Un pa¨ªs a punto de convertirse en un enorme cuartel

Guatemala lleva camino de convertirse en un enorme cuartel bajo el mandato de Efra¨ªn R¨ªos Montt. El regreso de los militares a sus guarniciones, que deb¨ªa ser anunciado ayer, en nada altera las cosas, ya que 300.000 civiles, encuadrados a la fuerza en las patrullas de autodefensa, seg¨²n cifras oficiales, se encargar¨¢n de suplirlos en el campo. La vuelta a la normalidad tampoco supone la desaparici¨®n de los tribunales de fuero especial, que no son otra cosa que sumarios consejos de guerra. El proceso de militarizaci¨®n del pa¨ªs sigue as¨ª su curso, con autonom¨ªa respecto a la proclamada apertura democr¨¢tica.

"La doctrina de la seguridad nacional es la misma que aplicaba el Ej¨¦rcito en tiempo de Lucas", admite Edgar Ponce, miembro del Consejo de Estado. A continuaci¨®n enumera las t¨¢cticas contrainsurgentes: represi¨®n indiscriminada de sectores populares e ind¨ªgenas, tierra quemada, rigidez ante los llamamientos de la comunidad internacional y alianza con los grupos econ¨®micos m¨¢s conservadores.Como hombre que participa en un intento de reconducir el proyecto desde dentro, Ponce cree a¨²n que los oficiales j¨®venes que dieron el golpe tratan de aplicar un esquema diferente, basado en reformas socioecon¨®micas, mayor respeto de los derechos humanos y una alianza con las capas medias.

"Ocurre que hay un predominio pendular de los dos sectores, sin que haya una definici¨®n clara. Es cierto que no hay, reformistas en el Gobierno, pero algo se ha avanzado en el respeto de los derechos pol¨ªticos en la capital y en las cabeceras departamentales. La situaci¨®n contin¨²a siendo muy preocupante en el campo, sobre todo en algunas zonas de Occidente".

Instrumentar un programa reformista con ministros conservadores y salvaguardar los derechos humanos rehabilitando a algunos de los militares m¨¢s comprometidos con la tortura es una de las bromas tr¨¢gicas de este Gobierno contradictorio, que presume de haber acabado con los abusos mientras Amnist¨ªa Internacional prueba la muerte violenta de m¨¢s de 2.000 ciudadanos en seis meses, y otras organizaciones le culpan de 15.000 asesinatos en un a?o.

Seg¨²n R¨ªos Montt, todo esto es producto de una campa?a difamatoria internacional, a la que su Gobierno no puede hacer frente Por falta de recursos econ¨®micos.

Aldeas estrat¨¦gicas

El testimonio de millares de guatemaltecos que han huido de la persecuci¨®n de su Ej¨¦rcito contradice al presidente. La Guatemala rural, sobre todo en la mitad norte, es hoy una sucesi¨®n de aldeas estrat¨¦gicas en las que la falta de colaboraci¨®n con el Ej¨¦rcito se castiga con la muerte.

S¨®lo en una cosa tiene raz¨®n R¨ªos Montt: cuando dice que le ha dado un duro golpe a la guerrilla. No es que haya sido derrotada, como asegura, pero la militarizaci¨®n del campo la ha restado base civil y la ha obligado a replegarse a las monta?as. El Ej¨¦rcito Guerrillero de los Pobres (EGP) parece haber sido la organizaci¨®n m¨¢s castigada en sus reductos de Huehuetenango y Quich¨¦. El pr¨®ximo objetivo parece ser la Organizaci¨®n del Pueblo en Armas (Orpa), que act¨²a b¨¢sicamente en Solola y Quezaltenango.

El precio de este repliegue guerrillero ha sido la conversi¨®n de los n¨²cleos rurales en una especie de fuertes militares. Todos los hombres de quince a sesenta a?os est¨¢n obligados a encuadrarse en las patrullas de autodefensa civil. La negativa es prueba de colaboraci¨®n con la guerrilla, y esto equivale a la pena de muerte. Reservistas del Ej¨¦rcito encabezan las patrullas. S¨®lo ellos portan viejos fusiles o escopetas de caza. Los dem¨¢s van armados con machetes y palos. Les distingue un portaestandarte con la bandera de Guatemala.

Cada patrulla integra entre diez y catorce personas, que vigilan los alrededores de la aldea permanentemente. Cada campesino est¨¢ obligado a realizar como m¨ªnimo una guardia de veinticuatro horas a la semana y, a veces, dos. Sin el salvoconducto que extiende la patrulla no se puede abandonar el pueblo ni sobrepasar los l¨ªmites del ¨¢rea sometida a su vigilancia. No es extra?o que los campos del Quich¨¦ se hayan convertido en eriales. ?Hasta cu¨¢ndo soportar¨¢ esta carga una econom¨ªa ya quebrantada?

La instrucci¨®n de los patrulleros est¨¢ a cargo de los militares, que avivan en ellos el empleo de la tortura para obtener informaci¨®n de cualquier sospechoso. Peri¨®dicamente participan en operaciones de limpieza, en las que los oficiales les encargan de los fusilamientos. La falta de rigor es ya motivo de sospecha.

