"Vamos a transferir mas de 600.000 funcionarios en el proceso auton¨®mico", afirma Tomas de la Quadra

Encima de uno de los sillones de su despacho hay una bolsa con botellas de txakol¨ª que le acaba de traer el diputado nacionalista vasco Marcos Vizcaya. Parece un s¨ªmbolo del nuevo talante de las relaciones entre la Administraci¨®n central y ¨¦l Gobierno vasco que quiere conseguir el ministro desde que lleg¨® a Castellana, 3, en diciembre. Asegura que lo que le falta al proceso auton¨®mico, que quiere concluir en 1984, es racionalidad y transparencia. Ese es su objetivo desde que, con el equipo de expertos del profesor Garc¨ªa de Enterr¨ªa, trabaj¨® en un informe que es el origen mismo de la controvertida LOAPA, ley que sigue considerando ¨²til en algunos aspectos y sobre la que espera que el Tribunal Constitucional arroje luz "para tranquilizar a quienes piensan que afecta a sus estatutos".

Pregunta. ?C¨®mo ve el desarrollo auton¨®mico?Respuesta. Lo encontramos paralizado. Ello se explica en parte por el proceso electoral que vivimos desde agosto pasado y por la propia crisis del Gobierno, que se evidenci¨® como bastante perfilada en las elecciones andaluzas. Ello produjo una cierta irracionalidad en el proceso en momentos anteriores, incluso, al- hecho, alectoral, y un cierto desfondamiento. Creo que, m¨¢s que voluntad auton¨®mica, lo que pudo faltarle es un proyecto con un horizonte de varios a?os a la vista. Cuando tomamos posesi¨®n comprobamos que las ponencias no hab¨ªan avanzado en la negociaci¨®n de los temas que deb¨ªan ser objeto de transferencias para el 1 de enero, en base a unos calendarios bastante ambiciosos, para los que no se hab¨ªan puesto los medios para cubrirlos.

Nuestra primera actuaci¨®n fue intentar cumplir los compromisos del anterior Gobierno, hacer un esfuerzo de recuperar el tiempo perdido en esos meses. De mutuo acuerdo en todos los casos, se fijaron los servicios que se pod¨ªan transferir el 1 de enero a todas las comunidades. Afrontar ese reto, con veinte d¨ªas de mandato, es muestra de una voluntad pol¨ªtica de concluir definitivamente el proceso auton¨®mico con transparencia y con racionalidad, pero definitivamente, el a?o 1984.

P. ?Cu¨¢ndo tendr¨¢n traspasadas todas sus competencias Euskadi y Catalu?a y cu¨¢les son las principales dificultades que se plantean para culminar esa operaci¨®n?

R. En lo que se refiere a Euskadi y Catalu?a, queremos terminar este a?o el traspaso de transferencias. Queremos traspasar en los primeros meses el mayor volumen posible de los temas que faltan. Hay cuestiones complicadas, c¨®mo educaci¨®n, pol¨ªtica de empleo, Seguridad Social, obras hidr¨¢ulicas y aguas, Universidad e investigaci¨®n, que se han ido aparcando para el final y ahora nos encontram¨®s con que queda lo m¨¢s dif¨ªcil por traspasar. Las ponencias nos presentar¨¢n en un mes un informe en el que se?alar¨¢n cu¨¢l es el estado de la cuesti¨®n, los puntos de discrepancia y criterios que pudieran servir de soluci¨®n; en- todo caso, con esos elementos propiciaremos una negociaci¨®n en un nivel m¨¢s pol¨ªtico.

Con respecto a la transferencia de autonom¨ªa universitaria, el problema radica en la existencia de un anteproyecto de LAU, que es posible que pueda presentarse dentro de este a?o ante las C¨¢maras. La ponencia tiene que ver si, con la actual legislaci¨®n, es posible ya hacer alg¨²n tipo de transferencia. Es un tema que resulta interferido por una ley que tiene que ordenar todo el sector y condiciona esa transferencia. Hay una autonom¨ªa de la comunidad aut¨®noma, pero est¨¢ tambi¨¦n la autonom¨ªa de la propia universidad, que hay que preservar.

La Seguridad Social est¨¢ transferida en Catalu?a y no lo est¨¢ en el Pa¨ªs Vasco, posiblemente por la coyuntura en que se hizo la operaci¨®n. Es tambi¨¦n un tema complicado, porque exige una reordenaci¨®n a nivel estatal y que se clarifique en qu¨¦ consiste ese convenio que se establece en el Estatuto vasco. Hemos traspasado a Catalu?a entre el 80% y el 85% de las, competencias que le corresponden. Con respecto a Euskadi, estimamos la cifra en el 80%. Los negociadores vascos primero la rebajaron al 70% y ahora la sit¨²an entre el 55% y el 60%, que creo que no se aproxima a la realidad.

