El Gobierno y las garant¨ªas constitucionales

EL MINISTRO del Interior convoc¨® ayer una rueda de prensa para informar de los resultados obtenidos por las espectaculares operaciones policiales realizadas en Madrid durante los ¨²ltimos d¨ªas. Aunque esas acciones no hayan permitido todav¨ªa localizar el paradero de Diego Prado y sus secuestradores, Jos¨¦ Barrionuevo justific¨® la utilidad de las redadas iniciadas en el barrio del Pilar mediante datos referidos a la desarticulaci¨®n parcial de un comando de ETA militar que preparaba atentados criminales y se halla org¨¢nicamente vinculado con los terroristas que retienen criminalmente al financiero. En un tono mesurado, que es de agradecer en tanto que muestra una nueva sensibilidad pol¨ªtica, el ministro del Interior pidi¨® disculpas a los ciudadanos por las molestias causadas por el despliegue de las Fuerzas de Seguridad, a la vez que los servicios de propaganda de su departamento insertaban anuncios publicitarios en la Prensa para agradecer a los madrile?os su colaboraci¨®n en los registros domiciliarios. Simult¨¢neamente, barrios enteros de la capital continuaban ayer sometidos a un riguroso peinado, prosiguiendo la operaci¨®n policial de mayor envergadura puesta en marcha desde el establecimiento del sistema democr¨¢tico.En un anterior comentario editorial (v¨¦ase EL PAIS de 7 de marzo) se?alamos que si bien los eventuales logros de la espectacular redada podr¨ªan disculpar ante muchos (al amparo de la moral del ¨¦xito) las irregularidades ordenadas por el Ministerio del Interior, ninguna victoria podr¨ªa justificar -¨¦tica, pol¨ªtica y jur¨ªdicamente- la conculcaci¨®n de una garant¨ªa constitucional tan importante como la inviolabilidad del domicilio. El ministro del Interior, convencido de que su ojeada al texto constitucional es la correcta, ha invitado a quienes le han criticado a una atenta lectura del art¨ªculo 18.2 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual "el domicilio es inviolable" y "ninguna entrada o registro podr¨¢ hacerse en ¨¦l sin consentimiento del titular o resoluci¨®n judicial, salvo en caso de flagrante delito". Aunque la buena voluntad de Jos¨¦ Barrionuevo como hermeneuta no deba ponerse en duda, forzoso es devolverle el consejo y pedirle que analice con mayor detenimiento y mejor asesor¨ªa jur¨ªdica ese par¨¢grafo.

Los medios oficiales ponen el ¨¦nfasis en la voluntariedad de las autorizaciones dadas por los ciudadanos para que las patrullas de orden p¨²blico registraran sus moradas. Resulta sorprendente, a este respecto, la eficacia con la que operan los mecanismos del olvido en funci¨®n de los cambios de posici¨®n producidos por la movilidad ascendente y la ocupaci¨®n del poder pol¨ªtico. Porque aquellos socialistas que vivieron la clandestinidad hace pocos a?os, deber¨ªan al menos plantearse como problema la indagaci¨®n de las verdaderas razones que pueden inducir a un ciudadano a conceder tal permiso. Dado que cualquier acto humano est¨¢ siempre multimotivado, parece una excesiva simplificaci¨®n subrayar el entusiasmo y descartar el temor en todos los casos en que se haya producido el "consentimiento del titular" de un domicilio para la entrada y registro de la polic¨ªa, sin mandamiento judicial. El ministro del Interior, en vez de alborozarse exclusivamente por las facilidades recibidas para los registros domiciliarios, tal vez debiera preocuparse tambi¨¦n por los automatismos de conducta de quienes, con el recuerdo fresco de los tiempos en que eran simples s¨²bditos, no se han acostumbrado todav¨ªa a asumir plenamente su condici¨®n de ciudadanos, que implica el ejercicio de todos y cada uno de los derechos fundamentales y libertades garantizadas por la Constituci¨®n de 1978.

Jugando a los preteribles y a los futuribles, cabr¨ªa imaginar la reacci¨®n de los socialistas, convertidos en oposici¨®n, en el caso de que una operaci¨®n como la realizada esta semana en Madrid fuera endosable a un Gobierno de UCD (en el pasado) o de Manuel Fraga (en el futuro). Probablemente los altos cargos socialistas y buena parte de sus votantes argumentar¨¢n que la titularidad del poder, hoy ocupado por la izquierda, cambia por completo la naturaleza de las acciones estatales y trasmuta m¨¢gicamente su significado. Resultar¨ªa, as¨ª, que lo ¨²nico importante es saber qui¨¦n gobierna, de forma tal que la valoraci¨®n de las decisiones del poder no deber¨ªa realizarse en funci¨®n de su contenido concreto sino de su origen ideol¨®gico. Por desgracia, no s¨®lo la historia se ha encargado de desmentir tan arrogantes presunciones (basta con citar la liquidaci¨®n de la SFIO, esto es, de los socialistas franceses, como consecuencia de su comportamiento durante la guerra de Argelia) sino que la absoluci¨®n de los errores por la supuesta eficacia sacramental de unas siglas es una tesis que dif¨ªcilmente podr¨ªa ser sostenida por quienes han instalado formalmente a la ¨¦tica en los cimientos de su conducta pol¨ªtica y han rechazado la especiosa independencia de los medios respecto a los fines.

