La Iglesia espa?ola, insatisfecha con los acuerdos Estado-Santa Sede firmados en 1979

La Conferencia Episcopal espa?ola se muestra insatisfecha con la aplicaci¨®n y los resultados de los Acuerdos Estado-Santa Sede firmados, en enero de 1979 en Roma, por el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Vaticano, Jean Villot. Esta es una de las conclusiones que se desprenden de un documento -el ¨²nico- que representantes de la Iglesia espa?ola entregaron al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y a los ministros de Justicia y Educaci¨®n, Ledesma y Maravall, respectivamente, para "renegociar" las relaciones bilaterales con el nuevo Gobierno del PSOE.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAIS, critica la "ambig¨¹edad" con que fueron redactados los Acuerdos de 1979, manifiesta la acusada insatisfacci¨®n de los obispos espa?oles por la aplicaci¨®n de los mismos -en alg¨²n caso concreto, referido a la ense?anza, se?ala directamente "la incompetencia de la Administraci¨®n"-, propone "un profundo cambio estructura" en los m¨¦todos de di¨¢logo Iglesia-Estado, sugiere las soluciones para "terminar con esta escalada de fallos", y concluye recordando al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez la aplicaci¨®n de "criterios de generosidad y realismo pol¨ªtico".En la ¨²ltima p¨¢gina del texto base entregado al Gobierno, los obispos incluyen una "observaci¨®n final" en la que, tras alegar que lo que exponen y solicitan s¨®lo afecta a la dimensi¨®n institucional de las relaciones Iglesia Estado, recuerdan: "Nadie ignora que la Iglesia, en el ejercicio de su misi¨®n, tiene el deber de orientar la conciencia moral de los cat¨®licos en todos los aspectos de la vida, p¨²blicos y privados, de moral individual y moral social y pol¨ªtica" y, un poco antes, insisten en que el Gobierno debe poseer "generosidad" y "tacto hist¨®rico, cultural y pol¨ªtico, junto a una modestia sincera, para reconocer a la Iglesia cat¨®lica no una situaci¨®n de privilegio, sino el sitio jur¨ªdico, p¨²blico y privado que responda a lo que ella sigrifica_en la sociedad espa?ola".

A mediados del pasado mes de abril, se produjo el primer (y hasta ahora ¨²nico) contacto oficial entre el Gobierno y la jerarqu¨ªa cat¨®lica. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall y el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, recibieron entonces en el Palacio de la Moncloa al vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Jos¨¦ Delicado Baeza; al secretario general, Fernando Sebasti¨¢n, y al presidente de la Comisi¨®n Episcopal de Ense?anza y Catequesis, El¨ªas Yanes. A la salida, ambas partes manifestaron que el encuentro respod¨ªa a un "deseo de racionalizar los acuerdos suscritos por el Gobierno espa?ol y la Santa Sede en l979". Si bien no trascendi¨® en aquellos d¨ªas, los representantes episcopales entregaron al vicepresidente Guerra el mencionado documento, titulado "Promemoria para un di¨¢logo con el Gobierno sobre la actual situaci¨®n de las relaciones Iglesia-Estado".

Las mayores preocupaciones de la Iglesia

La "promemoria" consta de 16 folios, mecanografiados a un s¨®lo espacio, donde se exponen ordenadamente las mayores preocupaciones de la Iglesia y la forma que, en su opini¨®n, deber¨ªan abordarse. Parte de una introducci¨®n de Ideas b¨¢sicas en la que expresan: "La Conferencia Episcopal Espa?ola enfoca el di¨¢logo desde unos presupuestos fundamentales que conviene aclarar desde el principio, desde lo que podr¨ªa denominarse una suma de ideas b¨¢sicas b¨¢sicas, en lo doctrinal, en lo jur¨ªdico y en lo relativo a la pol¨ªtica eclesi¨¢stica en la acci¨®n del Gobierno". A los dos primeros apartados dedica un folio y medio, en tanto que los restantes corresponde al tercero.

Lo doctrinal no plantea problemas. Se postula la libertad de la Iglesia sobre el derecho civil a la libertad religiosa y se ofrecen unas relaciones de positiva cooperaci¨®n con el Estado; y en lo jur¨ªdico se recuerda la vigencia de los Acuerdos bilaterales y su car¨¢cter de tratado internacional, y se afirma que se ha conseguido un buen marco jur¨ªdico para "su normal y fecundo desenvolvimiento".

"Los problemas comienzan", a?ade a continuaci¨®n el documento, "en la aplicaci¨®n y cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado vigentes, ya que despu¨¦s de cuatro a?os nos hallamos todav¨ªa inmersos en en el proceso, muy desigual, de su puesta en pr¨¢ctica". Critican los obispos la ambig¨¹edad del lenguaje con que est¨¢n redactados los Acuerdos, hecho que, en su opini¨®n, dificulta, su desarrollo, como tambi¨¦n lo dificulta "la constante remisi¨®n a ulteriores negociaciones en cuestiones de gran importancia"; recuerdan que tales Acuerdos "no fueron una normal renovaci¨®n" de relaciones bilaterales, sino que, al sustituir al Concordato que la Iglesia Firm¨® con Franco en 1953, han supuesto "un cambio profundo".

Desde esta perspectiva se adelantan a lo que ha sido despu¨¦s uno de los principales puntos de conflicto con el Gobierno, la libertad de c¨¢tedra, a prop¨®sito de la LODE (Ley org¨¢nica reguladora del Derecho a la Educaci¨®n), y se preguntan: ?C¨®mo no va a ser dif¨ªcil, por ejemplo, la aplicaci¨®n de las normas concordadas, relativas a la ense?anza de la religi¨®n, en donde se intenta conjugar la libertad religiosa de los profesores con el derecho de los padres a determinar en la escuela la formaci¨®n de la formaci¨®n religiosa y moral de sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, y ello a trav¨¦s de la mutua cooperaci¨®n de Iglesia y Administraci¨®n p¨²blica?. "El problema podr¨ªa ejemplarizarse en otros muchos supuestos similares", subrayan.

Parten los redactores del documento de "un doble contexto de lo que podr¨ªamos denominar dificultades jur¨ªdicas y dificultades hist¨®ricas de origen" antes de ofrecer a la Administraci¨®n "los cauces convenientes de di¨¢logo para una ejecuci¨®n bilateral, diligente y amistosa", as¨ª como "propugnar un m¨¦todo inductivo y progresivo en el tratamiento de los asuntos, atendi¨¦ndose a la mayor o menor gravedad y urgencia de los mismos". Se?alan como "m¨¢s graves problemas pendientes de soluci¨®n", la mayor parte de los acuerdos sobre ense?anza, que ellos mismos definen como "el ¨¢rea m¨¢s importante por su volumen y complejidad", los relativos al Patrimonio Hist¨®rico-art¨ªstico propiedad de la Iglesia, y lamentan que s¨®lo se ha llegado a iniciar conversaciones con Justicia y Sanidad para regular la asistencia religiosa en los centros de la Seguridad Social y los capellanes de las prisiones, as¨ª como su presencia en los medios de comunicaci¨®n social del Estado. En este punto, critican el acuerdo con televisi¨®n sobre programaci¨®n religiosa, del que dicen "no nos satisface plenamente", y reclaman mayor presencia en "los otros medios de comunicaci¨®n del Estado que no son la televisi¨®n".