Fuerte oposici¨®n del Gobierno, funcionarios y sindicatos a la exenci¨®n de incompatibilidades para el personal de las Cortes

El nuevo Estatuto del personal de las Cortes, publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado del pasado 29 de junio, exime del r¨¦gimen de incompatibilidad a los funcionarios de las C¨¢maras que hayan ingresado en ellas antes del 31 de diciembre de 1982, situaci¨®n que beneficia, principalmente, a los letrados del Parlamento. Ante las protestas procedentes, incluso del Gobierno, el presidente de las Cortes, Gregorio Peces-Barba, ha respondido recordando la autonom¨ªa que la Constituci¨®n confiere a las C¨¢maras. "Lo que el Gobierno establezca sobre las incompatibilidades no Interfiere una decisi¨®n interna de las C¨¢maras", ha dicho.

La publicaci¨®n del Estatuto, cuya disposici¨®n transitoria tercera permite a los funcionarios de las Cortes "simultanear otro puesto o plaza de los declarados incompatibles", aunque especifica que es una situaci¨®n a extinguir, ha provocado una fuerte pol¨¦mica en el resto de los cuerpos de funcionarios, en los sindicatos UGT y Comisiones Obreras e, incluso, en el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular, Javier Moscoso, ha manifestado su absoluto desacuerdo, tanto con el procedimiento de elaboraci¨®n como con el contenido. Id¨¦ntico malestar existe en la secretar¨ªa de Estado para la Administraci¨®n P¨²blica.La medida que recoge la citada disposici¨®n transitoria, aprobada por las mesas de las c¨¢maras, origin¨® discrepancias incluso dentro de la Mesa del Congreso, mientras altos cargos de la Administraci¨®n apuntan la contradicci¨®n que puede suponer que las Cortes, que elaboran las incompatibilidades para los funcionarios p¨²blicos, hayan aprobado un Estatuto que trata con medida distinta a sus propios funcionarios.

Tres miembros de la Mesa de la C¨¢mara Alta -el vicepresidente primero, Leopoldo Torres, del PSOE; el vicepresidente cuarto, Jos¨¦ Miguel Bravo de Laguna (UCD), que es abogado del Estado, pero est¨¢ sujeto a incompatibilidad por su condici¨®n de parlamentario, y el secretario primero, Ciriaco de Vicente (PSOE)- mantuvieron la actitud m¨¢s discrepante con la disposici¨®n transitoria que permite a los funcionarios de las Cortes desempe?ar otro puesto de trabajo, aunque la medida fue aprobada por unanimidad, sin que llegara a votarse formalmente, seg¨²n informaron miembros de la Mesa.

Fuentes pr¨®ximas a la secretar¨ªa de Estado para la Administraci¨®n P¨²blica mostraron su preocupaci¨®n porque el 1 de julio entrara en vigor la ley de Incompatibilidades aprobada por UCD, con lo que se iniciaba la mano dura con los funcionarios p¨²blicos, y dos d¨ªas antes se publicara el Estatuto de personal de las Cortes, cuyos funcionarios tambi¨¦n son p¨²blicos, con "un tratamiento desigual, que pone a la funci¨®n p¨²blica en una situaci¨®n imposible". Las mismas fuentes calificaron de posible usurpaci¨®n de funciones a las Mesas del Congreso y el Senado, porque el art¨ªculo 72.1 de la Constituci¨®n consagra la autonom¨ªa de las C¨¢maras para regular el Estatuto del personal de las Cortes y, en esta ocasi¨®n, la aprobaci¨®n ha venido exclusivamente de las Mesas.

Este punto anterior, la exclusiva intervenci¨®n de las Mesas de las c¨¢maras, fue calificada de "legalmente compleja" por Javier Die, director general de la Inspecci¨®n de la Administraci¨®n del Estado, quien dijo no atreverse a opinar sobre la regularidad de la disposici¨®n transitoria tercera, porque "es algo muy excepcional" y afirm¨® suponer que la exenci¨®n de incompatibilidades a los funcionarios de las Cortes suscitar¨ªa agravios comparativos.

Autonom¨ªa

El presidente de las Cortes, Gregorio Peces-Barba, dijo a este peri¨®dico no aceptar "que se hable de agravios comparativos, porque la Constituci¨®n consagra que las Cortes son aut¨®nomas y lo que el Gobierno establezca sobre las incompatibilidades no interfiere una decisi¨®n interna de las C¨¢maras. Yo no quiero que las Cortes y el Gobierno tengan criterios distintos", a?adi¨®, "pero el nuevo ejecutivo a¨²n no ha hecho su ley de Incompatibilidades y tanto la ley de UCD como la de fines del siglo pasado consagran la compatibilidad absoluta de los funcionarios de las Cortes". Asimismo, rest¨® importancia a que el Estatuto haya sido aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado y no por las C¨¢maras, t¨¦rmino que emplea la Constituci¨®n y que quienes se oponen al m¨¦todo de elaboraci¨®n del Estatuto ven referido al Pleno, ya que, seg¨²n puntualiz¨®, "las Mesas son el ejecutivo parlamentario".

