El Partido Comunista Portugu¨¦s solicita la inconstitucionalidad de la reprivatizaci¨®n de los sectores nacionalizados

El Partido Comunista de Portugal (PCP) ha solicitado al Tribunal Constitucional de ese pa¨ªs que declare inconstitucional la autorizaci¨®n parlamentaria dada al Gobierno para legislar sobre la apertura a la iniciativa privada de sectores nacionalizados con posterioridad a la revoluci¨®n de 1974.

La autorizaci¨®n para reprivatizar sectores tales como la banca, seguros, cementos y abonos, que ahora intenta bloquear el PCP, fue aprobada por mayor¨ªa en el Parlamento portugu¨¦s el pasado mes de julio. El Ejecutivo, compuesto por la coalici¨®n socialista-socialdem¨®crata, deber¨¢ elaborar, antes del pr¨®ximo 19 de noviembre, una nueva ley que abra de nuevo a los empresarios privados el acceso a estos sectores.

Aunque el mandato legislativo al Gobierno se ve condicionado a garant¨ªas objetivas de solidez de las nuevas empresas y se establece el principio de no discriminaci¨®n de las compa?¨ªas portuguesas frente a las extranjeras, as¨ª como la defensa del inter¨¦s nacional, para el PCP la apertura de estos sectores a la iniciativa privada viola la garant¨ªa constitucional de las nacionalizaciones de los sectores b¨¢sicos de la econom¨ªa. En este sentido pretende apoyar su demanda de inconstitucionalidad de la iniciativa parlamentaria.

La alteraci¨®n de la ley de separaci¨®n de los sectores P¨²blico y privado en la econom¨ªa portuguesa fue intentada varias veces por los Gobiernos de Alianza Democr¨¢tica, de corte centro-derechista, pero estas propuestas encontraron siempre la oposici¨®n del Consejo de la Revoluci¨®n, al que compet¨ªa velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales.

El Tribunal Constitucional

Tras la desaparici¨®n del Consejo de la Revoluci¨®n, a finales del pasado a?o, dando con ello por terminado el per¨ªodo de transici¨®n al sistema democr¨¢tico, iniciado en abril de 1974, el Consejo de la Revoluci¨®n fue sustituido por el Tribunal Constitucional.Este ¨®rgano, integrado por jueces designados en su mayor¨ªa por los partidos pol¨ªticos, y en relaci¨®n directa con su representaci¨®n parlamentaria, se pronunciar¨¢ sobre la conformidad de las leyes con el ordenamiento constitucional vigente, siempre que lo solicite alguno de los ¨®rganos de respresentaci¨®n popular, como en este caso ha ocurrido con el Partido Comunista de Portugal.

Sin embargo, esta Propuesta de ley no podr¨¢ ser rechazada si se confirma por una mayor¨ªa de dos tercios del Parlamento. Actualmente, la coalici¨®n en el Gobierno cuenta con esta mayor¨ªa, por lo que previsiblemente la norma ser¨¢ dictada antes del plazo previsto.

Por otra parte, cerca de un mill¨®n de portugueses pueden quedar sin empleo durante el pr¨®ximo a?o, seg¨²n estimaciones realizadas en medios pol¨ªticos y econ¨®micos de Lisboa, a la luz de la legislaci¨®n que prepara el Gobierno en materia laboral.

La abultada previsi¨®n supone m¨¢s del 10% de la poblaci¨®n total del pa¨ªs y m¨¢s de un 22% de su poblaci¨®n activa, cifrada en torno a los 4,5 millones de personas.