Con independencia de los eventuales vicios de consentimiento producidos por la intimidaci¨®n y la memoria de otras ¨¦pocas, las excepciones -pocas o muchas, bastar¨ªa una sola- a la aceptaci¨®n voluntaria del registro domiciliario son suficientes -para plantear en toda su integridad el respeto a la garant¨ªa constitucional de la inviolabilidad del domicilio. Las cuestiones de principio, mal que les pese a los defensores de la raz¨®n de Estado, no admiten rebajas cuantitativas. Por lo dem¨¢s, el Ministerio del Interior demostr¨®, con sus iniciales vacilaciones a la hora de justificar los allanamientos domiciliarios, una inseguridad jur¨ªdica que puede ser interpretada como s¨ªntoma de una profunda mala conciencia. En un primer momento, las autoridades hablaron indistintamente de mandamientos judiciales para los registros domiciliarios, concordes con el art¨ªculo 18.2 de la Constituci¨®n, y de la aplicaci¨®n de la ley Antiterrorista de 1 de diciembre de 1980, que autoriza los allanamientos de morada sin previa resoluci¨®n judicial en supuestos excepcionales. Ayer, sin embargo, una vez hecha p¨²blica la noticia de que el juez de guardia de Madrid no hab¨ªa sido requerido por la polic¨ªa para expedir mandamientos de registro, el Ministerio del Interior ha salido de sus zozobras y ha justificado los allanamientos exclusivamente por la aplicaci¨®n de la ley Antiterrorista.

Este repliegue jur¨ªdico es, sin embargo, una preocupante manifestaci¨®n de que las alturas del poder pueden marear a quienes las ocupan hasta el punto de olvidar temporalmente su propio pasado y poner en peligro su credibilidad. La ley Antiterrorista, promulgada al amparo del art¨ªculo 55 de la Constituci¨®n pero situada -en opini¨®n de destacados expertos- fuera del marco de nuestra legalidad, suspende, efectivamente, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a no soportar en ellos registro alguno sin consentimiento o resoluci¨®n judicial que lo supla. De esta forma, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden proceder al amparo de esa norma, sin autorizaci¨®n judicial previa, a allanamientos y registros domiciliarios. Pero ocurre que una ley excepcional no puede ser interpretada en un Estado de Derecho y en un sistema democr¨¢tico; de forma abusiva y con criterios anal¨®gicos. La suspensi¨®n de las garant¨ªas constitucionales afecta estrictamente a las personas "presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas". La aplicaci¨®n de la legislaci¨®n antiterrorista para vencer las resistencias de un simple ciudadano a la irrupci¨®n de la polic¨ªa en su domicilio sin mandamiento judicial es una aberraci¨®n jur¨ªdica y pol¨ªtica. Y la suspensi¨®n de los derechos constitucionales de los miles de vecinos de los barrios madrile?os peinados por la polic¨ªa es un abuso de poder indigno de un Gobierno que ha ganado limpia y masivamente las elecciones, al amparo de la defensa de las libertades. Se?alemos, finalmente, que el Ministro del Interior est¨¢ obligado por la ley antiterrorista a comunicar en estos casos al Juzgado Central de la Audiencia Nacional los registros efectuados, las causas que lo motivaron y los resultados obtenidos. Confiemos en que esa comunicaci¨®n sea realizada r¨¢pidamente.

S¨®lo la mala fe o el atolondramiento podr¨ªan llevar a confundir la necesaria colaboraci¨®n de la sociedad en la lucha contra el terrorismo, defendida desde siempre en las p¨¢ginas de EL PAIS, con la utilizaci¨®n de mecanismos dudosamente constitucionales y desagradablemente autoritarios para arrancar mediante la intimidaci¨®n psicol¨®gica o la conculcaci¨®n de los derechos fundamentales una apariencia de voluntariedad c¨ªvica en esa tarea. Siempre es dif¨ªcil mantener en equilibrio la dial¨¦ctica entre seguridad ciudadana y libertades p¨²blicas. Ahora bien, al margen de las coyunturales euforias producidas por la eficacia a corto plazo de las medidas de fuerza, es evidente que un sistema democr¨¢tico debe descansar, sea cual sea la ideolog¨ªa expresa de su mayor¨ªa parlamentaria, sobre los principios de la libertad y ha de excluir cualquier posibilidad de que el Poder Ejecutivo -hipnotizado por la consigna ret¨®rica de un Gobierno que gobierna- haga indistinguible su pr¨¢ctica diaria de la de cualquier r¨¦gimen autoritario.