El fondo de compensaci¨®n y los planes provinciales

Leo en el peri¨®dico que los responsables econ¨®micos del Gobierno quieren incluir los planes provinciales en el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial. Casi simult¨¢neamente, recibo en mi despacho una voluminosa propuesta de distribuci¨®n del importe del plan provincial entre los municipios de Madrid, basada en los principios del fondo. Otro recorte reciente me informa sobre el trato de favor recibido por los planes de provincias donde los anteriores ministros del ramo ten¨ªan sus esca?os. Decididamente, los planes provinciales de obras y servicios est¨¢n en baja.A la trasnochada pol¨¦mica diputaciones-comunidades se suma una evidente desconfianza sobre los mecanismos de distribuci¨®n del importe de los planes entre las provincias y, dentro de ellas, entre los distintos municipios. La desconfianza genera, a su vez, una afanosa b¨²squeda de criterios objetivos para la asignaci¨®n, y el empleo de f¨®rmulas de distribuci¨®n aparece como inevitable. Pero este proceso termina violentando los fines perseguidos con la creaci¨®n de los planes que ahora, y -probablemente- siempre, se mantienen como deseables.

Tanto el fondo como los planes son, desde luego, mecanismos de transferencia de recursos a entidades m¨¢s peque?as: del Estado a las comunidades y de las provincias a los municipios. Pero ah¨ª acaba la similitud. El fondo intenta la correcci¨®n de los desequilibrios territoriales. Los planes agrupan y coordinan la cooperaci¨®n del Estado con los municipios, prest¨¢ndoles ayuda para que puedan cumplir sus obligaciones municipales.

Con independencia de cu¨¢l sea, o deba ser, el organismo encargado de realizar la cooperaci¨®n, es importante que la funci¨®n no se convierta en un mero reparto de dinero y mantenga su prop¨®sito finalista inicial. La cooperaci¨®n municipal naci¨® para corregir carencias t¨¦cnicas, urban¨ªsticas, de servicios, econ¨®micas y tambi¨¦n obras. Los planes no reparten dinero, solucionan situaciones deficitarias de infraestructura y servicios que los ayuntamientos no pueden afrontar. Aunque parezca que transfiriendo dinero se obtendr¨ªa el mismo efecto, en realidad no es as¨ª. Por debajo de un cierto umbral de poblaci¨®n, los problemas tienen un tama?o desmesurado para los recursos municipales, por mucho que se quieran compensar los desequilibrios.

Si en un municipio de unos quinientos habitantes se agota el pozo para abastecimiento de agua -me limito a contar un ejemplo reciente cualquiera-, de nada sirve que, a trav¨¦s de un mecanismo como el fondo o similar, haya recibido una c¨ªantidad de dinero para obras, m¨¢s o menos proporcional a su poblaci¨®n. Nunca esa cantidad ser¨¢ suficiente para realizar un nuevo pozo.

La cuenta es bien sencilla. Los planes son de aplicaci¨®n en municipios de menos de 20.000 habitantes y, en Espa?a, 13,5 millones de personas viven en ellos. Suponiendo que la inclusi¨®n de los planes en el fondo mantuviera su dedicaci¨®n a los municipios m¨¢s peque?os, el importe de 15.000 millones supondr¨ªa unas 1.100 pesetas por habitante. Si se adoptan coeficientes correctores, tal como se hace en el fondo (m¨¢ximo para Extremadura con 3,2 veces la media y m¨ªnimo para Madrid con 0,45 veces), las dotaciones m¨¢xima y m¨ªnima ser¨ªan de 3.500 y quinientas pesetas por habitante. En el caso m¨¢s favorable, ese municipio recibir¨ªa 1,75 millones de pesetas, que es la tercera parte de lo que puede costar el pozo. Si el municipio fuera m¨¢s peque?o o su coeficiente corrector no fuera el m¨¢ximo, la cifra podr¨ªa suponer s¨®lo la d¨¦cima o veinteava parte de la necesaria. Recuerdo que en la provincia de Madrid, el 30 % de los pueblos tienen menos de quinientos habitantes.

Ni siquiera con un reparto lineal -impensable y probablemente indefendible desde cualquier punto de vista- de todo el importe de los planes, el pueblo podr¨ªa construir su pozo. Como hay unos 7.700 pueblos de menos de 20.000 habitantes, les corresponder¨ªan menos de dos millones de pesetas a cada uno, tambi¨¦n insuficientes. Solamente una utilizaci¨®n finalista de esos 15.000 millones, a trav¨¦s del organismo que se quiera, bien sean diputaciones o comunidades, pero para atender necesidades espec¨ªficas formuladas por los ayuntamientos, podr¨¢ resolver estos problemas.

Probablemente sea razonable que el importe de los planes se distribuya juntamente con el fondo a efectos de cifras totales. Y tambi¨¦n ser¨ªa razonable que lo gestionen las comunidades para coordinarlo con el resto de las actuaciones. Pero, en todo caso, debe figurar en ep¨ªgrafe separado y debe mantenerse su car¨¢cter finalista. Tambi¨¦n, en todo caso, debe evitarse la tentaci¨®n de asignar subvenciones mediante par¨¢metros o variables socioecon¨®micas a nivel municipal. Por debajo de los mil habitantes, es imposible reproducir la realidad vital de cada municipio con el recurso de unos pocos par¨¢metros de empleo general. No queda otro remedio que inventariar los d¨¦ficit y hacer frente a las solicitudes municipales con una clara pol¨ªtica de prioridades y una gesti¨®n transparente.

Miguel Aguil¨® es director de los servicios de infraestructura de la Delegaci¨®n de Urbanismo y Ordenaci¨®n Territorial de la Diputaci¨®n de Madrid.