En Parraxtut, una aldea alejada al norte del Quich¨¦, una patrulla civil tuvo que llevar a cabo, a mediados de diciembre, el fusilamiento de toda la poblaci¨®n local: primero los hombres, luego las mujeres y los ni?os. Nuevos pobladores han sustituido ya a los asesinados y ocupan sus tierras y sus casas.

Los bienes de los sospechosos se entregan a los delatores, lo que ha convertido a los pueblos en nidos de intrigas, donde la acusaci¨®n de colaborar con la guerrilla, que no necesita de mayores comprobaciones, se ha convertido en m¨¦todo expeditivo para saldar querellas vecinales.

Este mecanismo infernal de lucha antiguerrillera se combina con el bombardeo sistem¨¢tico de las zonas monta?osas incontrolables, la expropiaci¨®n de bienes de quienes no regresan a sus pueblos y el establecimiento de una administraci¨®n municipal paralela. Los militares nombran nuevos l¨ªderes comunales, que se integran en las coordinadoras institucionales, siempre bajo el axioma de que quien no colabora es c¨®mplice de la guerrilla.

El fusilamiento peri¨®dico y sumar¨ªsimo en las aldeas se combina con la aplicaci¨®n de la justicia de fuero especial en las ciudades. De poco sirve que los abogados guatemaltecos, a los que R¨ªos Montt llama pla?ideras profesionales, hayan pedido su abolici¨®n por antijur¨ªdica y atentatoria de los derechos humanos. El presidente anuncia que seguir¨¢n vigentes despu¨¦s del levantamiento del estado de sitio.

La ley de Tribunales de Fuero Especial se promulg¨® el 1 de enero del pasado a?o y entr¨® en vigor ocho d¨ªas despu¨¦s. Establece taxativamente la pena de muerte para los siguientes delitos: plagio o secuestro; incendio agravado; inutilizaci¨®n de defensa; fabricaci¨®n o tenencia de materiales explosivos; desastre ferroviario; atentado contra la seguridad de los transportes mar¨ªtimos, fluviales o a¨¦reos; desastre mar¨ªtimo, fluvial o a¨¦reo; atentado contra otros. medios de transporte; atentado contra la seguridad de servicios de utilidad p¨²blica; pirater¨ªa; pirater¨ªa a¨¦rea; envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal; traici¨®n propia; atentados contra la integridad o independencia del Estado; traici¨®n impropia; genocidio; terrorismo; dep¨®sitos de armas o municiones, y tr¨¢fico de explosivos.

En opini¨®n de un abogado prestigioso, un guardabarreras que se equivoque, provocando con ello un accidente ferroviario, tendr¨ªa grandes probabilidades de ser condenado a muerte.

Jueces 'presidenciales'

Los jueces son nombrados directamente por el presidente, que elige entre abogados u oficiales del Ej¨¦rcito. Lo mismo ocurre con los fiscales. "La impresi¨®n que tenemos es que todos son militares". Por razones de seguridad, no se conocen los nombres de los jueces ni la sede de los tribunales, aunque sus actuaciones quedan archivadas en el Ministerio de Defensa, que, con ocasi¨®n de recursos de amparo, se ha negado incluso a remitir¨ªas a la Corte Suprema de Justicia.

La defensa se encarga a abogados o "personas id¨®neas calificadas por el mismo tribunal". En el proceso instruido contra las seis personas que fueron fusiladas en v¨ªsperas del viaje papal, su defensa estuvo a cargo de varios estudiantes de Derecho de ¨²ltimo curso, "¨²nicamente pendientes de tesis para graduarse", seg¨²n el concluyente argumento empleado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Sagastume, para explicar a los periodistas que no hab¨ªa existido indefensi¨®n.

La ley establece una vista oral y p¨²blica en estos juicios, aunque "el tribunal puede ordenar la celebraci¨®n de audiencia privada cuando lo considere necesario". La excepci¨®n se ha convertido en regla. Ninguno de los juicios celebrados hasta ahora (y ya ha habido quince fusilamientos) ha contado con audiencia p¨²blica.

El proceso entra as¨ª en un clima kafkiano, en el que el abogado defensor no sabe qui¨¦n es el juez ni c¨®mo localizarle, y s¨®lo puede llegar a ¨¦l mediante cartas, que entrega en el Ministerio de Defensa. En ellas puede presentar pruebas o solicitar que se efect¨²en otras, sin saber nunca el destino de sus peticiones. En un plazo perentorio de ocho d¨ªas, el tribunal elabora un sumario, al que no tiene acceso y debe redactar, en tres d¨ªas m¨¢s, sus conclusiones definitivas sin conocer las evidencias acusatorias. Cuando se juzgan delitos de terrorismo, los jueces no indagan si el acusado ha puesto esta bomba o ha matado a tal persona. Son siempre acusaciones gen¨¦ricas, en las que el reo es interrogado s¨®lo acerca de la organizaci¨®n en que milita, qui¨¦n le da las ¨®rdenes o de d¨®nde recibe el dinero.