Los presuntos delitos monetarios, principal acusaci¨®n del ministerio fiscal contra Jose Mar¨ªa Ruiz-Mateos

El nuevo titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional, Luis Lerga Gonz¨¢lez, decidir¨¢ este fin de semana sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella presentada el jueves por el ministerio fiscal (representaci¨®n p¨²blica) contra el ex presidente de Rumasa y las personas a que pudiera alcanzar la responsabilidad por presuntos delitos descubiertos en torno al holding de la abeja. Fuentes jur¨ªdicas consideran pr¨¢cticamente segura la admisi¨®n, al menos de la parte principal de la querella, que se refiere a supuestos delitos monetarios de control de cambio por m¨¢s de. 10.000 millones de pesetas. Mientras tanto Miguel Boyer se?al¨® ayer en Zaragoza que "estamos pensando en poner una querella ante los tribunales ingleses contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos".

La parte de la querella que todas las fuentes consultadas consideran en principio de mayor encaje, tanto por su presentaci¨®n prioritaria como por la cuant¨ªa total, se refiere a las presuntas infracciones de la ley de control de cambios de 1979. Por ello, el Ministerio Fiscal, colocado ante la alternativa de presentarla ante el juzgado de la Audiencia Nacional que correspondiera por reparto o ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres, competente en temas monetarios, se inclin¨® por la segunda opci¨®n, confiado en que al menos las imputaciones sobre ¨¦stos encontrar¨ªan mayores facilidades procesales.Aunque desconoc¨ªan ayer el texto de la querella, fuentes allegadas a los nuevos administradores de Rumasa coincidieron en se?alar que las presunciones de litigio m¨¢s importantes en cuant¨ªa comunicadas a los dos fiscales especiales se centran en las operaciones con el exterior. A?adieron que el monto total supera ampliamente los 10.000 millones de pesetas, si bien recordaron que la querella tiene cierto car¨¢cter abierto y ampliable en funci¨®n de las investigaciones que realice el juez instructor y de los datos que puedan ser enviados desde Rumasa a trav¨¦s de los fiscales.

Delitos monetarios

Las presuntos delitos monetarios se centran en torno a las compras y financiaciones de empresas en el extranjero, realizadas para apoyar la exportaci¨®n de productos procedentes de las sociedades del grupo. Sobre tales operaciones (v¨¦ase EL PA?S del pasado lunes) se ha intensificado la investigaci¨®n a partir de esta semana en lo relativo a su vertiente Iberoamericana, despu¨¦s de que fuera asegurado en Londres el control de las empresas sobre las que se encauzaba la exportaci¨®n de vinos.Como se recordar¨¢, las investigaciones en el exterior han consistido fundamentalmente en seguir la pista a unos 10.000 millones que salieron en los ¨²ltimos a?os de Espa?a, a trav¨¦s de la sucursal londinense del Banco de Jerez. Este dinero proced¨ªa de dep¨®sitos en divisas convertibles captados entre residentes por los bancos del grupo, que los enviaban al Banco del Norte, entidad que los pasaba a la sucursal en Londres del Banco de Jerez.

Aunque llsta aqu¨ª las operaciones han sido consideradas legales por los nuevos administradores, debido a que se dirig¨ªan mediante el mercado interbancar¨ªo, con el correspondiente pago de intereses entre unas entidades y otras, luego gran parte del dinero segu¨ªa un circuito muy irregular. Como denominador com¨²n, era enviado, a empresas de cuatro o cinco holding, algunas de ellas meras transmisoras dotadas con un capital m¨ªnimo cuya propiedad de Rumasa es dif¨ªcil demostrar.

Adem¨¢s de los posibles delitos que pudieran haberse cometido en esta segunda fase, el entramado extranjero permit¨ªa otras operaciones irregulares que los t¨¦cnicos consideran claras fugas de divisas, como el retraso, la compensaci¨®n o el impago de liquidaciones por exportaciones. Si bien esta es una pr¨¢ctica habitual entre algunos exportadores en momentos de especulaci¨®n contra la peseta, obviamente a los grupos con actividad en el extranjero les resulta m¨¢s accesible.

De hecho, dos empresas del grupo Rumasa, Palomino y Vergara y Zoilo Ruiz-Mateos, hab¨ªan sido objeto en 1977 de una de las mayores sanciones gubernamentales en la historia espa?ola de la fuga de capitales. Se trat¨® de multa de 161 millones de pesetas, por la utilizaci¨®n de licencias de exportaci¨®n conseguidas en 1974 con la condici¨®n de que el importe de las ventas fuera reembolsado en un plazo de seis meses, sin que dos a?os m¨¢s tarde se hubiera cumplido. No obstante, el Tribunal Supremo anul¨® en 1981 la sanci¨®n.

El resto de los supuestos delitos rese?ados en la quere lla se refieren principalmente a irregularidades denunciadas en sus dos primeras intervenciones p¨²blicas tras la expropiaci¨®n por el ministro de Econom¨ªa y Hacienda: manipulaci¨®n de la realidad contable del grupo (el ministro dijo que 17 de los 18 bancos actuaban con p¨¦rdidas), apropiaci¨®n de impuestos retenidos y no declarados (de los 30.000 millones de pesetas por presunta deuda de 1981 y 1982, una parte fue llevada a reservas por empresas no financieras), y estafas a la Seguridad Social (s¨®lo se ingresaba una parte de las retenciones a los trabajadores).