Indefinici¨®n gubernamental sobre la firma del Tratado de No Proliferaci¨®n de Armas Nucleares y el despliegue de misiles

El Partido Comunista de Espa?a (PCE) iniciar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 9 el lanzamiento de una campa?a pro refer¨¦ndum OTAN, mientras que los observadores se?alan una visible diferencia de criterios favorables y adversos entre la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, y el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, acerca de la conveniencia de que Espa?a se adhiera al Tratado de No Proliferaci¨®n de Armas Nucleares, firmado en Washington, Londres y Mosc¨² el 1 de julio de 1968 y puesto en vigor el 5 de marzo de 1970.

Ahora han podido detectarse nuevas presiones en favor de la adhesi¨®n, con muy diferente procedencia en el arco internacional, desde la Uni¨®n Sovi¨¦tica hasta Estados Unidos. Otras cuestiones nucleares, como la llamada doble decisi¨®n sobre el despliegue de los misiles Pershing 2 y Cruise y la asistencia del ministro de Defensa a la sesi¨®n del Comit¨¦ de Planes Nucleares de la OTAN, convocada en Lisboa para los d¨ªas 22 y 23 de marzo, siguen en un estado de cierta indefinici¨®n en las ¨¢reas del Gobierno.Fue el diputado Marcos Vizcaya, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), quien pidi¨® en la sesi¨®n de investidura del nuevo presidente del Gobierno, el 1 de diciembre, que el candidato se pronunciara sobre la firma del Tratado de No Proliferaci¨®n de Armas Nucleares. Al responder Felipe Gonz¨¢lez, se?al¨® su posici¨®n favorable, "pero obteniendo una informaci¨®n suficiente para que no pueda utilizarse en contra del abastecimiento nuclear necesario para Espa?a. En todo caso, anunci¨® que su Gobierno se opondr¨¢ a la nuclearizaci¨®n de Espa?a".

El portavoz de Alianza Popular (AP) para asuntos exteriores y diputado por Granada, Guillermo Kirkpatrick, no considera inocente que la pregunta fuera formulada por un hombre del PNV, y ve ah¨ª la sombra de Lem¨®niz y una falta de precisi¨®n sobre el uso pac¨ªfico de la energ¨ªa nuclear. Para Kirkpatrick, diplom¨¢tico de carrera y familiarizado con estas cuestiones, la firma del tratado supondr¨ªa la quiebra de la l¨ªnea de autonom¨ªa de Espa?a con relaci¨®n a Estados Unidos. Sin embargo, la perspectiva del PCE es favorable a la firma del tratado en aplicaci¨®n del criterio contrario al uso de armas nucleares. El PCE matiza que Espa?a, sujeta a la actitud de terceros, podr¨ªa, en consecuencia, adoptar cambios.

El tratado est¨¢ suscrito por 116 de los 160 pa¨ªses independientes. Francia, China, Bielorrusia y Ucrania se cuentan, junto a Espa?a, entre los no firmantes. Los anteriores Gobiernos espa?oles han rehusado las presiones para firmarlo por considerar que impone limitaciones y obligaciones de las que todo Estado debe asumir el m¨ªnimo imprescindible. Los diplom¨¢ticos que han seguido esta cuesti¨®n m¨¢s de cerca estiman que el tratado es inicuo y que consagra la desigualdad entre los pa¨ªses poseedores de armas nucleares, que pueden conservarlas y aumentarlas, y los no poseedores, sometidos a severos controles y a quienes no se ofrece la menor garant¨ªa.

Adem¨¢s, Espa?a no tiene armas nucleares y no quiere tenerlas, porque le estallar¨ªan en las manos, y ha dado garant¨ªas sobre sus instalaciones de investigaci¨®n y plantas civiles. Tampoco tendr¨ªa sentido firmar, dicen los expertos, cuando oficialmente se ignora si hay arsenales nucleares en Gibraltar. En definitiva, seg¨²n la l¨ªnea de pensamiento de Asuntos Exteriores, el tratado no hace sino consolidar el monopolio nuclear y la pol¨ªtica de bloques y ha probado su inutilidad pr¨¢ctica desde la entrada en vigor.

