¨¢n dichas medidas, afirm¨® que la figura del intermediario no era perseguible a tenor de la actual redacci¨®n del C¨®digo Penal, por lo que, a su entender, habr¨ªa de procederse previamente a su reforma, lo que juzg¨® discutible.

El representante del Partido Nacionalista Vasco tambi¨¦n distingui¨® entre los mediadores por razones humanitarias, y los que cobran fuertes minutas o apoyan impl¨ªcitamente a los terroristas. Juzg¨® un error decir que se va a castigar a los intermed¨ªarios, sin espec¨ªficar cu¨¢l es el tipo de mediaci¨®n que va a ser perseguida, porque, a su juicio, no es sancionable la que obra por buena voluntad.

Con respecto a la hipot¨¦tica penalizaci¨®n del pago del rescate, manifest¨® que ¨¦l sacar¨ªa de la c¨¢rcel a cualquier persona procesada por dicho motivo con la mera alegaci¨®n de estado de necesidad.

Declar¨® reprochable el pago del impuesto revolucionario, pero se manifest¨® esc¨¦ptico sobre la posibilidad de impedirlo por otra v¨ªa que no sea la toma de conciencia de quienes lo vienen pagando, ya que considera f¨¢cil distraer sumas menores para tal fin.

Por otro lado, declar¨® que no se pueden exigir actitudes heroicas de los ciudadanos cuando el Estado no es capaz de garantizar su se

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guridad, ya que el no pagar supone poner en peligro una vida humana, de forma inmediata en caso de secuestro y de forma algo m¨¢s distanciada en el caso del impuesto revolucionario. Marcos Vizcaya se mostr¨® asombrado de la alegr¨ªa con que se habla de tales temas, y declar¨® que el tema requiere un estudio sereno y profundo, en contraste con la conmoci¨®n que supone la liberaci¨®n de un secuestrado, como es el caso reciente de Orbegozo.

Tambi¨¦n afirm¨® que dicho problema no puede ser enjuiciado fr¨ªamente desde Madrid, por la lejan¨ªa con que se viven tales hechos.

Andreu Claret, en nombre del Partido Comunista de Espa?a, afirm¨® que la decisi¨®n del ministro del Interior de ordenar la detenci¨®n de Juan F¨¦lix Eriz, mediador en el secuestro de Orbegozo, "nos parece una medida precipitada, adoptada sin una consideraci¨®n precisa de la legislaci¨®n vigente -ni siquiera de la llamada ley de Defensa de la Democracia- y sin todos los requisitos que deben preceder a la detenci¨®n una persona en un Estado de derecho".

"La actuaci¨®n de un intermediario en el siniestro negocio del secuestro y los motivos que lo presiden pueden ser muy diversos", agreg¨® el portavoz del Partido Comunista de Espa?a, "pero en ning¨²n caso se justifica la conculcaci¨®n de la ley y la extralimitaci¨®n de la actuaci¨®n del ministerio, que ha practicado la detenci¨®n sin formular acusaci¨®n manifiesta y actuando tras la liberaci¨®n de Orbegozo, cuando la condici¨®n de mediador de Juan F¨¦lix Eriz era conocida durante todo el secuestro".

Por su parte, informa Jos¨¦ Luis Barber¨ªa desde San Sebasti¨¢n, el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, sostiene que la figura del intermediario no puede ser desechada, ya que a su juicio juega un papel imprescindible en la liberaci¨®n de una persona secuestrada. "Me refiero naturalmente, al intermediario de buena fe, el que se sit¨²a junto a la familia de la v¨ªctima y en contra de los secuestradores y que, por supuesto, no cobra dinero alguno por desempe?ar esta funci¨®n. Yo creo que a ese intermediario habr¨ªa que hacerle un monumento", a?adi¨® Bandr¨¦s.

El diputado vasco considera que la figura del mediador es inevitable desde el momento mismo en que se produce un secuestro, y que la resoluci¨®n satisfactoria de estas situaciones dependen en buena medida de la capacidad y voluntad de tales intermediarios. "De hecho, cuando han intervenido buenos mediadores los secuestros se han resuelto casi siempre favorablemente".

El portavoz de la Minor¨ªa Catalana en el Congreso, Miquel Roca Junyent, se mostr¨® muy escueto a la hora de valorar el anuncio del Gobierno de acometer medidas para evitar la mediaci¨®n en los secuestros. "La eficacia de las medidas contra el terrorismo se mide por sus resultados. La eficacia de esta medida, pues, la valorar¨¦ en funci¨®n de sus resultados". Sobre las acciones para evitar la financiaci¨®n de las bandas armadas, Miquel Roca agreg¨®: "Es ya conocida nuestra posici¨®n total contra el pago del impuesto revolucionario".