'Este es el a?o de Andaluc¨ªa y Galicia'

P. En los casos de Andaluc¨ªa y Galicia se han producido acusaciones de discriminaci¨®n con respecto a la pol¨ªtica de transferenicias a Euskadi y Catalu?a.

R. Su protesta no era l¨®gica. Llev¨¢bamos poco m¨¢s de veinte d¨ªas de mandato y no ¨¦ramos responsables de los retrasos de sus transferencias. A ambas comunidades, y especialmente Andaluc¨ªa, les suced¨ªa que ten¨ªan una situaci¨®n financiera complicada, porque las transferencias se les hab¨ªan hecho mal. Ten¨ªan un volumen importante de competencias, pero les faltaban los funcionarios de apoyo y se produc¨ªa una demora en la recepci¨®n de los cr¨¦ditos correspondientes a lo transferido. Vamos a intentar que al final de este a?o los niveles de transferencias de ambas comunidades puedan equipararse a los de Catalu?a y Euskadi. Andaluc¨ªa ha recibido el 1 de enero una partida importante de transferencias, fundamentalmente referidas a educaci¨®n, lo que supone un traspaso de 50.000 funcionarios. Ostenta ya el 30% de las transferencias, y Galicia, el 50%.

Con respecto al resto de comunidades aut¨®nomas, queremos cerrar el proceso de transferencias a finales de 1984. Estudiamos la posibilidad de tener preparados todos los paquetes de transferencias, con sus valoraciones correspondientes, para final de este a?o y dejarlos a disposici¨®n de lascomunidades para que, a lo largo de 1984, los vayan asumiendo en la medida en que puedan.

P. ?Como se materializar¨¢ finalmente, la autonom¨ªa de Ceuta y Melilla?

R. Aunque en la Constituci¨®n se prev¨¦ la existencia de Estatutos de Autonom¨ªa, para ellas, al ser ciudades no pueden tener todas las instituciones ni la capacidad legislativa de una comunidad aut¨®noma plena. Hay que adaptar el estatuto a esa situaci¨®n de ciudades con instituciones que se adecuen a una naturaleza casi municipal. Hay que dotarlas de un r¨¦gimen peculiar, que integre, en los ¨®rganos institucionales lo que es un ayuntamiento, pero con algunas de las competencias propias del art¨ªculo 148 de la Constituci¨®n. Queremos encontrar una soluci¨®n al tema en los meses de febrero o marzo e implantarla de forma inmediata. Ceuta y Melilla no pueden quedar descolgadas del proceso auton¨®mico.

Vamos a saber cu¨¢ntos funcionarios est¨¢n de m¨¢s

P. ?No se repetir¨¢n las resistencias entre los funcionarios de la Administraci¨®n a una pol¨ªtica de transferencias que puede afectarles directamente?

R. Esa resistencia, que ha existido, debe acabar. Contribuye a ella el hecho de que a nadie le gusta tener que irse a otro punto del territorio a seguir prestando sus servicios a una nueva Administraci¨®n; incluso a los funcionarios de la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado les puede costar pasar a la auton¨®mica. Esto es comprensible. Lo que ocurre es que cuando se contempla una operaci¨®n de la envergadura de la auton¨®mica, aumenta, naturalmente, esa resistencia e incluso se magnifica si los cuerpos del aparato burocr¨¢tico ven que no hay un Gobierno coherente capaz de imponer una voluntad conjunta en el tema auton¨®mico. Ello hace que se produzca una descoordinaci¨®n ministerial, en cuyo ¨¢mbito unos transfieren y otros no. Los recelos aumentan si no ven que esa operaci¨®n se hace con criterios transparentes, racionales, al- margen de influencias, presiones o injusticias, y si no tienen claro que se va a garantizar su situaci¨®n en las comunidades aut¨®nomas.

Creo que en ese tema hay ya algunas normas, por ejemplo la propia LOAPA, que, en lo que se refiere a los funcionarios de los servicios centrales, establece ya unos criterios que, al hacer m¨¢s transparentes y racionales los modos y procedimientos de transferencia, facilitan el proceso. Es preciso establecer de una forma m¨¢s clara la posici¨®n y sus derechos en las comunidades a las que van a ser transferidos y su derecho a concurrir a los puestos de la Administraci¨®n del Estado. Creo que en ese marco se pueden disipar algunos de los recelos existentes.

P. ?Existen cifras sobre los funcionarios traspasados a las comunidades aut¨®nomas y los que habr¨¢ que transferir hasta la culminaci¨®n del proceso?