La 'doble decisi¨®n' de la OTAN

En cuanto a la llamada doble decisi¨®n de la OTAN, hay que recordar que fue adoptada el 12 de diciembre de 1979, cuando Espa?a no formaba parte de la OTAN. Seg¨²n los t¨¦rminos entonces fijados, si las negociaciones de Ginebra no modifican las realidades actuales, el pr¨®ximo diciembre comenzar¨¢ el despliegue de 108 lanzadores Pershing 2, que reemplazar¨¢n a los Pershing 1-A existentes, y de 464 misiles Cruise, basados en tierra, dotados de cargas ¨²nicas.El presidente Felipe Gonz¨¢lez ha hecho algunas declaraciones vagas en favor de la opci¨®n cero, sin descender a mayores precisiones, pero todo indica que, al no resultar comprometido el territorio nacional por la doble decisi¨®n, se prefiere no interferir en lo acordado por otros pa¨ªses. Es la conciencia de que ha terminado la superioridad nuclear norteamericana y de que la Uni¨®n Sovi¨¦tica ha alcanzado una paridad con sus antagonistas en este campo la que remueve el pensamiento estrat¨¦gico europeo. Los aliados estiman que, en este nuevo estadio, Washington no comprometer¨ªa su supervivencia por replicar a un ataque sovi¨¦tico limitado a Europa. Los misiles quieren ser la prueba f¨ªsica y visible de un nuevo compromiso norteamericano graduado en la misma medida de la agresi¨®n contemplada.

La opini¨®n p¨²blica europea ha generado desde 1979 una nueva sensibilidad muy acusada, pero hace cuatro a?os fueron las preocupaciones y las demandas europeas las que determinaron la programaci¨®n del despliegue de 572 misiles para equilibrar a los SS-20 sovi¨¦ticos, de cuya existencia, fotografiada mediante sat¨¦lites con toda precisi¨®n, Washington hubo de informar a sus aliados, que ten¨ªan y tienen una brutal carencia de medios de observaci¨®n. Parad¨®jicamente, en su origen, la instalaci¨®n de los Pershing 2 y los Cruise obedece, sobre todo, a razones psicol¨®gicas, porque los submarinos norteamericanos equilibran la amenaza del otro bloque. Para el PCE, la l¨ªnea de progreso que debe estudiarse concuerda con la propuesta sueca de crear una franja desnuclearizada en Centroeuropa.

Las posiciones referidas del Gobierno sobre el previsto despliegue de misiles norteamericanos en Europa y sobre la firma del Tratado de No Proliferaci¨®n de Armas Nucleares cobran mayor actualidad ante la convocatoria del Comit¨¦ de Planes Nucleares (CPN) de la OTAN para los d¨ªas 22 y 23, en Lisboa, y a la vista del protocolo adicional al Tratado de Amistad, Defensa y Cooperaci¨®n entre Espa?a y Estados Unidos de Am¨¦rica.

Fernando Mor¨¢n, en su comparecencia del 18 de febrero en el Congreso, advirti¨® que la decisi¨®n de participar o no en el CPN estaba a¨²n pendiente de adoptarse, pero consider¨® que lo l¨®gico ser¨ªa no asistir. Para el PCE, la inasistencia es obligada para evitar quedar involucrados. El criterio de AP es el de la participaci¨®n activa en Lisboa sin hacer de don Tancredo.

Ahora se recuerda que el Congreso, al autorizar al Gobierno, en los t¨¦rminos del art¨ªculo 94.1 de la Constituci¨®n, para adherir al Tratado del Atl¨¢ntico Norte estableci¨® la obligaci¨®n de "no aceptar compromisos que impliquen el almacenamiento o instalaci¨®n de armas nucleares de la Alianza en nuestro territorio". El texto aprobado por el Congreso el 29 de octubre de 1.981 fijaba que "en todo caso, cualquier decisi¨®n ulterior sobre esta materia requerir¨¢ la previa autorizaci¨®n de las Cortes Generales". Adem¨¢s la moci¨®n solicitaba del Gobierno la publicaci¨®n de "un documento al que todos puedan acudir sin incurrir en contradicciones, para aclarar la participaci¨®n de Espa?a en el aparato militar de la Alianza y cuantas cuestiones puedan clarificar el grado efectivo de las responsabilidades defensivas". Por ¨²ltimo, se acordaba "constituir una comisi¨®n parlamentaria ad hoc de ambas c¨¢maras, para el seguimiento de las citadas negociaciones". Nada se ha sabido del documento ni de la comisi¨®n.

El repaso al cap¨ªtulo nuclear no puede concluir sin mencionar el intercambio de cartas anexas al convenio de Amistad, Defensa y Cooperaci¨®n entre Espa?a y los Estados Unidos de Am¨¦rica fechadas el 2 de julio pasado, donde se asegura que "es pol¨ªtica del Gobierno espa?ol que no sobrevuelen Espa?a aeronaves con armamento y material nuclear a bordo, y que cualquier cambio en esta pr¨¢ctica exige el consentimiento del Gobierno de Espa?a". Los Estados Unidos, seg¨²n el texto citado, "toman nota de la declaraci¨®n pol¨ªtica expresada y tienen el gusto de informar al Gobierno de Espa?a que respetan completamente la pol¨ªtica del Gobierno espa?ol".