Los promotores denuncian la inseguridad jur¨ªdica

La inseguridad jur¨ªdica y lo que ellos mismos califican de manique¨ªsmo, junto con un crecimiento notable de la fiscalidad, son las principales acusaciones de los promotores constructores frente a los ayuntamientos a lo largo de estos cuatro a?os, que dividen en dos etapas diferenciadas: un primer per¨ªodo de intransigencia por parte de las corporaciones, que paraliz¨®, -a su juicio, la actividad inmobiliaria, y un segundo per¨ªodo, a ra¨ªz de la firma en 1981 del Acuerdo Marco de Vivienda y Urbanismo, que abri¨® un mayor di¨¢logo entre ayuntamientos y promotores.El propio Jos¨¦ Antonio Dur¨¢n, vicepresidente de la Asociaci¨®n Nacional de Promotores Constructores de Edificios (APCE), califica de "estado de alarma y desesperanza" el per¨ªodo que va desde abril de 1979 a marzo de 1981. Es una situaci¨®n que se refleja en las paralizaciones de licencias ya concedidas, mutuas acusaciones de intransigencia, rigor y arbitrismo en la interpretaci¨®n de la legislaci¨®n.

El mayor enfrentamiento entre promotores y los gobiernos municipales se ha dado fundamentalmente en Valladolid, seg¨²n fuentes de la APCE, que aseguran que las licencias han estado suspendidas durante dos a?os y medio y que desde octubre de 1982 hasta fecha reciente se han concedido licencias para construir nueve viviendas. El balance es, seg¨²n las mismas fuentes, tambi¨¦n negativo en otras provincias, aunque no se llegue a los extremos de Valladolid. Los promotores de esta ciudad aseguran que las licencias concedidas en los ¨²ltimos cuatro a?os lo han sido "con costos¨ªsimas contraprestaciones" y califican al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de "demag¨®gico, voluntarista, confuso, contradictorio, ingestionable, costoso, inconstitucional e inviable", am¨¦n de asegurar que supondr¨¢ un aumento de la repercusi¨®n del suelo edificable del 100% y un 25% en los costes de edificaci¨®n.

Critican, asimismo, que la adaptaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana a la nueva ley del Suelo aprobada por lacorporaci¨®n sevillana obligue al promotor, antes de la concesi¨®n de la licencia de obra, a concederle el 23,07% de la superficie edificable de la parcela, o bien a su equivalente compensaci¨®n econ¨®mica.

Mayor acercamiento

En otras capitales se ha producido, por el contrario, un mayor acercamiento entre las corporaciones y los promotores, como en Valencia, Madrid o Barcelona, aunque el presidente de la APCE de esta ¨²ltima ciudad, Enrique Reyna, admite que ha habido una predisposici¨®n a escucharles, se lamenta de que "no siempre hemos sido correctamente comprendidos, ni mucho menos complacidos".

La APCE tambi¨¦n acusa a las corporaciones de haber producido un crecimiento exagerado de la imposici¨®n local. Este crecimiento de la fiscalidad plantea, a juicio de Francisco Garc¨ªa Valdecasas, gerente de la APCE,que deb¨ªan excluirse de la contribuci¨®n territorial urbana -y del futuro impuesto sobre la propiedad inmobiliaria urbana- aquellos-bienes sujetos a transformaci¨®n y promoci¨®n inmobiliaria. El impuesto municipal sobre solares, que "es un factor potencial de encarecimiento considerable del coste", debe suprimirse o, cuando menos, excluir los activos inmobiliarios de este impuesto.

El segundo per¨ªodo en los nuevos ayuntamientos democr¨¢ticos arranca, en 1981, del Acuerdo Marco de Vivienda y Urbanismo (AMVU), que sirvi¨®, fundamentalmente, para que se estableciera un di¨¢logo entre los promotores y las administraciones locales. Garc¨ªa Valdecasas dice que debe haber una menor politizaci¨®n en las futuras corporaciones, que deber¨¢n, desterrar "ese maniqueismo existente que considera que todo lo que es bueno para los promotores es malo para los ayuntamientos". Tanto el PSOE como el PCE rechazan la acusaci¨®n blandida por la derecha -y por parte del sector inmobiliario-. de que las corporaciones regidas Por la izquierda han bloqueado la concesi¨®n de licencias para construir viviendas. Si bien reconocen que ha aplicado estrictamente la disciplina urban¨ªstica -e incluso han paralizado actuaciones que consideraban que iban a causar da?os irreparables, principalmente cuando estaban en v¨ªas de redacci¨®n o revisi¨®n los planeamientos urban¨ªsticos-, aseguran que el descenso en el volumen de la construcci¨®n se debe m¨¢s a la propia crisis del sector que a posibles bloqueos de concesi¨®n de licencias. La concesi¨®n de licencias urban¨ªsticas, en los municipios con m¨¢s de 10.000 habitantes gobernados por el PSOE, seg¨²n datos de dicho partido, respecto a 1978, aument¨® el 13,92% en 1979; el 8,9% en 1980; el 10,5% en 1981, y el 12,7% en 19,82. Estos datos son contestados por los prornotores,que, con n¨²meros oficiales en la mano, aseguran que el, n¨²mero de viviendas libres iniciadas han pasado de 223.951 en 1977 a poco m¨¢s de 91.000 en 1982.