R. Estamos haciendo ahora ese censo. No obstante, pueden calcularse en 200.000 los funcionarios transferidos hasta la fecha, de los que el 80% pertenece a educaci¨®n y en su pr¨¢ctica totalidad son funcionarios de la Administraci¨®n perif¨¦rica.

S¨®lo se han evaluado los funcionarios perif¨¦ricos transferidos, porque hasta ahora no se han transferido funcionarios de los servicios centrales correspondientes, con lo cual siguen estando en Madrid. Hasta la fecha, en las transferencias se ha hecho una valoraci¨®n provisional, a reserva de que, al hacer la definitiva, metamos los funcionarios correspondientes de la Administraci¨®n central. Esa valoraci¨®n no se ha hecho nunca y nos hemos comprometido a ultimarla antes del 31 de marzo. Vamos a saber, por primera vez, cu¨¢ntos funcionarios de los servicios centrales corresponden a lo transferido hasta ahora y cu¨¢ntos est¨¢n de m¨¢s y tienen que ser transferidos a las comunidades.

A partir de ahora haremos las transferencias con valoraciones definitivas. Estamos haciendo el esfuerzo de adelantamos al propio proceso de traspasos para calcular, una vez completado el dise?o final, a cu¨¢ntos funcionarios puede afectar el proceso en su conjunto, cifra que creemos estar¨¢ entre 600.000 y 700.000.

P. Al hombre de la calle quiz¨¢s le interese saber c¨®mo se van a financiar las autonom¨ªas.

R. Salvo en los casos de Euskadi y Navarra, que tienen sus reg¨ªmenes especiales, las autonom¨ªas se financian, en. el per¨ªodo transitorio en que estamos" con la transferencia, desde las partidas presupuestarias del Estado, de lo que corresponde a los servicios transferidos. Otra t¨¦cnica es la cesi¨®n de tributos, lo que permite a la comunidad cubrir sus servicios. En los pr¨®ximos meses mandaremos a las Cortes un proyecto de ley de cesi¨®n. de tributos. Como esa t¨¦cnica puede resultar insuficiente, las comunidades aut¨®nomas van a tener posibilidades de establecer recargos sobre tributos del Estado y de crear impuestos propios.

Cabe tambi¨¦n que las comunidades aut¨®nomas participen en los ingresos del Estado que no corresponden a los tributos cedidos. Otro mecanismo es el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, que pretende hacer una redistribuci¨®n de car¨¢cter solidario entre las distintas comunidades y tiene en cuenta, entre otros indicadores, los de nivel de renta, extensi¨®n superficial o poblaci¨®n.

La ley la vamos a llevar de forma inmediata al Senado. Hay quejas de que el Fondo est¨¢ mal calculado. Yo creo que la ley est¨¢ bien hecha. Puede ocurrir que haya datos estad¨ªsticos utilizados para la aplicaci¨®n de la ley que pueden estar desfasados y que habr¨¢ que actualizar. El Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial est¨¢ evaluado en 180.000 millones de pesetas, pero est¨¢ en estudio su aumento en forma relativamente importante en los presupuestos del a?o 1983.

'Ha habido sobrevaloraci¨®n en las transferencias a Catalu?aP. Cuando estaban ustedes en la oposici¨®n denunciaron que las valoraciones de transferencias a Catalu?a estaban hinchadas por un importe de m¨¢s de 20.000 millones. ?Mantienen hoy ese criterio?

R. Lo hab¨ªamos denunciado en su d¨ªa y ahora hemos visto que hay, efectivamente, datos suficientes para entender que esa sobrevaloraci¨®n ha existido. Es un tema que, en breve, lo vamos a estudiar a fondo con los catalanes, para darle la soluci¨®n que corresponda.

P. ?Sigue creyendo en la utilidad de la LOAPA? Usted ha tratado de convencer a vascos y catalanes de que no afectar¨¢ a sus estatutos.

R. Creo que, a pesar de todo, la LOAPA ofrece un cuerpo conjunto de doctrina e interpretaci¨®n de la articulaci¨®n de la Constituci¨®n y Estatutos y unas normas que pueden ser muy ¨²tiles, por ejemplo, en el tema de funcionarios. He dado a los negociadores catalanes y vascos interpretaciones que m¨¢s o menos les han satisfecho. La duda que les puede quedar es que ¨¦sa sea ¨²nicamente la interpretaci¨®n del ministro y no la ¨²nica que se le pueda dar a la ley. Tengo la esperanza de que la sentencia del Tribunal Constitucional, que espero se produzca a finales de este mes o a principios del pr¨®ximo, aclare las dudas de interpretaci¨®n habidas entre los ponentes y detractores de la ley.