Peces-Barba se?al¨® que el Estatuto corta la remuneraci¨®n econ¨®mica de los funcionarios que no tienen dedicaci¨®n exclusiva. "Cuando llegamos", dijo, "no hab¨ªa letrados en dedicaci¨®n exclusiva. Para septiembre esperamos que est¨¦n en esta situaci¨®n la mitad".

El presidente de las Cortes consider¨® como prueba de que el Estatuto del personal de las Cortes es un paso adelante y su elaboraci¨®n, por vez primera, supone "coger el toro por los cuernos" el hecho de que "nadie est¨¦ contento con el texto, ni los que pretend¨ªan que se aplicaran aqu¨ª las incompatibilidades ni quienes quer¨ªan que no se regulasen", y manifest¨® que las incompatibilidades no son el ¨²nico tema regulado en el Estatuto, al tiempo que hac¨ªa hincapi¨¦ en la creaci¨®n del Cuerpo de Asesores Facultativos, para apoyar a los parlamentarios.

La creaci¨®n de este Cuerpo de Asesores Facultativos, titulados superiores a los que corresponde "la realizaci¨®n de aquellas tareas que no puedan desempe?arse por los dem¨¢s cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales", ha supuesto tensiones en la elaboraci¨®n del Estatuto, ya que contaba con la oposici¨®n del Cuerpo de Letrados, que dejan de ostentar en exclusiva la condici¨®n de asesores.

En medios de la Mesa del Congreso se dijo a EL PAIS que los letrados pretendieron que los asesores facultativos fueran escala y no cuerpo, porque con esta ¨²ltima condici¨®n queda m¨¢s consolidada su existencia. Los letrados habr¨ªan cedido en este tema, y el presidente de las Cortes, muy interesado en que saliera adelante el cuerpo de asesores y apoyado en este empe?o por las Mesas, habr¨ªa dado luz verde para eximir a sus funcionarios de las incompatibilidades, tema ¨¦ste que beneficia, principalmente, a los letrados.

Transacci¨®n

Luis Mar¨ªa Cazorla, letrado de las Cortes y secretario general del Congreso, dijo que este Cuerpo no se siente beneficiado con el Estatuto. "No hemos podido acogerlo con satisfacci¨®n, ya que no consagra la situaci¨®n de compatibilidad sin l¨ªmite ni cortapisa que ten¨ªamos antes. Hubo momentos en que era un m¨¦rito preferente ser funcionario para entrar en las Cortes". Con respecto a la igualdad de condiciones para todos los funcionarios p¨²blicos, Cazorla manifest¨® que "nunca un funcionario de la Administraci¨®n fue tan compatible como un letrado u otro funcionario de las Cortes. Las Cortes eran compatibles con todo y ahora con casi nada. El Estatuto nos limita mucho".

Sin embargo, el tambi¨¦n letrado, de las Cortes Pablo P¨¦rez Jim¨¦nez, director de Asuntos Econ¨®micos del Congreso y que ha participado en la elaboraci¨®n de la parte salarial del Estatuto, reconoci¨® que la exenci¨®n de incompatibilidades "a quienes m¨¢s nos afecta es a los letrados", ya que el 43% de ¨¦stos tiene otro puesto de trabajo, situaci¨®n en la que se encuentran el 30% de los taqu¨ªgrafos, el 7,75% de los administrativos y t¨¦cnicos administrativos y el 6% de los ujieres y que no afecta a los bibliotecarios.

La protesta de las centrales sindicales por lo que consideran un trato de favor para los funcionarios de las Cortes se inici¨® incluso antes de la aprobaci¨®n del Estatuto, seg¨²n explic¨® a este peri¨®dico un destacado dirigente de la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de UGT. "La secci¨®n sindical de UGT en las Cortes, en la que estamos de 50 a 60 personas, nos opusimos rotundamente cuando se someti¨® a discusi¨®n el tema y nos hemos encontrado con que la Mesa ha hecho lo que ha cre¨ªdo conveniente; pero nosotros pensamos que no puede someterse a los funcionarios de las Cortes a una diferencia de este tipo, por mucho que haya una ley del siglo pasado que les reconozca el derecho de compatibilidad". "Es una barbaridad y va a levantar chispas", coment¨® Alberto Torres, miembro de la ejecutiva de la Federaci¨®n de Administraci¨®n P¨²blica de CC OO.