Excelent¨ªsimos huelguistas
UNA HUELGA COMO la desatada ayer por funcionarios p¨²blicos pertenecientes a los altos cuerpos de la Administraci¨®n -con el entusiasta respaldo de un selecto grupo de abogados del Estado, diplom¨¢ticos, interventores de Hacienda e inspectores tributarios- es casi inimaginable en pa¨ªses con un servicio civil que merezca tal nombre. Decimos esto, no para poner en entredicho su derecho a la protesta, que lo tienen constitucional y felizmente garantizado, sino por recordar que la existencia de ese derecho no implica siempre la oportunidad o justicia, de su uso. Ni la dignidad de la acci¨®n de quienes lo emprenden.La funci¨®n p¨²blica exige d¨¦ sus titulares un delicado equilibrio de derechos y deberes, que implica una prudente utilizaci¨®n de los poderes puestos en sus manos por la organizaci¨®n administrativa. Si hemos criticado en ocasiones las huelgas de coptroladores a¨¦reos por la desmesurada represalia que significaba -en ocasiones concretas- la paralizaci¨®n del tr¨¢fico por el reducido n¨²cleo que dispone del monopolio de esa destreza t¨¦cnica, el plante laboral, sin ninguna motivaci¨®n objetiva digna de tal nombre, de quienes controlan parcelas decisiva s de las instituciones. p¨²blicas exige una condena todav¨ªa m¨¢s contundente. La desproporci¨®n entre los agravios eventualmente recibidos por los altos cuerpos y la respuesta dada es tan evidente que sus protagonistas rozar¨ªan el rid¨ªculo del que mata moscas a ca?onazos. Lo malo es que ese rid¨ªculo viene acompa?ado del evidente destrozo de los proyectiles: no se pueden defender peque?os intereses puramente gremiales con la amenaza de bloquear el funcionamiento de la Administraci¨®n p¨²blica.
Ser¨ªa injusto meter en el mismo saco a todos los cuerpos especiales o a todos los miembros que integran cada uno de esos escalafones. Es bien sabido el decisivo papel que han desempe?ado muchos altos funcionarios en la modernizaci¨®n de nuestro pa¨ªs y en los intentos de construir una Administraci¨®n p¨²blica eficiente y honesta, y que, precisa y curiosamente, no se han solidarizado con la huelga. Ahora bien, otros miembros de esos cuerpos, animadores del plante laboral reci¨¦n comenzado mantuvieron una neutralidad tan sospechosa como exquisita en los tiempos en que las huelgas de los trabajadores de la construcci¨®n, de los mineros asturianos o de los empleados p¨²blicos subalternos eran perseguidas como delito por las autoridades (a cuyo concepto de autoridad no le faltaban complicidades entre estos altos cuerpos de referericial. Tal vez haciendo suyo el dicho de que los ¨²ltimos ser¨¢n los primeros, esos funcionarios de elite, que convivieron en el pasado sin problemas con el antiguo C¨®digo Penal, no dudan ahora en utilizar la huelga, ya legalizada, para defender sus intereses corporativos, tenue y prudentemente lesionados por el Gobierno socialista.
En nuestro comentario de ayer se?alamos que, si los motivos esgrimidos para desencadenar esta huelga de altura deben ser discutidos por el Gobierno -en, especial los aspectos relacionados con la representaci¨®n sindical y las retribuciones-, carece de justificaci¨®n ¨¦tica y pol¨ªtica que nuestros funcionarios de m¨¢s elevado rango, a quienes corresponde velar por la buena marcha del Estado, utilicen sus estrat¨¦gicas posiciones para extorsionar al poder ejecutivo en la b¨²squeda de la consolidaci¨®n de sus privilegios. Para mayor gravedad, el plante laboral se produce precisamente en el momento en que la imprescindible reforma de la Administraci¨®n p¨²blica -reforma. que los altos cuerpos boicotearon durante las anteriores legislaturas- est¨¢ en sus primeros balbuceos.
Por lo dem¨¢s, no faltar¨¢n perplejos ciudadanos que se pregunten por la escenificaci¨®n que hayan podido montar los funcionarios de la carrera en el palacio de Santa Cruz para conferir verosimilitud dram¨¢tica a su plante. En contraste, el paro laboral de los interventores podr¨ªa significar la paralizaci¨®n de gastos urgentes en los ministerios. Y queda por averiguar si los abogados del Estado pretenden extender su actitud huelgu¨ªstica desde los despachos oficiales hasta sus bufetes privados (compatibilidad esta, por cierto, que ha sido de las m¨¢s corruptoras de la Administraci¨®n p¨²blica espa?ola).
Miles y miles de funcionarios de menor categor¨ªa han aceptado el estricto cumplimiento de un r¨ªgido y prolongado horario -legalmente en vigor pero ca¨ªdo en desuso por el negativo ejemplo dado por los altos cargos- y han puesto su mejor voluntad para resolver problemas familiares de soluci¨®n nada f¨¢cil, sobre todo en hogares modestos, como la entrada de los ni?os en el colegio. Estas primeras medidas gubernamentales han sometido a prueba la apuesta de Felipe Gonz¨¢lez en favor de la capacidad de la sociedad espa?ola para aceptar. sacrificios justificados y solidarios. La desmesurada reacci¨®n de los altos cuerpos, que tratan de romper la baraja antes de comenzar la partida, tambi¨¦n ense?a que los llamamientos ¨¦ticos tienen sus fronteras y que el ego¨ªsmo, corporativo puede ser f¨¢cilmente manipulado por estrategias pol¨ªticas de car¨¢cter partidista. En definitiva, cabe preguntarse si no estamos ante una huelga pol¨ªtica protagonizada por sectores nucleares de los partidos que han perdido tan estrepitosamente las elecciones y que han transitado hasta ahora con bastante comodidad y dudosa limpieza de la vida administrativa a la pol¨ªtica, y viceversa.
Un experto tan poco sospechoso de extremismos como Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa formul¨® en 1964 un diagn¨®stico de car¨¢cter general tan l¨²cido como agudo: "La apropiaci¨®n de sectores administrativos por cuerpos especiales, en su consideraci¨®n de prebendas o fuentes de renta, determina inexorablemente que la organizaci¨®n se convierta en una suerte de patrimonio de cuerpo, y que toda posibilidad de alteraci¨®n de la misma, salvo aquellas que impliquen un aumento de las percepciones corporativas precisamente, sea considerada como una p¨¦rdida de intereses propios por el cuerpo titular y, en consecuencia, obstaculizada e imposibilitada al m¨¢ximo".
S¨®lo cabe lamentar que la cita, casi veinte a?os despu¨¦s de formulada, siga siendo aplicable a la Administraci¨®n espa?ola. Sin embargo, tampoco faltan altos funcionarios que se sienten avergonzados por el espect¨¢culo, entre rid¨ªculo y escandaloso, ofrecido por los organizadores del plante, En cualquier caso, al Gobierno corresponde separar el trigo de las reivindicaciones leg¨ªtimas de la paja de esa improcedente respuesta. El sarcasmo popular ya se encargar¨¢, por lo dem¨¢s, de dar respuesta sugerente a esta actitud de unos servidores, del Estado que no se avienen a la idea de dejar de comportarse como sus ileg¨ªtimos due?os.
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